Ficha Técnica: Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras

Víctimas(s):

 Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales

Representante(s):
Estado Demandado: Honduras
Sumilla:

 El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado hondureño por la desaparición de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales.

Palabras Claves: Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Desaparición forzada, Libertad personal, Trato cruel y degradante
  Ver jurisprudencia relacionada
Derechos violados
Convención Americana: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal)

Otro(s) tratado(s) interamericano(s) No se consigna

Otros Instrumentos: No se consigna
Hechos

 - Los hechos del presente caso se producen en un contexto en el cual, durante los años de 1981 a 1984, entre 100 y 150 personas desaparecieron sin que de muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna. Tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente impunidad, en vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas. Al respecto, la población consideraba como un hecho público y notorio que los secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías o por personal bajo su dirección.

- Francisco Fairén Garbi, estudiante y empleado público, y Yolanda Solís Corrales, educadora, ingresaron al territorio de Honduras por la Aduana Las Manos, departamento de El Paraíso, el 11 de diciembre de 1981. Esta fecha fue la última noticia cierta de su paradero. En lo que se refiere a la permanencia y salida de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales del territorio hondureño existen numerosas contradicciones. La Corte observó que un conjunto de indicios apuntaron a demostrar que los dos costarricenses habrían podido continuar su viaje de Honduras hacia Guatemala y, posiblemente, hacia El Salvador. 

Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 - Fecha de presentación de la petición (7951): 14 de enero de 1982

- Fecha de informe de fondo (16/84): 4 de octubre de 1984

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 24 de abril de 1986

- Petitorio de la CIDH: La CIDH sometió este caso con el fin de que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 16 de junio de 1987

-  Medida provisional otorgada: 19 de enero de 1989

Competencia y Admisibilidad

 <p><strong>Sentencia de  Excepciones Preliminares:</strong></p>

<p>32. La Corte  es competente para conocer del presente caso.   Honduras es Estado Parte en la Convención desde el 8 de septiembre de  1977 y depositó el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa  de la Corte a que se refiere al artículo 62 de la Convención, en fecha 9 de  septiembre de 1981.</p>

<p>40. El  Gobierno sostuvo (…) que la Comisión, al no haber reconocido formalmente la  admisibilidad del caso, omitió un requisito impuesto por la Convención, para  poder conocerlo.</p>

<p>46. La Corte  estima (…) que el hecho de que la Comisión no haya efectuado una declaración  expresa de la admisibilidad de la petición presentada ante ella, no constituye  en este caso un extremo capaz de impedir el normal desarrollo del procedimiento  ante la Comisión y, por consiguiente, su consideración por la Corte (arts.  46-51 y 61.2 de la Convención).</p>

<p>47. El  Gobierno (…) sostuvo que la Comisión infringió el artículo 48.1.f) de la  Convención por no haber promovido una solución amistosa en el asunto.  Este procedimiento, de acuerdo con el  Gobierno, tiene carácter obligatorio y las condiciones que sobre él establece  el artículo 45 del Reglamento de la Comisión son inaplicables porque  contradicen lo dispuesto por la Convención, ya que ésta tiene mayor  jerarquía.  El Gobierno concluye en el  sentido de que, al no haberse intentado el procedimiento de solución amistosa,  la demanda es inadmisible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61.2 de  la Convención.</p>

<p>51. Con  independencia de si en este caso se han precisado o no las posiciones y  pretensiones de las partes y del grado de cooperación del Gobierno con la  Comisión, cuando se denuncia la desaparición forzada de una persona por acción  de las autoridades de un Estado y éste niega que dichos actos se han realizado,  resulta muy difícil lograr un acuerdo amistoso que se traduzca en el respeto de  los derechos a la vida, a la integridad y libertad personales.  La Corte, tomando en consideración todas las  circunstancias existentes en el presente caso, entiende que no es objetable la  actuación de la Comisión a propósito de la solución amistosa.</p>

<p>52. (…) [E]l Gobierno señaló que la Comisión no había  realizado una investigación in loco para verificar los hechos denunciados en  este caso, no obstante que, en su opinión, se trata de un trámite obligatorio e  indispensable, según lo dispuesto por el artículo 48.2 de la Convención.</p>

