Technical Data: García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú

Download complete technical data
Victim(s):

Urcesino Ramírez Rojas, Wilson García Asto y sus familiares

Representantive(s):

- Carolina Loayza Tamayo


- Centro de Investigación y Asistencia Legal en Derecho InternacionalI (ALDI)


Demanded Country: Perú
Summary:

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención y condena sin un debido proceso en perjuicio de Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas.

Keywords: Derecho a la honra y la intimidad, Derecho a la integridad personal, Dignidad, Familia, Garantías judiciales y procesales, Igualdad ante la ley, Libertad de pensamiento y expresión, Libertad personal, Principio de legalidad y de retroactividad, Protección judicial, Responsabilidad internacional del Estado
  See related jurisprudence
Violated rights
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 11 (Derecho a la honra y dignidad) , Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión) , Artículo 17 ( Protección a la Familia) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) , Artículo 9 (Principio de legalidad y de retroactividad)

Other interamerican treaty(ies) Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Other instruments: Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión – Naciones Unidas
Facts

- Los hechos del presente caso se inician cuando el señor Wilson García Asto fue detenido el 30 de junio sin que mediara previa orden judicial o flagrante delito. El atestado policial manifestó que se había encontrado propaganda terrorista en su poder y documentos de uso exclusivo del grupo armado Sendero Luminoso en su computadora.

- El señor Wilson García Asto Se fue acusado del delito de terrorismo. El 18 de abril de 1996 fue condenado bajo un proceso con jueces “sin rostros”. Durante su detención el señor García fue sometido a aislamiento celular, un régimen de visitas restringido, condiciones carcelarias no adecuadas y falta de atención médica. El 5 de agosto de 2004 en un proceso penal ordinario se dictó sentencia absolutoria a favor de Wilson García Asto y al día siguiente éste recuperó su libertad.

- El señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido el 27 de julio de 1991 en su domicilio sin que mediara flagrante delito ni orden de detención previa. Se alegó que se encontraron documentos referidos al grupo armado Sendero Luminoso. El 9 de agosto de 1991 se abrió un proceso en su contra y se dictó mandato de detención. El 30 de septiembre de 1994 un tribunal “sin rostro” lo condenó por delito de terrorismo. El proceso fue declarado nulo el 24 de octubre del 2002 pero no se permitió la excarcelación del señor Ramírez Rojas, y se inició un segundo proceso en su contra por delito de terrorismo. Al momento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el segundo proceso no había concluido y el señor Urcesino Ramírez se encontraba detenido.

Procedure before the Interamerican Commission of Human Rights

- Fechas de presentación de las peticiones (12.413 y 12.423): 9 y 12 de noviembre de 1998

- Fecha de informe de admisibilidad (27/04): 11 de marzo de 2004.

- Fecha de informe de fondo (27/04): 11 de marzo de 2004

Procedure before the Interamerican Court of Human Rights

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 22 de junio de 2004.

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6; 8.1, 8.2, 8.2.f. y 8.5 y 9 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 de la misma. Asimismo, alegaron la vulneración del artículo 2 de la Convención Americana.

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Las representantes solicitaron que la Corte IDH se pronunciara, además de los derechos argumentados por la Comisión, sobre la presunta violación de los artículo 5, 11, 13, 17, 24 y 25 de la Convención Americana, así como de los artículos 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 10 de mayo de 2005

Competence and admisibility

I. Competencia

6.  La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los  artículos 62 y 63.1 de la Convención Americana, ya que el Perú es Estado Parte  de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia  contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. (….)

II. Excepción Preliminar. Agotamiento de recursos  internos

50.  La Corte observa que el Estado argumentó la supuesta excepción al agotamiento  de los recursos internos, por primera vez, durante la audiencia pública en el  trámite en el presente caso. Por lo tanto, como consecuencia de no haber  objetado este punto en la debida oportunidad procesal, el Estado renunció tácitamente a su derecho a objetar el agotamiento de los recursos internos, y  en razón de ello este Tribunal desecha el argumento relacionado con este punto.

