Ficha Técnica: Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. México

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Víctimas(s):

Alfonso Martín del Campo Dodd y sus familiares

Representante(s):

Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)


Estado Demandado: México
Sumilla:

El caso se refiere al archivamiento del caso por la falta de competencia rationes temporis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los presuntos actos de tortura cometidos en contra de Alfonso Martín del Campo Dodd con el objetivo de confesar un crimen de homicidio.

Palabras Claves: Derecho a la integridad personal, Garantías judiciales y procesales, Libertad personal, Protección judicial
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Derechos violados
Convención Americana: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)

Otro(s) tratado(s) interamericano(s) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Otros Instrumentos: Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados – Naciones Unidas
Hechos

- Los hechos del presente caso ocurrieron el 30 de mayo de 1992, cuando fueron asesinados en su domicilio los esposos Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba. La pareja vivía en dicha residencia con sus tres hijas y con el señor Alfonso Martín del Campo, hermano de la señora Juana Patricia Martín del Campo Dodd.

- El Ministerio Público dio formal inicio a la averiguación previa y se presumió que el señor Alfonso Martín del Campo había asesinado a Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba. El 30 de mayo fue detenido el señor Alfonso Martín del Campo y se dictó auto de formal prisión en su contra como presunto responsable en la comisión del delito de homicidio. 

- En mayo de 1993 se declaró al señor Alfonso Martín del Campo penalmente responsable del delito de homicidio cometido en contra de los señores Juana Patricia Martín del Campo Dodd y Gerardo Zamudio Aldaba y se le impuso una pena privativa de la libertad de cincuenta años. En agosto de 1993 se confirmó la sentencia de primera instancia. Finalmente el señor Alfonso Martín del Campo presentó un recurso de revisión, el cual fue rechazado.

Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- Fecha de presentación de la petición (12.228): 13 de julio de 1998

- Fechas de informe de admisibilidad (81/01): 10 de octubre de 2001 

- Fecha de informe de fondo (63/02): 22 de octubre de 2002

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 30 de enero de 2003

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8, 25 de la Convención Americana, así como el artículo 1.1 de la misma en perjuicio de Alfonso Martín del Campo. Asimismo solicitó a la Corte IDH que se declare la violación de los artículos 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Alfonso Martín del Campo. 

- Petitorio de los representantes de las presuntas víctimas: Los representantes manifestaron que coincidían con lo solicitado por la Comisión en la demanda y solicitaron, además, que la Corte Interamericana concluya que el Estado violó el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares de la presunta víctima, así como que el Estado incumplió el artículo 2 de la misma.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 27 de abril de 2004

Competencia y Admisibilidad

I. Competencia

57. La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer las dos excepciones preliminares planteadas por el Estado en el presente caso, en razón de que México es Estado Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998.  Además, México es Estado Parte en la Convención Interamericana contra la Tortura desde el 22 de junio de 1987.

II. Excepciones preliminares

2.1. Primera excepción preliminar

61. En el escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos, el Estado solicitó a la Corte Interamericana que declare que no tiene competencia “para conocer del presente asunto, en virtud de que los hechos sucedieron y se agotaron fuera del ámbito temporal de su jurisdicción, de conformidad con el reconocimiento con carácter irretroactivo de su competencia por parte del [Estado] el 16 de diciembre de 1998”. (…)

69. (…) [L]a Corte, como órgano jurisdiccional, tiene el poder inherente a sus atribuciones de determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compétence/Kompetenz-Kompetenz), y que los instrumentos de reconocimiento de la cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria presuponen la admisión, por los Estados que la presenten, de la potestad de la Corte para resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. 

70. Debe señalarse que, en el caso de México, éste reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998, en el entendido de que conforme a la dispuesto en el artículo 62 de la Convención Americana, ella “solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de ?la? declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos”. 

73. (…) [T]anto la Comisión Interamericana como los representantes de la presunta víctima y sus familiares señalaron que los hechos acaecidos con anterioridad a la fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte deben ser considerados como “contexto de referencia en este caso” y, por tanto, tomados en cuenta por este Tribunal al momento de decidir sobre el fondo del caso.

77. Enseguida, la Corte debe mostrar las razones, al determinar el alcance de su competencia en este caso, de si acepta y acoge las razones aducidas por la Comisión y los representantes de la presunta víctima y sus familiares en el sentido de que algunos de los hechos o actos ocurridos con anterioridad al 16 de diciembre de 1998 poseen carácter continuo o permanente, o tienen “efectos continuos”.