<p>54. Al  respecto, la Corte considera que, del contexto de los preceptos que regulan las  citadas investigaciones in loco (arts. 48.2 de la Convención, 18.g) del  Estatuto de la Comisión y 44 y 55 a 59 de su Reglamento), se infiere que este  instrumento de comprobación de hechos está sujeto a la apreciación discrecional  de la Comisión para acordarlo de oficio o a petición de las partes, dentro de  las hipótesis previstas por las citadas disposiciones normativas y no es  obligatorio dentro del procedimiento regulado por el artículo 48 de la  Convención.</p>

<p>55. Por tanto,  la omisión del procedimiento de investigación in loco no hace inadmisible en  este caso la demanda interpuesta por la Comisión.</p>

<p>56. (…) [E]l Gobierno ha solicitado que la Corte declare que  la Comisión no agotó los procedimientos establecidos en los artículos 48 a 50  de la Convención, sin cuyo cumplimiento no debió haber referido el caso a la  Corte, al tenor del artículo 61.2 de la misma.   La alegación del Gobierno ha hecho referencia a la omisión de toda  tentativa de arreglo amistoso fundado en lo dispuesto por el artículo 48.1.f),  cuestión ésta que ya ha sido considerada por la Corte (<strong>…</strong>), así como a otras particularidades que ha tenido el trámite del  presente asunto y que, a juicio del Gobierno, no se adecúan a lo pautado por  los artículos 50 y 51 de la Convención.</p>

<p>58. (…) [E]l agotamiento de los procedimientos dispuestos por  los artículos 48 al 50 de la Convención es un requisito para someter un asunto  a la Corte que tiene por objeto la búsqueda de una solución satisfactoria del  caso, que sea aceptada por las partes, antes de acudir a la instancia  jurisdiccional.  De este modo, para que  un caso pueda ser introducido a la Corte y ser decidido por ella en términos  que no requieren la aceptación de las partes, se ofrece a éstas la posibilidad  de adoptar las disposiciones necesarias para solucionar la situación planteada,  dentro del respeto debido a los derechos humanos reconocidos por la Convención.</p>

<p>59. En el  procedimiento de los artículos 48 a 50 está presente un propósito más amplio de  la protección internacional a los derechos humanos, como es el de obtener el  cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Estados y particularmente, en  este contexto, del deber jurídico de cooperar para la investigación y el  remedio de las violaciones a los derechos humanos que les pudieran ser  imputadas.  Dentro de ese propósito  general, el artículo 48.1.f) abre la posibilidad de un arreglo amistoso logrado  con los buenos oficios de la Comisión, mientras que el artículo 50 prevé que,  si el asunto no ha sido solucionado, la Comisión debe preparar un informe que  puede incluir, por propia iniciativa, sus recomendaciones y proposiciones para  resolver satisfactoriamente el caso planteado.   Si esos mecanismos de solución no conducen a un resultado adecuado, el  asunto queda en estado de ser sometido a la decisión de la Corte, en los  términos del artículo 51 de la Convención, siempre que se reúnan los demás  requisitos para que ella pueda ejercer su competencia contenciosa.</p>

<p>60. El  procedimiento descrito contiene un mecanismo de intensidad creciente destinado  a estimular al Estado afectado a fin de que cumpla con su deber de cooperar  para la solución del caso.  Se ofrece así  al Estado la posibilidad de resolver el asunto antes de verse demandado ante la  Corte, y al reclamante la de obtener un remedio apropiado de una manera más  rápida y sencilla.  Se trata, con todo,  como se dijo, de dispositivos cuyo funcionamiento y eficacia dependerán de las  circunstancias de cada caso, en especial de la naturaleza de los derechos  afectados, de las características de los hechos denunciados y de la voluntad de  cooperación del gobierno involucrado para la investigación del asunto y para la  adopción de las medidas necesarias para solventarlo.</p>

<p>65. Lo primero  que llama la atención es la existencia de dos resoluciones (16/84 y 23/86),  adoptadas por la Comisión con aproximadamente un año y medio de diferencia,  ninguna de las cuales ha sido designada formalmente como &quot;informe&quot;, a  los efectos del artículo 50.  Este hecho  plantea dos problemas distintos.  El  primero se refiere a los requisitos que deben llenar los informes preparados de  conformidad con el artículo 50 y a si las resoluciones adoptadas por la  Comisión se adecúan a esos requisitos.   El segundo se refiere a la existencia de las dos resoluciones, la última  de las cuales, a tiempo que confirma la precedente, contiene la decisión de  someter el caso a la Corte.</p>