Recognition of International Responsibility

El Estado realizó un reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH.
 

Analysis of the merits

I.  Artículos 7 y 25 de la Convención Americana (Derecho a la Libertad Personal y  Protección Judicial) en relación con el artículo 1.1 de la misma

1.1. En relación con la detención del señor Wilson  García Asto el 30 de junio de 1995

105.  Este Tribunal ha manifestado, en relación con los incisos 2 y 3 del artículo 7  de la Convención, relativo a la prohibición de detenciones o arrestos ilegales  o arbitrarios, que: [s]egún el primero de tales supuestos normativos [artículo  7.2 de la Convención] nadie puede verse privado de la libertad sino por las  causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto  material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). En el segundo supuesto  [artículo 7.3 de la Convención], se está en presencia de una condición según la  cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y  métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles  con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras  cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad.

106.  El Tribunal entiende que la prisión preventiva es la medida más severa que se  puede aplicar al imputado de un delito, motivo por el cual su aplicación debe  tener un carácter excepcional, en virtud de que se encuentra limitada por los  principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad,  indispensables en una sociedad democrática. En este sentido, el Tribunal ha  señalado que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva.

108.  (…) Wilson García Asto fue detenido el 30 de junio de 1995 por personal de la  DINCOTE mientras se encontraba en un paradero de autobús y se habría encontrado  en su poder supuesta documentación de “carácter subversivo” (…). La Corte  estima que dicha detención se produjo de manera ilegal toda vez que ésta fue  llevada a cabo sin una orden de detención suscrita por un juez competente y sin  que se acreditara una situación de flagrancia, contrario a los requisitos  establecidos en la Constitución peruana para tales efectos.

109.  Asimismo, el Tribunal ha señalado que el artículo 7.5 de la Convención dispone  que toda persona sometida a una detención tiene derecho a que una autoridad  judicial revise dicha detención, sin demora, como medio de control idóneo para  evitar las capturas arbitrarias e ilegales. El control judicial inmediato es  una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones,  tomando en cuenta que en un Estado de derecho corresponde al juzgador  garantizar los derechos del detenido. (…)

112.  El Tribunal ha considerado que “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo  son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de  varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 (…).

114.  La vigencia del artículo 6 del Decreto Ley No. 25.659 en el momento en que el  señor Wilson García Asto fue detenido, y durante la tramitación del primer  proceso seguido en su contra, vedaba jurídicamente la posibilidad de  interposición de acciones de hábeas corpus. La Corte entiende que la modificación introducida por el Decreto Ley No. 26.248 no benefició a la  presunta víctima, por ser su caso “materia de un procedimiento en trámite”

115.  Por lo anterior, tomando en cuenta el reconocimiento parcial de hechos por  parte del Estado, la falta de flagrancia y de orden judicial para llevar a cabo la detención del señor Wilson García Asto, el hecho de que no fue puesto a  disposición de autoridad judicial competente sino recién 17 días después de su detención, y que se vio privado a recurrir ante un juez o tribunal competente a  fin de que este decidiera sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención, así como la falta de protección judicial, este Tribunal declara que  el Perú violó en su perjuicio los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, al momento de su  detención y durante el primer proceso judicial al que fue sometido.

1.2. En relación con la detención preventiva del  señor Wilson García Asto a partir de la anulación de su primero proceso

125.  (…) [L]a Corte considera que el tiempo transcurrido entre el 15 de enero de  2003 y el 10 de marzo de 2003 el señor Wilson García Asto estuvo sujeto a una  privación arbitraria de la libertad, en violación del artículo 7.3 de la  Convención. (…)

128.  (…) Al respecto, este Tribunal advierte que en el presente caso el Primer  Juzgado Especializado Penal en Delito de Terrorismo no presentó motivación suficiente para mantener la detención del señor Wilson García Asto.

129.  En consecuencia el Estado incumplió con la obligación establecida en el  artículo 7.3 de la Convención en perjuicio del señor Wilson García Asto, en el segundo proceso llevado en su contra.

