Technical Data: Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia

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Victim(s):

42 habitantes de Pueblo Bello y sus familiares

Representantive(s):

- Comisión Colombiana de Juristas


- Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos  (ASFADDES) 


- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

 


Demanded Country: Colombia
Summary:

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un grupo de personas de Pueblo Bello por parte de un grupo paramilitar, así como a la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

Keywords: Derecho a la integridad personal, Derecho a la verdad , Derecho a la vida, Derechos de los niños y las niñas, Garantías judiciales y procesales, Jurisdicción militar, Jurisdicción penal, Libertad personal, Protección judicial
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Violated rights
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 13 (Libertad de pensamiento y expresión) , Artículo 19 (Derecho de niño) , Artículo 22 ( Derecho de circulación y de residencia) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)

Other interamerican treaty(ies) Not reccorded

Other instruments: Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convención Europea de Derechos Humanos) – Consejo de Europa, Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias ("Protocolo de Minnesota") – Naciones Unidas
Facts

- Los hechos del presente caso sucedieron entre el 13 y 14 de enero de 199. Un grupo de aproximadamente 60 hombres fuertemente armados, pertenecientes a una organización paramilitar llegaron al corregimiento de Pueblo Bello. Los paramilitares saquearon algunas viviendas y secuestraron a un grupo de personas, quienes finalmente fueron asesinados.

- Se interpusieron una serie de recursos a fin de que se inicien las investigaciones y se sancionen a los responsables. Sin embargo, no se tuvieron mayores resultados.
 

Procedure before the Interamerican Commission of Human Rights

- Fechas de presentación de las peticiones (10.566 y 11.748): 12 de febrero de 1990 y 5 de mayo de 1997

- Fecha de informe de admisibilidad (41/02): 9 de octubre de 2002

- Fecha de informe de fondo (44/03): 8 de octubre de 2003
 

Procedure before the Interamerican Court of Human Rights

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 23 de marzo de 2004

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7 y 19 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas de la alegada masacre perpetrada en la población de Pueblo Bello. Además alegó la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas de la supuesta masacre y sus familiares.

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron con lo alegado por la CIDH. Adicionalmente alegaron la violación de los artículos 13 y 22 de la Convención Americana.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 19 y 20 de septiembre de 2005
 

Competence and admisibility

4. La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que Colombia es Estado Parte en la Convención Americana desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de junio de 1985. 

Recognition of International Responsibility

No se consigna

Analysis of the merits

I.  Obligación de garantizar (artículo 1.1 de la Convención Americana) los derechos  protegidos en los artículos 4, 5 y 7 de la misma (Derechos a la vida, a la  integridad personal y a la libertad personal)

 

1.1.  Los deberes de prevención y de protección de los derechos a la libertad,  integridad personal y vida de las presuntas víctimas

 

 

120. Este Tribunal ha señalado  que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana,  por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos. Los  Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que  se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y,  en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.  El cumplimiento de las obligaciones impuestas  por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1  de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida  arbitrariamente (obligación negativa), sino que además, a la luz de su  obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos,  requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y  preservar el derecho a la vida (obligación positiva).  Esta protección activa del derecho a la vida  por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda  institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus  fuerzas de policía o sus fuerzas armadas.   En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas  necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la  emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para  prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de  actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de  actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas  situaciones ().

 

 

123. Por otro lado, para la Corte es claro que un Estado no puede ser  responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre  particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las obligaciones  convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una  responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de  particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de  los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real  e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las  posibilidades razonables de prevenir  o  evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular  tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos  de otro particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe  atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de  dichas obligaciones de garantía.