<p>66. En  relación con el primero de los asuntos planteados, debe observarse que la  Convención señala, en términos muy generales, los requisitos que debe llenar el  informe preparado por la Comisión en cumplimiento del artículo 50.  Según éste, el informe debe contener los  hechos y las conclusiones de la Comisión, a los cuales ella puede agregar las  proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.  La resolución 16/84 reúne los requisitos que,  en ese sentido, dispone el artículo 50.</p>

<p>68. La  resolución 16/84 fue adoptada por la Comisión (…) y comunicada al Gobierno con  nota del 15 de octubre de 1984.  Por nota  del 29 del mismo mes y año, es decir, antes de que hubieran transcurrido tres  meses desde la adopción de la resolución 16/84 y, en consecuencia, estando aún  abierta la posibilidad de introducir el caso ante la Corte, el Gobierno  solicitó a la Comisión la reconsideración de la mencionada resolución (…). La  Comisión no adoptó ninguna decisión inmediata sobre dicha solicitud, la cual  fue finalmente denegada el 18 de abril de 1986 por la resolución 23/86 ya  citada, después de haber recibido, por nota del 7 de ese mismo mes, información  del Gobierno, a propósito del caso pendiente de reconsideración, según la cual  no habían podido obtenerse nuevos elementos de juicio para establecer los  hechos con certeza e identificar a los presuntos responsables.</p>

<p>70. (…) [L]a extensión de los plazos dentro de los cuales un  asunto debe quedar listo para ser sometido a la decisión de la Corte, no  perjudica la posición procesal del Estado, cuando tal extensión resulte de una  iniciativa de éste.  En el presente  asunto, el tiempo utilizado por la Comisión para pronunciarse sobre la solicitud  de reconsideración redundó en una sustancial extensión, de aproximadamente año  y medio, del término de que disponía el Gobierno, como última oportunidad, para  resolver la cuestión planteada sin verse expuesto a una demanda judicial.  En consecuencia, su derecho de defensa y la  posibilidad de remediar la situación con sus propios medios no se vieron  disminuidos.</p>

<p>74. (…) [L]a decisión de la Comisión de someter el caso a la  consideración de la Corte por la misma resolución en la que confirmó su  resolución anterior, no constituye un vicio del procedimiento que haya afectado  los derechos procesales ni las posibilidades de defensa del Gobierno y que, por  tanto, no está bien fundada la objeción formulada en los términos señalados.</p>

<p>75. (…) [L]a Corte debe subrayar que, una vez que un asunto  ha sido introducido ante ella, no son aplicables las disposiciones del artículo  51, relativas a la preparación de un nuevo informe por la Comisión, que  contenga su opinión y sus recomendaciones, el cual sólo es procedente, según la  Convención, tres meses después de haberse hecho la comunicación a que se  refiere el artículo 50.  Según el  artículo 51 de la Convención, es la elaboración del informe la que está  condicionada a que no se haya acudido a la Corte y no la introducción de la  demanda la que está sujeta a que no se haya preparado o publicado el  informe.  En consecuencia, si la Comisión  procede a preparar o a publicar el informe del artículo 51, a pesar de haber  introducido ya el caso ante la Corte, puede considerarse que ha aplicado  indebidamente las disposiciones de la Convención, circunstancia ésta que puede  afectar el valor jurídico del informe, pero que no acarrea la inadmisibilidad  de la demanda puesto que, como se dijo, el texto de la Convención no  condiciona, de ninguna manera, la introducción de la instancia a la no  publicación del informe previsto por el artículo 51.</p>

<p>76. Por tanto,  aun cuando los requerimientos de los artículos 50 y 51 no fueron observados a  cabalidad, este hecho en ninguna forma ha perjudicado los derechos del Gobierno  y, en consecuencia, no hay lugar a declarar inadmisible la demanda por esas  razones.</p>

<p>78. El  Gobierno ha objetado (…) la admisibilidad del caso ante la Comisión, por  considerar que los recursos internos no fueron previamente agotados.</p>