1.3. En relación con la detención del señor  Urcesino Ramírez Rojas el 27 de julio de 1991

134.  (…) [T]omando en cuenta el reconocimiento parcial de hechos por parte del  Estado (…), la falta de flagrancia y de orden judicial en la detención del señor Urcesino Ramírez Rojas, el hecho de que no fue puesto a disposición de  autoridad judicial competente sino recién 13 días después de su detención, y las restricciones que enfrentó para interponer el recurso de hábeas corpus al  momento en que fue juzgado, este Tribunal considera que el Estado violó en su perjuicio los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 y 25 de la Convención, en relación  con el artículo 1.1 de la misma, al momento de su detención y durante su primer  proceso judicial.

135.  Las violaciones anteriormente declaradas son anteriores e independientes del  hecho de que los tribunales peruanos, mediante sentencia dictada el 27 de marzo  de 2003 (…), en una acción de hábeas corpus interpuesta por sus familiares,  anularon la sentencia y algunas etapas del proceso a que fue sometido, en base  a lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de enero de  2003 y el Decreto Legislativo No. 926 de 19 de febrero de 2003 (…).

1.4. En relación con la detención preventiva del  señor Urcesino Ramírez Rojas a partir de la anulación de su primero proceso

143.  (…) el Primer Juzgado Penal Especializado en Delito de Terrorismo, a más de 14  años de dictada dicha medida cautelar, no presentó motivación suficiente para  mantener la detención del señor Urcesino Ramírez Rojas.

144.  Por lo anterior, el Estado violó el artículo 7.3 de la Convención, en relación  con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas  en el segundo proceso llevado en su contra.

II. Artículo 8 de la Convención Americana  (Garantías Judiciales) en relación con el artículo 1.1. de la misma

2.1. En relación con las presuntas violaciones del  artículo 8 de la Convención en perjuicio del señor Wilson García Asto

a) Primer proceso seguido en contra del señor  Wilson García Asto

149.  Este Tribunal ha tenido como probado que el señor Wilson García Asto fue  juzgado por tribunales “sin rostro” (…)

150.  En este caso, la Corte observa que la sentencia de 15 de enero de 2003 de la  Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima reconoció que el  procedimiento al que fue sometido el señor Wilson García Asto violó principios  fundamentales como el debido proceso, el de juez natural, el derecho de conocer  si el juzgador resultaba competente y el derecho a no ser juzgado por jueces  sin rostro, así como declaró nulo el primer proceso penal seguido en su contra  en el fuero común por el delito de terrorismo en agravio del Estado

151.  Por lo anterior, tomando en cuenta el reconocimiento parcial sobre hechos  realizado por el Estado (…), este Tribunal considera que durante el primer proceso penal seguido contra el señor Wilson García Asto, el Estado violó el  derecho a un debido proceso, a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, así como el derecho a la publicidad del proceso  penal, según lo establecido en los artículos 8.1, 8.2 y 8.5 de la Convención,  en relación con el artículo 1.1 de la misma.

152.  Este Tribunal ha señalado anteriormente que dentro de las prerrogativas que  deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos  en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer  su defensa.

b) Segundo proceso seguido en contra del señor  Wilson García Asto

155.  En relación con el segundo proceso seguido en contra del señor Wilson García  Asto, las representantes señalaron que, al no haberles sido notificada la  sentencia de 5 de agosto de 2004 que absolvió a la presunta víctima (…), siendo  ésta solamente “leída en acto público” el día de su emisión, el abogado de la  presunta víctima en el ámbito interno no pudo hacer referencia a dicho  documento al momento de presentar sus alegatos orales y escritos ante la Corte  Suprema de Justicia el 7 de febrero de 2005 en relación con el recurso de  nulidad interpuesto por el Ministerio Público contra dicha sentencia absolutoria (…).Esta situación no fue controvertida por el Estado. Al respecto,  la Corte considera que dicha conducta violó el derecho de defensa y el derecho  a ser oída, con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente,  consagrados en el artículo 8.1 y 8.2 inciso c de la Convención, en relación con  el artículo 1.1. de la misma.