78. La Corte debe determinar si el supuesto delito de tortura alegado por la Comisión Interamericana y los representantes de la presunta víctima y sus familiares es un delito de ejecución instantánea o un delito de ejecución continua o permanente.  Cada acto de tortura se ejecuta o consume en sí mismo, y su ejecución no se extiende en el tiempo, por lo que el acto o actos de tortura alegados en perjuicio del señor Martín del Campo quedan fuera de la competencia de la Corte por ser un delito de ejecución instantáneo y haber supuestamente ocurrido antes del 16 de diciembre de 1998. (…)

79. Es necesario que el Tribunal señale con toda claridad sobre esta materia que si el delito alegado fuera de ejecución continua o permanente, la Corte tendría competencia para pronunciarse sobre los actos o hechos ocurridos con posterioridad al reconocimiento de la jurisdicción de la Corte.  Pero en un caso como el presente, el supuesto delito causa de la violación alegada (tortura) fue de ejecución instantánea, ocurrió y se consumó antes del reconocimiento de la competencia contenciosa.  En lo que atañe a la investigación de dicho delito, la misma se produjo y se reabrió en varias ocasiones.  Ello ocurrió con posterioridad al reconocimiento de competencia contenciosa de la Corte, pero ni la Comisión ni los representantes de la presunta víctima han aportado elementos sobre afectaciones ocurridas que permitan identificar violaciones específicas al debido proceso sobre las cuales la Corte hubiera podido conocer.

80. Tampoco puede conocer la Corte sobre ninguno de los hechos relativos al proceso penal que se siguió en la jurisdicción interna en contra del señor Alfonso Martín del Campo, incluidas la presunta detención y privación de libertad arbitrarias y la alegada denegación de justicia, ya que el trámite ordinario del mismo finalizó con la decisión de 9 de febrero de 1998 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que resolvió desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el señor Martín del Campo. (…)

82. Pese a que la Comisión y los representantes de la presunta víctima alegaron la supuesta violación al debido proceso en el rechazo al recurso de reconocimiento de inocencia, la Corte constata que en realidad lo que se objeta no atañe a la tramitación de éste recurso en sí, sino que se refiere al resultado del mismo.  La Comisión y los representantes de la presunta víctima alegan que al declarar infundado dicho recurso se mantuvieron los efectos de una confesión supuestamente obtenida bajo tortura.  Los tribunales nacionales estimaron, sin embargo, que la sentencia se basaba, además de la confesión, en otras pruebas (supra párr. 58.1.15).  La Corte no tiene competencia para revisar esta decisión, a menos que se alegue un incumplimiento específico de las normas del debido proceso en la tramitación de dicho recurso, lo que no se hizo por la Comisión ni por los representantes de la presunta víctima.

83. La decisión que ahora pronuncia la Corte no juzga en lo absoluto acerca de la existencia o inexistencia de tortura contra el señor Alfonso Martín del Campo, sino se sustenta única y exclusivamente en consideraciones jurídicas derivadas de las reglas sobre competencia del Tribunal, cuya inobservancia implicaría exceso en el ejercicio de facultades acotadas por la Convención y generaría inseguridad jurídica.

84. Al ejercer la función de protección que le atribuye la Convención Americana, la Corte busca un justo equilibrio entre los imperativos de protección, las consideraciones de equidad y de seguridad jurídica, como se desprende claramente de la jurisprudencia constante del Tribunal.

85. En razón de lo anterior, la Corte estima que debe aplicarse el principio de la irretroactividad de las normas internacionales consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y en el derecho internacional general, y de acuerdo con los términos en que México reconoció la competencia contenciosa de la Corte, acoge la excepción preliminar “ratione temporis” interpuesta por el Estado para que la Corte no conozca supuestas violaciones a la Convención Americana ni a la Convención Interamericana contra la Tortura ocurridas antes del 16 de diciembre de 1998 (…) y declara, en consecuencia, que no le compete a la Corte analizar la segunda excepción preliminar.

Reconocimiento de Responsabilidad Internacional

No se consigna

Análisis de fondo

No se consigna

Reparaciones

No se consigna

Puntos Resolutivos

La Corte decide,

- Acoger la primera excepción preliminar ratione temporis interpuesta por el Estado, en los términos de los párrafos 78 a 85 de la presente Sentencia.

- Archivar el expediente.

- Notificar la presente Sentencia al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la presunta víctima y sus familiares.

Actuaciones posteriores a la(s) sentencia(s)
Sentencia de interpretación: No se consigna

Supervisión de cumplimiento de sentencia No se consigna