 

 

126. (…) Con la interpretación que durante años se le dio  al marco legal, el Estado propició la creación de grupos de autodefensas con  fines específicos, pero éstos se desbordaron y empezaron a actuar al margen de  la ley.  De este modo, al haber  propiciado la creación de estos grupos el Estado creó objetivamente una  situación de riesgo para sus habitantes y no adoptó todas las medidas  necesarias ni suficientes para evitar que éstos puedan seguir cometiendo hechos  como los del presente caso. (…)

 

 

139. (…) [E]l Estado no adoptó,  con la debida diligencia, todas aquellas medidas necesarias para evitar que  operaciones de esta envergadura pudiesen llevarse a cabo en una zona declarada  “de emergencia y de operaciones militares”, situación esta última que coloca al  Estado en una posición especial de

 

 

140. La Corte observa que si bien la masacre de Pueblo Bello ocurrida  en enero de 1990 fue organizada y perpetrada por miembros de grupos  paramilitares, aquélla no habría podido ejecutarse si  hubiere existido protección efectiva de  la población civil en una situación de riesgo razonablemente previsible por  parte de miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad del Estado. Ciertamente  no existen pruebas ante este Tribunal que demuestren que el Estado dirigiera directamente la ejecución de la masacre o que existiese un  nexo entre miembros del Ejército y los grupos paramilitares o una delegación de  funciones públicas de aquél a éstos. No obstante, la responsabilidad por los  actos de los miembros del grupo paramilitar en este  caso en particular es atribuible al Estado en la medida en que éste no adoptó  diligentemente las medidas necesarias para proteger a la población civil en función de las circunstancias descritas. Por las  razones expuestas en los párrafos anteriores, la Corte concluye que el Estado  no cumplió con su obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en  los artículos 4, 5 y 7 de la Convención, por haber faltado a sus deberes de  prevención y protección, en perjuicio de las personas desaparecidas y privadas  de su vida en este caso, garante, debido a la situación del conflicto armado  que imperaba en esa zona y que habría llevado al propio Estado a adoptar  medidas particulares.

 

 

1.2.  La obligación de investigar efectivamente los hechos derivada de la obligación  de garantía

 

 

143. En particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida  la condición previa para la realización de los demás derechos (), una de esas condiciones para  garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de  investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones  extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los  derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y  efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a  ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada  por todos los medios legales disponibles y  orientada a la determinación de la verdad y la investigación,  persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de  todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados  agentes estatales.

 

 

145. La realización de una investigación  efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de  ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como lo  son en el presente caso los derechos a la libertad personal, integridad  personal y vida. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual  pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus  hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,  auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad  internacional del Estado.

 

 

148. Para determinar si la  obligación de proteger los derechos a la vida, a la integridad personal y a la  libertad personal por la vía de una investigación seria de lo ocurrido, se ha  cumplido a cabalidad, es preciso examinar los procedimientos abiertos a nivel  interno destinados a dilucidar los hechos ocurridos en Pueblo Bello y a  identificar a los responsables de las desapariciones de 37 personas y las  privaciones de libertad y, posteriormente de vida de seis personas cuyos  cadáveres se han identificado. Este examen debe hacerse a la luz de lo que  dispone el artículo 25 de la Convención Americana y de los requerimientos que  impone el artículo 8 de la misma para todo proceso, y se efectuará en profundidad  en el próximo capítulo de esta sentencia ().  Para los efectos de la determinación de las violaciones de los artículos 4, 5 y  7 de la Convención, materia de análisis en los párrafos precedentes, baste  decir que la Corte considera que las investigaciones realizadas en Colombia  respecto de los sucesos de Pueblo Bello, en   procedimientos llevados a cabo por la justicia penal ordinaria y la  militar, la justicia disciplinaria y la contencioso administrativa, muestran  graves fallas que han socavado la efectividad de la protección prevista en la  normativa nacional e internacional aplicable en este tipo de casos y han  llevado a la impunidad de ciertos hechos delictuosos que constituyen, a la vez,  graves violaciones de los derechos humanos consagrados en las disposiciones de  la Convención citadas en este párrafo considerativo.