156.  La Corte no considera necesario pronunciarse en relación con los demás  argumentos presentados por la Comisión y las representantes sobre la presunta  violación del artículo 8 de la Convención en cuanto a la presentación y  valoración de las pruebas en el segundo proceso penal seguido en contra del  señor Wilson García Asto, toda vez que no se ha acreditado la violación de los  derechos del señor Wilson García Asto.

2.2. En relación con las presuntas violaciones del  artículo 8 en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas.

158.  (…) [T]omando en cuenta las consideraciones formuladas anteriormente (…), así  como el reconocimiento parcial sobre hechos realizado por el Estado (…), este  Tribunal considera que durante el primer proceso penal seguido contra el señor  Urcesino Ramírez Rojas, el Estado violó el derecho a un debido proceso, a ser  juzgado por un juez competente, independiente e imparcial, así como el derecho  a la publicidad del proceso penal, según lo establecido en los artículos 8.1,  8.2 y 8.5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. (…)

160.  Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye  un fundamento de las garantías judiciales. En el presente caso, dicha garantía  judicial no fue respetada por el Estado. (…)Al presumir la culpabilidad del  señor Urcesino Ramírez Rojas, requiriendo a su vez que sea el propio señor  Urcesino Ramírez Rojas el que demuestre su inculpabilidad, el Estado violó el  derecho de presunción de inocencia consagrado en el artículo 8.2 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.

161.  (…) [E]l artículo 13.c del Decreto Ley No. 25.475 aplicado a este caso, impidió  ejercer el derecho a interrogar a los testigos en cuyas declaraciones se sustenta la acusación contra la presunta víctima.  Por lo anterior, y con base en el  reconocimiento de hechos realizado anteriores a 2000, la Corte considera que el  Estado violó el artículo 8.2.f de la Convención, en relación con el artículo  1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas.

162.  En cuanto al análisis del plazo razonable en el primer proceso seguido en  contra del señor Urcesino Ramírez Rojas, este Tribunal observa que transcurrieron más de 38 meses desde que la presunta víctima fuera detenida (…)  hasta que fuera condenada en primera instancia (…), más de 48 meses desde la  detención hasta la confirmación de la sentencia en segunda instancia (…) y más  de 8 años en total desde la detención hasta la desestimación del recurso de  revisión interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia (…). A raíz del  reconocimiento de estos hechos realizado por el Estado, el Tribunal considera  que dicha demora constituyó per se una violación del derecho del señor Urcesino  Ramírez Rojas a ser oída dentro un plazo razonable consagrado en el artículo  8.1 de la Convención.

164.  Desde que el señor Urcesino Ramírez Rojas fue detenido el 27 de julio de 1991  han pasado más de 14 años. (…)

166.  Como señaló anteriormente, el Tribunal considera que una demora prolongada  puede constituir per se una violación de las garantías judiciales (…). Sin  perjuicio de lo anterior, para examinar la razonabilidad del segundo proceso  seguido en contra el señor Urcesino Ramírez Rojas según los términos del artículo 8.1 de la Convención, la Corte toma en cuenta tres elementos: a) la  complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la  conducta de las autoridades judiciales.

171.  A la luz de lo anterior, este Tribunal considera que a pesar de la demostrada  complejidad del nuevo proceso penal seguido contra el señor Urcesino Ramírez  Rojas en el presente caso, las actuaciones de las autoridades estatales  competentes no han sido compatibles con el principio del plazo razonable. El  Tribunal considera que el Estado debe tener en cuenta el tiempo que el señor  Urcesino Ramírez Rojas ha permanecido detenido para llevar a cabo de una manera  diligente el nuevo proceso.

