Ficha Técnica: Castillo González y otros Vs. Venezuela

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Víctimas(s):

 Familia Castillo González 

Representante(s):

Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 


Estado Demandado: Venezuela
Sumilla:

 El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado en relación a la muerte de Joe Luis Castillo y las consecuencias que ello produjo en su familia.

Palabras Claves: Defensores de los derechos humanos, Derecho a la honra y la intimidad, Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Derechos de los niños y las niñas, Dignidad, Garantías judiciales y procesales, Libertad de asociación, Libertad de circulación y residencia, Libertad de pensamiento y expresión, Protección judicial
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Derechos violados
Convención Americana: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad) , Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)

Otro(s) tratado(s) interamericano(s) No se consigna

Otros Instrumentos: No se consigna
Hechos

- Los hechos del presente caso se enmarcan cuando, entre 1999 y 2003, ocurrieron en Venezuela una serie de desplazamientos de personas provenientes de Colombia en busca de refugio a causa del conflicto armado colombiano. El abogado Joe Luis Castillo González, y su esposa Yelitze Moreno junto con su hijo Luis César Castillo Moreno residían en la ciudad de Machiques, estado Zulia, a partir de 1999. El señor Castillo se desempeñó como Coordinador General de la Oficina de Acción Social y Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques (OASVAM), en donde por razón de su trabajo, laboraba en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia, en asuntos relacionados con pueblos indígenas y personas refugiadas. Yelitze Moreno fue Coordinadora del Departamento de Investigación, Comunicación y Promoción de Derechos Humanos de OASVAM.

- El 27 de agosto de 2003, el señor Castillo, su esposa y su hijo se dirigían en un vehículo hacia su residencia. En pleno transcurso, dos hombres desconocidos comenzaron a disparar contra ellos. El señor Castillo perdió el control de dicho vehículo, el cual colisionó contra la acera. El señor Castillo sufrió varias heridas producidas por las armas de fuego y falleció en el hospital. La señora Moreno y Luis Castillo también sufrieron heridas por impactos de balas. Tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente.

- Después del atentado, Yelitze Moreno y su hijo se trasladaron a la casa de la hermana de la señora Moreno en Santa Lucía del Tuy, estado Miranda, donde permanecieron durante el proceso de recuperación, hasta diciembre de 2003. Posteriormente, fijaron su residencia en la casa materna de Joe Luis Castillo. Por otra parte, el 1 de septiembre de 2003, tras la muerte de Joe Luis Castillo, se recibieron amenazas en la Oficina del Vicariato, por lo que cerró durante dos meses. Después de ello, la oficina reorientó su trabajo hacia actividades dedicadas al fortalecimiento del trabajo comunitario, excluyendo la atención a refugiados y casos de violaciones de derechos humanos. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables.
 

Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- Fecha de presentación de la petición (12.605): 20 de marzo de 2006

- Fecha de informe de admisibilidad (22/07):9 de marzo de 2007

- Fecha de informe de fondo (120/10): 22 de octubre de 2010

Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 22 de febrero de 2011

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 8, 16, 19, 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes de las víctimas señalaron coincidir con el petitorio de la CIDH. Además, argumentaron que el Estado había violado derechos consagrados en la Convención en los artículos 8, 11.2, 13, 25.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 2 de marzo de 2012

Competencia y Admisibilidad

19. Venezuela es Estado Parte de la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció su competencia contenciosa el 24 de junio de 1981. Su competencia en este caso no ha sido controvertida.

Reconocimiento de Responsabilidad Internacional

No se consigna

Análisis de fondo

I. Derechos a la vida, a la integridad personal y  del niño, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los  derechos

 

1.1. Alegada atribución de responsabilidad estatal  por aquiescencia, tolerancia o participación de agentes estatales

 

110.  En relación con lo señalado, la Corte ha afirmado, de conformidad con un  principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado,  que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones que  menoscaben los derechos humanos reconocidos en la Convención y que puedan ser  atribuidos, según las reglas del Derecho internacional a cualesquiera de sus  poderes u órganos.