 

 

150. Por todo lo anterior, la  Corte concluye que el Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar los  derechos humanos consagrados en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención  respecto de las personas desaparecidas y privadas de su vida en este caso, al  no realizar una investigación seria, completa y efectiva de los hechos motivo  de esta sentencia.

 

 

151. A las situaciones antes  descritas de falta de debida diligencia en la protección, incluso preventiva,  de los habitantes de Pueblo Bello, y en las investigaciones abiertas al efecto,  se añade que fue el propio Estado el que creó una situación de riesgo que  después no controló ni desarticuló ().  De tal manera, si bien los actos cometidos por los paramilitares contra las  presuntas víctimas del presente caso son hechos cometidos por particulares, la  responsabilidad por aquéllos actos es atribuible al Estado en razón del  incumplimiento por omisión de sus obligaciones convencionales erga omnes de garantizar la efectividad  de los derechos humanos en dichas relaciones interindividuales, y se ve  concretada y agravada por no haber suprimido o resuelto efectivamente la  situación de riesgo propiciada por la existencia de esos grupos y por haber  continuado propiciando sus acciones a través de la impunidad. Por ende, el  Estado es responsable por la privación arbitraria de la libertad e integridad  personales, así como de la vida, de las 43 personas secuestradas en el  corregimiento de Pueblo Bello el día 14 de enero de 1990 y posteriormente  desaparecidas o privadas de su vida.

 

 

1.3.  El derecho a la integridad personal de los familiares de las personas  desaparecidas y privadas de la vida

 

 

154. Esta Corte ha señalado, en  reiteradas oportunidades, que los familiares de las víctimas de violaciones de  los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas.  En esta línea, este Tribunal ha considerado  violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las  víctimas con motivo del sufrimiento propio que éstos han padecido como producto  de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus  seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las  autoridades estatales frente a los hechos.

 

 

160. Como se observa, los  familiares de las personas presuntamente desaparecidas y privadas de la vida  han sufrido graves daños como consecuencia de los hechos de enero de 1990, de  la desaparición y/o privación de la vida de las mismas, por la falta de eficacia en la búsqueda de los cuerpos de  los desaparecidos y, en algunos casos, por el miedo de vivir en Pueblo Bello.  Todo lo anterior, además de haber afectado su integridad física, psíquica y  moral, ha impactado sus relaciones sociales y laborales, ha alterado la  dinámica de sus familias ().

 

 

162. Así, la Corte estima que  los familiares inmediatos  individualizados en este proceso deben ser considerados a su vez como víctimas  de la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo  5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado.

 

 

163. En relación con la alegada  violación del artículo 19 de la Convención (),  la Corte considera que ésta ha sido considerada dentro de las faltas a los  deberes de prevención, protección e investigación declaradas como fundamento de  la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 ().

 

 

II. Artículos  8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo  instrumento (Garantías Judiciales y Protección Judicial)

 

 

169. La Corte ha sostenido que,  según  la Convención Americana, los  Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a  las víctimas de violaciones de los derechos humanos  (artículo 25), recursos que deben ser  sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo  8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados,  de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la  Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)

 

 

170. El Tribunal ha constatado  que, en relación con los hechos del presente caso, fueron abiertos procesos  penales en las jurisdicciones penales   militar y ordinaria, procesos contencioso administrativos  y procedimientos disciplinarios.

 

 

2.1.  Jurisdicción penal ordinaria

 

 

173. En primer lugar, en el  marco de esta investigación es palpable la falta de utilización de técnicas  apropiadas para la recuperación de los restos en la escena del crimen durante  las diligencias de exhumación de cadáveres (…).

 

 

175. Por otro lado, es clara la  negligencia de las autoridades encargadas de las exhumaciones y del personal  del hospital durante las diligencias de reconocimiento de cadáveres en el  Hospital (…).