172.  Por todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado ha violado, en perjuicio  del señor Urcesino Ramírez Rojas, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo  razonable, que establece el artículo 8.1 de la Convención Americana. (…)

174.  Como se señaló anteriormente, el Estado “está obligado, en virtud de los  deberes generales de respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho  interno (…) a adoptar las medidas necesarias para asegurar que violaciones como  las que han sido declaradas en la […] sentencia no se produ[zcan] de nuevo en  su jurisdicción”.

175.  En este sentido, corresponde al Estado asegurar que en el nuevo proceso seguido  contra el señor Urcesino Ramírez Rojas se cumplan las exigencias del debido  proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado.

III. Artículo 9 de la Convención Americana  (Principio de legalidad y de retroactividad) en relación con el artículo 1.1

187.  La Corte ha señalado que en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e  irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus  respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de  su poder punitivo.

188.  Con respecto al principio de legalidad penal, la Corte ha advertido que la  elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta  incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no  punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales

189.  La Convención Americana obliga a los Estados a extremar las precauciones para  que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos  de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia  de la conducta ilícita.

190.  En este sentido, corresponde al juez penal, al aplicar la ley penal, atenerse  estrictamente a lo dispuesto por ésta, y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma  tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. (…)

195.  Esta Corte ya ha señalado que el tipo penal de colaboración con el terrorismo  establecido en el artículo 4 del Decreto Ley No. 25.475, que fuera imputado al  señor Wilson García Asto en su primer proceso, no viola lo dispuesto en el  artículo 9 de la Convención Americana. Este mismo criterio se hace extensivo al  tipo penal de pertenencia o afiliación a una organización terrorista contenido  en el artículo 322 del Código Penal de 1991, que se imputó al señor Urcesino  Ramírez Rojas en el segundo proceso llevado en su contra y al artículo 5 del  Decreto Ley No. 25.475, que fuera imputado al señor Wilson García Asto en el  segundo proceso seguido en su contra. Este Tribunal no ha encontrado que dichos  tipos penales violen lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención Americana,  en virtud de que fijan los elementos de las conductas incriminadas, permiten  deslindarlas de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables  con medidas no penales y no contravienen otras normas de la Convención.

196.  A continuación, la Corte analizará si el Estado violó los principios de legalidad  y retroactividad en perjuicio de las presuntas víctimas, al aplicar en los primeros procesos seguidos en su contra los artículos 319 y 320 del Código  Penal de 1991 al señor Urcesino Ramírez Rojas y los artículos 4 y 5 del Decreto Ley No. 25.475 al señor Wilson García Asto.

3.1. En relación con el primer proceso penal  seguido contra el señor Wilson García Asto

200.  El Tribunal estima que calificar una conducta con ambos tipos penales,  colaboración con el terrorismo y afiliación a organizaciones terroristas establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley No. 25.475,  respectivamente, es incompatible con el principio de legalidad establecido en  la Convención, por tratarse de tipos penales excluyentes e incompatibles entre  sí (…).

202.  En razón de lo anteriormente expuesto, tomando en cuenta el reconocimiento de  los hechos ocurridos con anterioridad a septiembre de 2000 hecho por el Estado  (…), la Corte considera que el Estado violó el principio de legalidad  establecido en el artículo 9 de la Convención Americana, en perjuicio del señor  Wilson García Asto, al condenarlo en el primer proceso de manera conjunta por  los delitos de colaboración y afiliación a una organizaciones terroristas en el  primer proceso seguido en su contra.

3.2. En relación con el segundo proceso penal  seguido contra el señor Wilson García Asto.

203.  El segundo proceso seguido en contra del señor García Asto comenzó el 15 de  enero de 2003 (supra párr. 97.31), con la anulación del primer proceso. En el  nuevo proceso la acusación fue hecha por el delito de afiliación a  organizaciones terroristas tipificado en el artículo 5 del Decreto Ley No.  25.475 (…). Como resultado de este nuevo proceso la presunta víctima fue  absuelta el 5 de enero de 2004.