<p>83. La Corte  ante todo debe reiterar que, si bien el agotamiento de los recursos internos es  un requisito de admisibilidad ante la Comisión, la determinación de si tales  recursos se han interpuesto y agotado o si se está en presencia de una de las  excepciones a la exigibilidad de dicho requisito, es una cuestión relativa a la  interpretación o aplicación de la Convención que, como tal, cae dentro de la  competencia contenciosa de la Corte al tenor de lo dispuesto por el artículo  62.1 de la Convención. (…)</p>

<p>90. La regla  del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho  internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están  presentes en la Convención.  En efecto,  según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales  efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25),  recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido  proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los  mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos  reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su  jurisdicción (art. 1).  Por eso, cuando  se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos  internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del  debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está  obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando  al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la  Convención.  En tales circunstancias la  cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de  fondo.</p>

<p>94. (…) [S]i la Corte acogiera la excepción opuesta por el  Gobierno y declarara que quedan recursos internos efectivos por oponer, se  estaría adelantando sobre la cuestión de fondo, sin haber recibido las pruebas  y argumentos que la Comisión ha ofrecido, así como los que el Gobierno pudiere  proponer.  Si, en cambio, declarara que los  recursos internos efectivos se han agotado o que no existieron, estaría  prejuzgando sobre el fondo en contra del Estado involucrado.</p>

<p>95. Por tanto,  las cuestiones relativas al agotamiento y efectividad de los recursos internos  aplicables al presente caso deben ser resueltas junto con las cuestiones de  fondo.</p>

<p><strong>Sentencia de Fondo:</strong></p>

<p>85. La regla  del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el  problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a un proceso  internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción internacional  de los derechos humanos, por ser ésta &quot;coadyuvante o complementaria&quot;  de la interna (Convención Americana, Preámbulo).</p>

<p>86.  Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados (…).</p>

<p>87.  El artículo 46.1.a) de la Convención remite &quot;a los principios de Derecho  Internacional generalmente reconocidos&quot;.   Esos principios no se refieren sólo a la existencia formal de tales  recursos, sino también a que éstos sean adecuados y efectivos, como resulta de  las excepciones contempladas en el artículo 46.2.</p>

<p>88.  Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del  sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica  infringida.  En todos los ordenamientos  internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las  circunstancias.  Si, en un caso  específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo.  Así lo indica el principio de que la norma  está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de  que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o  irrazonable. (…)</p>

<p>91.  Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado  para el que ha sido concebido. (…)</p>

<p>92.  En cambio (…) el mero hecho de que un recurso interno no produzca un resultado  favorable al reclamante no demuestra, por sí solo, la inexistencia o el  agotamiento de todos los recursos internos eficaces, pues podría ocurrir, por  ejemplo, que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento  apropiado.</p>

<p>93. El  asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los recursos son  rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por razones  fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o  tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos  demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían  al alcance de los demás.  En tales casos  el acudir a esos recursos se convierte en una formalidad que carece de  sentido.  Las excepciones del artículo  46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la  necesidad de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar  su objeto.</p>

<p>110.  (…) [D]ebe tenerse presente que es  norma de derecho internacional y correlativo lógico de la obligación de agotar  los recursos internos, que dicha regla no se aplica cuando no hay recursos que  agotar.  Este principio tiene especial  relevancia en el presente caso, a la luz de la reiterada declaración oficial  del Gobierno, en el sentido de que Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís  Corrales no se encontraban en territorio hondureño, sea por no haber entrado  nunca en él, sea porque, pese a haberlo hecho, habían salido hacia Guatemala  después de un breve intervalo de mero tránsito.   Las mencionadas declaraciones del Gobierno estaban revestidas de plena  formalidad oficial y emanaban de autoridades del más alto nivel (…). A este  respecto, la Corte observa que, cuando en un caso que ofrece las  particularidades del presente, un gobierno afirma haber realizado una minuciosa  investigación, como resultado de la cual ha concluido que una persona cuya  desaparición se alega no está en su territorio ni se ha encontrado jamás en  poder de sus autoridades, puede considerarse que ha reconocido que no hay  recursos internos que agotar.</p>

<p>111. Por  consiguiente, la Corte rechaza la excepción de falta de agotamiento de los  recursos internos interpuesta por el Gobierno de Honduras.</p>