 

 

177. En este sentido, con base  en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones  Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha  especificado los principios rectores que es preciso observar cuando se  considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las  autoridades estatales que conducen una investigación deben intentar como  mínimo, inter alia: a) identificar a  la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la  muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los  responsables; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en  relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y  momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber  causado la muerte, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental,  suicidio y homicidio.  Además, es  necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar  autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales  competentes y empleando los procedimientos más apropiados

 

 

182. (…) [E]l Tribunal Nacional  determinó errores en lo actuado hasta ese momento y decretó la nulidad parcial  “en lo concerniente […] al homicidio de los moradores de Pueblo Bello cuyos  cadáveres no fueron identificados”, con lo cual la investigación quedó abierta  (…).  Por ende, en términos reales la  desaparición de las otras 37 personas permanece en la impunidad.

 

 

187. En síntesis, la impunidad  parcial y la falta de efectividad del proceso penal en este caso se reflejan en  dos aspectos: en primer lugar, la  gran  mayoría de los 122responsables no han sido vinculados a las investigaciones o  no han sido identificados ni procesados, si se toma en cuenta que participaron  en la masacre alrededor de 60 hombres.     En  segundo  lugar,   la  impunidad  se   refleja  en  el   juicio  y  condena   en ausencia de los paramilitares que se han  visto beneficiados con la acción de la justicia  que los condena pero no hace efectiva la sanción.  

 

 

188. La Corte considera que la  investigación y proceso adelantados en la jurisdicción penal ordinaria no han  representado un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el  derecho de acceso a la justicia de los familiares de las personas desaparecidas  y privadas de la vida con plena observancia de las garantías judiciales.

 

 

2.2.  Jurisdicción penal militar

 

 

189. Con respecto al carácter  de la jurisdicción penal militar, este Tribunal ya ha establecido que en un  Estado democrático de derecho dicha jurisdicción ha de tener un alcance  restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses  jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las  fuerzas militares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión de  delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos  propios del orden militar, independientemente de que para la  época de los hechos la legislación colombiana  facultaba a los órganos de dicha jurisdicción a investigar hechos como los del  presente caso.  

 

 

193. En consecuencia, la  jurisprudencia de este Tribunal, la propia jurisprudencia de la Corte  Constitucional de Colombia, la gran celeridad y el total desinterés con que  actuaron los órganos de la jurisdicción penal militar para esclarecer los  hechos del caso, permiten concluir que además de que esta jurisdicción no era  la vía adecuada, no constituyó un recurso efectivo para investigar las graves  violaciones cometidas en perjuicio de las 43 víctimas de Pueblo Bello, ni para  establecer la verdad de los hechos y juzgar y sancionar a sus responsables. Las  actuaciones en esta vía fueron gravemente negligentes y no se investigó  seriamente a miembros de las Fuerzas Armadas que pudieran estar vinculados con  los hechos.

 

 

2.3.  Procedimiento disciplinario

 

 

203. La Corte observa que el  procedimiento desarrollado en esta sede administrativa tuvo por objeto la  determinación de la responsabilidad individual de funcionarios públicos por el  cumplimiento de sus deberes en función de la prestación de un servicio.  Ciertamente la existencia misma de un órgano dentro de la Procuraduría General  de la Nación para  la atención de casos  de violaciones de derechos humanos reviste un importante objetivo de protección  y sus resultados pueden ser valorados en el tanto coadyuven al esclarecimiento  de los hechos y el establecimiento de este tipo de responsabilidades. No  obstante, una investigación de esta naturaleza tiende a la protección de la  función administrativa y la corrección y control de los funcionarios públicos,  por lo que puede complementar pero no sustituir a cabalidad la función de la  jurisdicción penal en casos de graves violaciones de derechos humanos.

 

 

204. En conclusión, dado que el  procedimiento disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la  Defensa de los Derechos Humanos tampoco constituyera una investigación completa  de los hechos, y en atención a las limitaciones propias de este tipo de  procedimiento –en razón de la naturaleza del tipo de faltas investigadas y de  los fines del órgano a cargo de la misma–, dicho procedimiento no constituyó un  recurso efectivo y suficiente para los propósitos señalados.