204.  De conformidad con lo anteriormente señalado (…), la Corte no ha encontrado  elementos suficientes para concluir que existe una violación del artículo 9 de  la Convención Americana en perjuicio del señor Wilson García Asto, al aplicar  en el nuevo proceso seguido en su contra el artículo 5 del Decreto Ley No.  25.475.

3.3. En relación con el primer proceso penal  seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas.

206.  Al respecto la Corte considera, como lo ha señalado en otros casos, que en aras  de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva exista y  resulte conocida, o pueda serlo antes de que ocurra la acción o la omisión que  la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como  ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la  conducta del sujeto al que se considera infractor, ya que antes de que una conducta sea tipificada como delito la misma no reviste aún el carácter de  ilícita para efectos penales. Por otro lado, si esto no fuera así, los  particulares no podrían orientar su comportamiento a un orden jurídico vigente  y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste.  Estos son los fundamentos del principio de irretroactividad desfavorable de una  norma punitiva.

207.  En relación con el principio de no retroactividad la Corte observa que en el  primer proceso cursado en contra del señor Urcesino Ramírez Rojas le fueron  imputados ciertos actos que se llevaron a cabo con anterioridad a la entrada en  vigor del Código Penal de 1991, hechos delictivos ocurridos en los años de  1987, 1988, 1989 y 1990 (…).

208.  En razón de lo anterior, tomando en cuenta el reconocimiento de los hechos  anteriores a septiembre de 2000 realizado por el Estado (…), el Tribunal considera que el Estado ha violado el principio de no retroactividad consagrado  en el artículo 9 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de  la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, al aplicar el Código  Penal de 1991 de manera retroactiva en el primer proceso llevado en su contra.

3.4. En relación con el segundo proceso penal  seguido contra el señor Urcesino Ramírez Rojas

209.  La Corte observa que actualmente se encuentra en curso un nuevo proceso contra  el señor Urcesino Ramírez Rojas, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto  Legislativo No. 926. (…)

212.  En este sentido, corresponde al Estado asegurar que en el nuevo proceso seguido  contra el señor Urcesino Ramírez Rojas se observe los principios de legalidad e  irretroactividad consagrados en el artículo 9 de la Convención Americana,  inclusive la adecuación estricta de la conducta al tipo penal.

IV. Artículo 5 de la Convención Americana (Derecho  a la Integridad Personal) en relación con el artículo 1.1. de la misma

226.  Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface  los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la  condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la Convención  Americana.

227.  La Corte entiende que, conforme al artículo 5 de la Convención Americana, el  Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y  atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera (…).

228.  Este Tribunal observa que, a pesar de sus problemas de próstata (…) el señor  Wilson García Asto no recibió la atención médica adecuada (…)

229.  Además de ello, la Corte concluye que las condiciones de detención impuestas al  señor Wilson García Asto, así como la incomunicación, el régimen de aislamiento  celular y la restricción de visitas de sus familiares constituyeron tratos  crueles, inhumanos y degradantes que resultaron en la vulneración de su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, y tomando en  consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por  parte del Estado (…), la Corte considera que el Estado es responsable por la  violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en conexión con el artículo  1.1 de la misma, en perjuicio del señor Wilson García Asto.

230.  El Tribunal ha tenido por probado que los familiares del señor Wilson García  Asto han padecido grandes sufrimientos y constantes preocupaciones como  consecuencia de las condiciones carcelarias degradantes e inhumanas en las que  se encontraba la presunta víctima (…)

231.  En consecuencia, y tomando en consideración el reconocimiento de hechos  anteriores a septiembre de 2000 por parte del Estado (…), la Corte considera  que el Perú es responsable por la violación del artículo 5.1 de la Convención,  en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los señores  Napoleón García Tuesta, Celia Asto Urbano, Gustavo García Asto y Elisa García  Asto.

4.1. En relación con la presunta violación del  artículo 5 de la Convención en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas

233.  La Corte considera que las condiciones de detención impuestas al señor Urcesino  Ramírez Rojas (…), así como la incomunicación, el régimen de aislamiento  celular y la restricción de visitas de sus familiares constituyeron tratos  crueles, inhumanos y degradantes que resultaron en la vulneración de su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, y tomando en  consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por  parte del Estado (…), la Corte considera que el Estado es responsable por la violación  del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas.