Reconocimiento de Responsabilidad Internacional
Análisis de fondo

 <p><strong>Sentencia de Fondo:</strong></p>

<p>147. El  fenómeno de las desapariciones involuntarias constituye una forma compleja de  violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una  manera integral.  Es una violación  múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención, que  los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar.</p>

<p>148. La  desaparición forzada de una persona es un caso de privación arbitraria de  libertad que conculca, además, el derecho de toda persona a ser llevada sin  demora ante un juez y a interponer los recursos adecuados para constatar la  legalidad de lo actuado.  En este sentido  constituye una violación del artículo 7 de la Convención.</p>

<p>149. El  aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos,  tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de  la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano.  En consecuencia se viola también el artículo  5 de la Convención.</p>

<p>150. La  práctica de las desapariciones forzadas ha implicado con frecuencia la  ejecución, en secreto y sin juicio, de los detenidos y el ocultamiento de los  cadáveres.  Esa violación del derecho a  la vida infringe el artículo 4 de la Convención.</p>

<p>151. Esta  práctica significa una ruptura radical del Pacto de San José, en cuanto implica  el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los  principios esenciales en que se fundamentan el sistema interamericano y la  propia Convención.</p>

<p>152. La existencia de esta práctica  supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo  que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención.  De tal modo, el llevar a cabo acciones  dirigidas a realizar desapariciones involuntarias, a tolerarlas, a no  investigarlas de manera adecuada o a no sancionar, en su caso, a los  responsables, genera la violación del deber de respetar los derechos  reconocidos por la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio (art.  1.1). (…)</p>

<p>157. Hay  numerosas e insalvables dificultades de prueba para establecer que estas  desapariciones hayan ocurrido en Honduras y que, por tanto, sean imputables  jurídicamente a este Estado.  En efecto,  como ya lo ha dicho la Corte, ha sido plenamente demostrado que, en la época en  que ocurrieron los hechos existía en Honduras una práctica represiva de  desaparición forzada de personas por razones políticas.  Esa práctica representa en sí misma una  ruptura de la Convención y puede ser un elemento de primera importancia para  fundar, junto con otros indicios concordantes, la presunción judicial de que  determinadas personas fueron víctimas de esa práctica.  No obstante, la sola comprobación de la  práctica de desapariciones no basta, en ausencia de toda otra prueba, aun  circunstancial o indirecta, para demostrar que una persona cuyo paradero se  desconoce fue víctima de ella.</p>

<p>158. No se ha suministrado prueba  suficiente que vincule la desaparición de Francisco Fairén Garbi y Yolanda  Solís Corrales con la mencionada práctica gubernamental.  No la hay de que fueran objeto por parte de  las autoridades hondureñas de vigilancia o de sospecha sobre su presunta peligrosidad;  ni de su captura o secuestro dentro del territorio de Honduras. (…)</p>

<p>159. Por otra  parte, si bien el Gobierno de Honduras incurrió en numerosas contradicciones,  la omisión de investigar este caso, (…) no es suficiente, en ausencia de  aquellas otras pruebas, para configurar una presunción judicial que atribuya  responsabilidad a Honduras por las desapariciones mencionadas.</p>

<p>161. El artículo 1.1 de la  Convención impone a los Estados Partes la obligación de &quot;respetar los  derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno  ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción (…)&quot;.  La Corte no considera necesario entrar en  este momento al análisis de lo que significa en esta norma la expresión  &quot;sujeta a su jurisdicción&quot;.   Ello no es preciso para decidir el presente caso, ya que no ha sido  probado que el poder del Estado de Honduras hubiera sido usado para violar los  derechos de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales; y aunque ha sido  probado en el proceso la existencia de una práctica de desapariciones cumplida  o tolerada por las autoridades hondureñas entre los años 1981 y 1984, tampoco  ha podido comprobarse que las desapariciones sub examine hayan ocurrido en el  marco de esa práctica o sea de otra manera imputables al Estado de Honduras.</p>

Reparaciones
Puntos Resolutivos

 La Corte,

- Desestima las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno de Honduras. 

- Declara que en el presente caso no ha sido probado que Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales hayan desaparecido por causa imputable a Honduras, cuya responsabilidad, por consiguiente, no ha quedado establecida.

Actuaciones posteriores a la(s) sentencia(s)
Sentencia de interpretación: No se consigna

Supervisión de cumplimiento de sentencia No se consigna