 

 

2.4.  Procesos contencioso administrativos

 

 

206. En el  caso de la “Masacre de Mapiripán” la Corte  estimó que la reparación integral de una violación a un derecho protegido por  la Convención no puede ser reducida al pago de compensación a los familiares de  la víctima. (…)

 

 

210. En consecuencia, puesto  que dichos procesos contencioso administrativos se encuentran en trámite y no  han producido resultados concretos al momento de dictar la presente Sentencia,  la Corte considera irrelevante, en las circunstancias del presente caso,  analizar más profundamente los alcances y características de la jurisdicción  contencioso administrativa como un recurso útil y efectivo para los efectos de  un caso de esta naturaleza, así como tampoco evaluar su aplicación en el  presente caso.

 

 

211. Una vez analizados cada  uno de los procedimientos abiertos a nivel interno en relación con los hechos  de Pueblo Bello, así como la interacción general de esos procedimientos en el  contexto de impunidad imperante en el período en que fueron aplicados, se  concluye que el conjunto de las faltas a los deberes de protección y de  investigación ya establecidas han coadyuvado a la impunidad de la mayoría de  los responsables de las violaciones cometidas. Un ataque a  la población civil de las proporciones  subrayadas en este caso no pudo pasar desapercibida por los mandos militares de  las zonas de donde salieron y por donde transitaron los paramilitares. Si bien  han sido condenados algunos de los paramilitares responsables de la masacre,  subsiste una impunidad generalizada en el presente caso, en la medida en que no  ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las

  responsabilidades intelectuales  y materiales por los mismos. Además, es un hecho relevante que la mayoría de  los paramilitares condenados no se encuentren cumpliendo la condena impuesta  por no  haberse hecho efectivas las  órdenes de captura libradas en su contra.  

 

 

212. La Corte concluye que los  procesos y procedimientos internos no han constituido, ni individualmente ni en  conjunto, recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, la  determinación del paradero de las personas desaparecidas y de toda la verdad de  los hechos, la investigación y sanción de los responsables y la reparación de  las consecuencias de las  violaciones.  Por ende, el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25  de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de  los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida del presente  caso.

 

 

III.  Artículo 13 de la Convención Americana (Libertad de pensamiento y de expresión)

 

 

218. Tal como la Corte ha  establecido anteriormente, y reiterado recientemente en el Caso Palamara  Iribarne vs. Chile, las infracciones al artículo 13 de la Convención pueden  presentarse bajo diferentes hipótesis, según conduzcan a la supresión de la  libertad de expresión o sólo impliquen restringirla más allá de lo  legítimamente permitido. No toda trasgresión al artículo 13 de la Convención  implica la supresión radical de la libertad de expresión, que tiene lugar  cuando, por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre  circulación de información, ideas, opiniones o noticias. Ejemplos son la  censura previa, el secuestro o la prohibición de publicaciones y, en general,  todos aquellos procedimientos que condicionan la expresión o la difusión de  información al control del Estado. En tal hipótesis, hay una violación tanto  del derecho de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar bien  informados, de modo que se afecta una de las condiciones básicas de una  sociedad democrática.  

 

  219. En cuanto al llamado  derecho a la verdad, este Tribunal lo ha entendido como parte del derecho de  acceso a la justicia, como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer  a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares y como una  forma de reparación. Por ende, en su jurisprudencia la Corte ha analizado el  derecho a la verdad dentro de los artículos 8 y 25 de la Convención, así como  en el capítulo relativo a otras formas de reparación.  Según fue recientemente señalado en el caso  Blanco Romero vs. Venezuela, la Corte no estima que el derecho a la verdad sea  un derecho autónomo consagrado en los artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la  Convención, como fuera alegado por los representantes.  El derecho a la verdad se encuentra subsumido  en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos  competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las  responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el  juzgamiento.