234.  En relación con la afectación a la integridad personal de los familiares del  señor Urcesino Ramírez Rojas, este Tribunal ha tenido por probado que, a raíz  de su detención, su familia ha sufrido problemas de salud física, psicológica y  emocional (…).

235.  Por lo anterior, la Corte concluye que las condiciones de detención impuestas  al señor Urcesino Ramírez Rojas, la incomunicación, el régimen de aislamiento  celular y la restricción de visitas de sus familiares, así como los tratos  humillantes que recibía su familia al visitarle, constituyeron una vulneración  de la integridad psíquica y moral de éstos. En consecuencia, tomando en  consideración el reconocimiento de hechos anteriores a septiembre de 2000 por  parte del Estado (…), la Corte considera que el Perú es responsable por la  violación del artículo 5.1 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de  la misma, en perjuicio de los señores María Alejandra Rojas; Pedro, Julio,  Santa, Obdulia, Filomena, Marcelina, Adela, todos ellos Ramírez Rojas, y Marco  Antonio Ramírez Álvarez.

V. Artículos 11, 13 y 17 de la Convención Americana  (Protección de la honra y de la dignidad, libertad de pensamiento y expresión y  protección a la familia) en relación con el Artículo 1.1 de la misma

242.  El Tribunal hace constar que los alegatos relacionados con la supuesta  violación del artículo 11 de la Convención en perjuicio de los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas y sus familiares, se refieren a los hechos  relacionados con la detención arbitraria a la que fueron objeto, su posterior acusación y condena impuesta en un juicio que no contaba con las garantías del  debido proceso, así como las condiciones carcelarias a las que fueron sometidas  en los distintos centros penales en los que permanecieron recluidos. La Corte  considera que, en el presente caso, las consecuencias jurídicas de dichos  hechos ya han sido examinadas en relación con los artículos 5, 7 y 8 de la  Convención, por lo que el Tribunal no estima necesario pronunciase sobre este  punto.

243.  En cuanto a la alegación hecha por las representantes en el sentido de que se  habría violado el artículo 11 de la Convención, en conexión con el artículo 13  de la misma, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, este Tribunal  considera que los hechos del caso no se encuadran dentro de los presupuestos de  tales preceptos (…).

245.  En cuanto a los alegatos por parte de las representantes en relación con la  presunta violación del artículo 17 de la Convención en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas, este Tribunal considera que los hechos  alegados al respecto, ya han sido examinados en relación con la violación del derecho a la integridad personal de los familiares en este caso (…)

Reparations

La Corte declara,

- Que esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.

La Corte dispone:

- Que el Estado debe proporcionar atención gratuita médica y psicológica al señor Wilson García Asto mediante sus servicios de salud, incluyendo la provisión gratuita de medicinas.

- Que el Estado debe proporcionar a los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas la posibilidad de capacitarse y actualizarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de becas.

- Que el Estado debe pagar US$ 30.000,00 a Wilson García Asto y US$ 35.000,00 a Urcesino Ramírez Rojas por concepto de pérdida de ingresos, en el plazo de un año, y US$ 10.000,00 a cada uno por daño emergente, ambos conceptos por concepto de la indemnización por daño material.

- Que el Estado debe pagar US$ 40.000,00 a Wilson García Asto y US$ 50.000,00 a Urcesino Ramírez Rojas; US$ 25.000,00 a Napoleón García Tuesta; US$ 25.000,00 a Celia Asto Urbano; US$ 15.000,00 a Elisa García Asto; US$ 15.000,00 a Gustavo García; US$ 5.000,00 a María Alejandra Rojas; US$ 25.000,00 a Marcos Ramírez Álvarez y US$ 10.000,00 a Santa, e US$ 25.000,00 a Pedro, US$ 25.000,00 a Filomena, US$ 10.000,00 a Julio, US$ 10.000,00 a Obdulia, US$ 10.000,00 a Marcelino y US$ 10.000,00 a Adela, todos ellos Ramírez Rojas, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño inmaterial.