 

111.  La Corte también ha sostenido que puede generarse responsabilidad internacional  del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos  cometidos por terceros o particulares (…).

 

113.  Ahora bien, la atribución de responsabilidad a un Estado por actos de agentes  estatales o de particulares debe determinarse atendiendo a las particularidades  y circunstancias de cada caso. Al respecto, la Corte ha señalado que debe  atenerse a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo  correspondiente (…).

 

114.  (…) [A]l no surgir del acervo probatorio ningún otro elemento sobre la posible  participación o conocimiento de agentes del Estado en relación con el atentado,  la Corte estima que los referidos señalamientos no son totalmente concordantes  entre sí, ni suficientes y cualitativamente diversos para arribar, de acuerdo a  las pautas de ponderación referidas (…), a la convicción sobre la intervención  de agentes estatales en el atentado, o sobre la aquiescencia o tolerancia  estatal respecto a los hechos.

 

115.  Por lo tanto, para la Corte no es razonable colegir, del conjunto de los  elementos probatorios aportados y, en especial, con base en los “indicios”  referidos por la Comisión, que el Estado es responsable, por tolerancia,  aquiescencia o perpetración directa del atentado cometido contra Joe Castillo,  Yelitze Moreno y Luis Castillo. Por ello, la Corte constata que no existen  elementos suficientes para determinar la responsabilidad internacional del  Estado por la vulneración, en este caso, de los artículos 4, 5 y 19 de la  Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del tratado.

 

1.2. Alegada atribución de responsabilidad estatal  con base al deber de prevención

 

126.  Con relación específicamente al presente caso, la Corte advierte que hay  consenso entre las partes y la Comisión sobre la existencia, para el momento de  los hechos, de una situación de inseguridad e incremento de la violencia que  afectaba al estado Zulia y que incidía particularmente sobre los líderes  campesinos.

 

127.  Sin embargo, la Corte nota también, por una parte, que las referencias presentadas  por los representantes y la Comisión en general se refieren a la situación de  los defensores de derechos humanos en Venezuela y no exclusivamente a su  situación en Zulia, y por otra parte, que, de acuerdo con los elementos  probatorios aportados y más allá de la situación de complejidad e inseguridad  que se vivía en la zona, en la que acaecieron ciertos hechos que implicaron  agresiones en contra de defensores de derechos humanos, no se probó que  constituyeran una situación o práctica generalizada ni sistemática. Por ende,  para la Corte resulta innecesario ponderar las demás circunstancias alegadas,  así como la pertinencia de realizar un análisis con base en el referido deber  reforzado de prevención a la luz de la pretendida existencia de una situación  de “riesgo estructural”.

 

131.  (…) [L]a Corte concluye que, al momento de los hechos, no existían elementos  suficientes para establecer que el señor Castillo se encontraba en una  situación de riesgo con especial notoriedad que conllevara al Estado a adoptar  medidas especiales de protección y prevención a su favor.

 

132.  Por todo lo anterior, la Corte considera que el Estado no es responsable por la  violación al derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención, en  relación con la obligación de garantía que emana de su artículo 1.1, en  perjuicio de Joe Luis Castillo González. Por el mismo motivo, el Tribunal  estima que el Estado tampoco es responsable de la vulneración del derecho a la  integridad personal y derechos del niño, reconocidos en los artículos 5.1 y 19  de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en  perjuicio de Yelitze Moreno, en lo que hace al primer derecho, y de Luis  Castillo, en lo atinente a ambos artículos.

 

II. Derechos a las garantías judiciales y a la  protección judicial en relación con las obligaciones de respetar y garantizar  los derechos

 

160.  Ahora bien (…) corresponde a la Corte, en el marco de su competencia y  funciones, valorar si el actuar estatal en el curso de la investigación fiscal,  considerando a ésta en su conjunto, se adecuó o no a pautas de debida  diligencia requerida para satisfacer el derecho a acceder a la justicia (…).