 

 

220. En el presente caso, los  representantes no han demostrado la manera concreta en que el Estado habría  coartado la libertad de expresión de los familiares de las personas  desaparecidas y privadas  de  la   vida,  ya  sea   porque  la  haya suprimido o restringido más allá de lo  legítimamente permitido. (…) En consecuencia, la Corte considera que el Estado  no violó el artículo 13 de la Convención Americana.

 

 

IV.  Artículo 22 de la Convención Americana (Libertad de circulación y de  residencia)

 

 

225. La supuesta violación del  artículo 22  de la Convención en  perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la  vida, en razón del desplazamiento interno al que se vieran forzados, fue  alegada por primera vez por los representantes durante la exposición  de sus alegatos finales orales en la  audiencia pública. La Corte  observa que,  tal como fue  establecido en los hechos  probados, varios familiares de dichas   personas sufrieron diversas formas de desplazamiento relacionadas con  los hechos del caso (…). No obstante, estos hechos no forman parte  del cuadro fáctico presentado por la Comisión  en la demanda. Dichos desplazamientos sucedieron en diferentes momentos, pero  todos ocurrieron con anterioridad a la presentación del caso ante la Corte, por  lo que tampoco podrían calificarse como hechos nuevos en el proceso ni podría  considerarse que los representantes no los conocían al momento de presentar sus  solicitudes y argumentos. Además de lo anterior, si bien las presuntas  víctimas, sus familiares o representantes tienen  la posibilidad de presentar sus propias  solicitudes, argumentos y pruebas en el proceso ante este Tribunal (…), en  atención a los principios de contradictorio, defensa y lealtad procesal, dicha  facultad no los exime de presentarlos en la primera oportunidad procesal que se  les concede para esos efectos, sea en su   escrito de solicitudes y argumentos. En consecuencia, puesto que los  hechos  que fundamentan el alegato de los  representantes no están contenidos en  la  demanda, y éstos no alegaron esa supuesta violación del artículo 22 de  la Convención en el momento procesal  oportuno, la Corte no analizará estos alegatos ni se pronunciará al respecto.

 

Reparations

La Corte declara que,

- La Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación.

- El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados. 

- El Estado debe adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello.  El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos.
 
- El Estado debe adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable. Para estos efectos, deberá completar las  acciones emprendidas  para recuperar los restos de las personas desaparecidas, así como cualesquiera otras que resulten necesarias, para lo cual deberá emplear  todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia.
 
- El Estado debe garantizar que,  independientemente de las acciones específicas señaladas en el punto resolutivo anterior, las entidades oficiales correspondientes hagan uso de dichas normas internacionales como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de la vida.

- El Estado debe proveer un tratamiento médico o psicológico, según sea el caso, a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de la vida que lo requieran, a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario.

- El Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan visto desplazados, puedan regresar a tal localidad, en caso que así lo deseen.

- El Estado debe realizar, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con las violaciones declaradas en la misma y de desagravio a las personas desaparecidas, a las privadas de la vida y a sus familiares, por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas, como consecuencia de las faltas del Estado a  sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las violaciones  a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio, en presencia de altas autoridades del Estado.
 
- El Estado debe construir, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello.
 
- El Estado debe publicar, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la sección de esta Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma.

- El Estado debe pagar las cantidades  fijadas en el Anexo I de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño material.
 
- El Estado debe pagar las cantidades  fijadas en el Anexo II de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño inmaterial.

- El Estado debe pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos.
 
- La Corte supervisará el cumplimiento  íntegro de Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya ejecutado lo dispuesto en la misma.  Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle acatamiento.
 

Resolutions

La Corte declara que,

- El Estado violó, en perjuicio de Juan Luis Escobar Duarte, José Leonel Escobar Duarte, Andrés Manuel Peroza Jiménez,  Jorge David Martínez Moreno, Ricardo Bohórquez Pastrana y Ovidio Carmona Suárez, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación.