– Que el Estado debe pagar, en el plazo de un año, por concepto de las costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad de US$ 40.000,00 de la cual deberá ser entregada a los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas US$ 20.000,00. 

- Que el Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva del presente fallo.

- Que supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido este caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de este fallo, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

Resolutions

La Corte decide,

- Admitir el reconocimiento de los hechos anteriores a septiembre de 2000 efectuado por el Estado del Perú.

La Corte declara,

- Que el Estado violó, en perjuicio de los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas, los Derechos a la Libertad Personal, Garantías Judiciales y Protección Judicial consagrados en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.2.f, 8.5 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, durante los primeros procesos judiciales a los que fueron sometidos.

- Que el Estado violó, en perjuicio de los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas, el Derecho a la Libertad Personal consagrado en el artículo 7.3 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en los segundos procesos seguidos en su contra.

- Que el Estado violó, en perjuicio del señor Wilson García Asto, en el segundo proceso seguido en su contra, el Derecho a las Garantías Judiciales consagrado en el artículo 8.1 y 8.2.c de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

- Que el Estado violó, en perjuicio del señor Urcesino Ramírez Rojas, en el segundo proceso seguido en su contra, el Derecho a las Garantías Judiciales consagrado en el 122 artículo 8.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

- Que el Estado violó, en perjuicio de los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas, en los primeros procesos llevados a cabo en su contra, el artículo 9 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

- Que no se ha demostrado la violación del artículo 9 de la Convención.

- Que el Estado violó, en perjuicio de los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas, el Derecho a la Integridad Personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

- Que el Estado violó, en perjuicio de los señores Napoleón García Tuesta, Celia Asto Urbano, Elisa García Asto, Gustavo García, María Alejandra Rojas, Marcos Ramírez Álvarez y Santa, Pedro, Filomena, Julio, Obdulia, Marcelino y Adela, todos ellos Ramírez Rojas, los derechos consagrados en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

Further actions to the judgment(s)
Interpretation of judgment: No data

Monitoring compliance with judgment

- Fecha de última resolución: 1 de julio de 2011

- La Corte declara:

(i) Que el Estado ha dado cumplimiento parcial a su obligación de proporcionar al señor Wilson García Asto la posibilidad de capacitarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de una beca.

(ii) El Estado ha dado cumplimiento total a su obligación de realizar los pagos debidos por concepto de daños materiales, daños inmateriales y reintegro de costas y gastos a los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas, así como a Napoleón García Tuesta, Celia Asto Urbano, Elisa García Asto, Gustavo García, María Alejandra Rojas, Santa Ramírez Rojas, Pedro Ramírez Rojas, Filomena Ramírez Rojas, Julio Ramírez Rojas, Obdulia Ramírez Rojas, Marcelino Ramírez Rojas y Adela Ramírez Rojas.

(iii) Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los siguientes puntos pendientes de acatamiento:
a) proporcionar atención gratuita médica y psicológica al señor Wilson García Asto mediante sus servicios de salud, incluyendo la provisión gratuita de medicinas.
b) proporcionar a los señores Wilson García Asto y Urcesino Ramírez Rojas la posibilidad de capacitarse y actualizarse profesionalmente, mediante el otorgamiento de becas.
c) pagar el daño inmaterial correspondiente al señor Marco Ramírez Álvarez por concepto de daño inmaterial. y
d) publicar en un diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de la Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y la parte resolutiva del fallo.

- La Corte resuelve:

(i) Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento en forma integral a las medidas de reparación que fueron ordenadas por el Tribunal en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de
2005, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(ii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 5 de diciembre de 2011, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir de forma integral con las reparaciones ordenadas por esta Corte.

(iii) Solicitar a las representantes de las víctimas y sus familiares, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.

(iv) Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 25 de noviembre de 2005.

(v) Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las representantes de las víctimas y sus familiares.