 

161.  El Tribunal ha constatado que, en el curso de la investigación fiscal, se  realizó un amplio cúmulo de actuaciones (…) que responden a las pautas de  diligencia debida señaladas y que, además, hubo ciertas omisiones y dilaciones  en la realización de ciertas diligencias (…). Como se ha señalado, la  investigación debe valorarse en su conjunto, considerando que se trata de una  obligación de medios y no de resultado, y teniendo presente que no compete a la  Corte, en principio, resolver la procedencia de medidas de investigación (…).  Asimismo, debe ponderarse si el acaecimiento de ciertas omisiones o dilaciones  es suficiente para configurar la responsabilidad internacional del Estado. Esto  debe apreciarse también a la luz del hecho que debe investigarse, siendo que,  en este caso, no está acreditada la intervención estatal en el homicidio  cometido contra Joe Castillo.

 

162.  Con base en lo anterior, cabe colegir que, en este caso, la investigación fue  conducida de modo razonable. Las omisiones y dilaciones referidas, que se  relacionan con aspectos o diligencias puntuales de la investigación fiscal, no  tienen, apreciadas en el marco de las acciones de investigación en su conjunto,  la entidad o gravedad suficientes para configurar una responsabilidad  internacional del Estado por una violación a los derechos a las garantías y  protección judiciales de las presuntas víctimas.

 

171.  De acuerdo a lo expresado anteriormente, la Corte considera que en el presente  caso no se han menoscabado los derechos a las garantías judiciales y a la  protección judicial de las presuntas víctimas. En consecuencia, el Tribunal  concluye que Venezuela no es responsable de la violación de tales derechos  establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

 

172.  Por último, en cuanto a la alegada violación del derecho a conocer la verdad,  de conformidad con lo señalado anteriormente respecto de los artículos 8 y 25  de la Convención Americana, la Corte considera que no corresponde emitir  pronunciamiento alguno sobre el particular.

 

III. Derechos a la integridad personal, a la  protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y de expresión  y libertad de asociación, en relación con la obligación de respetar los  derechos

 

184.  La Corte nota que las argumentaciones sobre las alegadas violaciones de los  derechos a la integridad personal, a la protección de la honra y de la  dignidad, a la libertad de pensamiento y de expresión y a la libertad de  asociación se fundamentan en la supuesta responsabilidad estatal por el  homicidio de Joe Castillo y por las afectaciones a la integridad personal de  Yelitze Moreno y Luis Castillo, o en la aducida falta de investigación adecuada  de los hechos. La Corte considera que no hay responsabilidad internacional del  Estado respecto a los derechos mencionados, consagrados en los artículos 5,  11.2, 13, y 16 de la Convención Americana, en tanto no estableció una  vulneración a los derechos a la vida, la integridad personal y del niño por  tolerancia, aquiescencia o perpetración directa del atentado sufrido por Joe  Castillo y sus familiares, ni por el incumplimiento del deber de prevenir los  hechos ocurridos en contra de las referidas personas, y tampoco una violación a  los derechos a las garantías y protección judiciales.

 

Reparaciones

No se consigna

Puntos Resolutivos

La Corte declara,

- Que el Estado no violó los derechos a la vida, a la integridad personal y del niño establecidos en los artículos 4, 5.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento.

- Que el Estado no violó los derechos a las garantías y protección judiciales establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación el artículo 1.1 del mismo.

- Que el Estado no violó los derechos integridad personal, a la protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y de expresión y libertad de asociación establecidos en los artículos 5, 11.1, 13 y 16, respectivamente, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento.

- Que al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, no procede pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos.

La Corte dispone,

- Archivar el expediente
 

Actuaciones posteriores a la(s) sentencia(s)
Sentencia de interpretación: No se consigna

Supervisión de cumplimiento de sentencia No se consigna