- El Estado violó, en perjuicio de Manuel de Jesús Montes Martínez, Andrés Manuel Flórez Altamiranda, Juan Bautista Meza Salgado, Ariel Dullis Díaz Delgado, Jorge Fermín Calle Hernández, Santiago Manuel González López, Raúl Antonio Pérez Martínez, Juan Miguel Cruz, Genor José Arrieta Lora, Célimo Arcadio Hurtado, José Manuel Petro Hernández, Cristóbal Manuel Arroyo Blanco, Luis Miguel Salgado Berrío, Ángel Benito Jiménez Julio, Benito José  Pérez Pedroza, Pedro Antonio Mercado Montes, Carmelo Manuel Guerra Pestana, César Augusto Espinoza Pulgarín, Miguel Ángel López Cuadro, Miguel Ángel Gutiérrez Arrieta, Diómedes Barrera Orozco, José Encarnación Barrera Orozco, Urías Barrera Orozco, José del Carmen Álvarez Blanco, Camilo Antonio Durango Moreno, Carlos Antonio Melo Uribe, Mario Melo Palacio, Víctor Argel Hernández, Fermín Agresott Romero, Jesús Humberto Barbosa Vega, Benito Genaro Calderón Ramos, Jorge Arturo Castro Galindo, Wilson Uberto Fuentes Marimón, Miguel Antonio Pérez Ramos, Elides Manuel Ricardo Pérez, Luis Carlos Ricardo Pérez y Lucio Miguel Urzola Sotelo, los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 7.1 y 7.2 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en razón del incumplimiento de su obligación de garantizar esos derechos, por haber faltado a sus deberes de prevención, protección e investigación.

- El Estado violó, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado.

- El Estado violó, en perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, para garantizar el acceso a la justicia, consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la misma.

- El  Estado  no  violó,  en  perjuicio de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana.
 

Further actions to the judgment(s)
Interpretation of judgment:

- Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas

- Fecha: 25 de noviembre de 2006

- Solicitud: El Estado solicitó interpretación respecto del alcance de la forma de reparación establecida por la Corte consistente en “implementar, tal como lo ha hecho en otros casos, un programa habitacional de vivienda adecuada para los familiares que regresen a Pueblo Bello”. Asimismo, solicitó aclaración sobre la distribución de las indemnizaciones entre las cónyuges o compañeras de las personas privadas de la vida o desaparecidas. Los  representantes señalaron diversas dudas relacionadas con la determinación de los beneficiarios de las indemnizaciones

- La Corte decide,

(i) Que se desestima por improcedente la demanda de interpretación de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas, planteada por los representantes, en los términos de los párrafos 21 a 28 de la presente Sentencia de interpretación.

(ii) Que el sentido y alcance de lo dispuesto en el párrafo 240 literal a) de la mencionada Sentencia, en relación con los puntos resolutivos décimo sexto y décimo séptimo de la misma, ha sido determinado en los párrafos 32 a 35 de la presente Sentencia de interpretación.

(iii) Que el sentido y alcance de lo dispuesto en los párrafos 275, 276 y 287 de la mencionada Sentencia, en relación con el punto resolutivo décimo segundo de la misma, ha sido determinado en los párrafos 39 a 49 de la presente Sentencia de interpretación.
 


Monitoring compliance with judgment

- La Corte declara,

(i) Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 45 y 52 de la presente Resolución, el Estado ha cumplido con la obligación de:

a) realizar, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional, en relación con las violaciones declaradas en la misma y de desagravio a las personas desaparecidas, a las privadas de la vida y a sus familiares, por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas, como consecuencia de las  faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio, en presencia de altas autoridades del Estado; y

b) publicar, dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia, por una vez, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, la sección de Sentencia denominada Hechos Probados, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la misma.

(ii) Que el Estado ha cumplido parcialmente con sus obligaciones dispuestas en los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia:

a) pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño material; y

b) pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño inmaterial

(iii) Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:

a) realizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar eficazmente, en un plazo razonable, la investigación para determinar la responsabilidad de todos los partícipes en la masacre, así como la de quienes hubiesen sido responsables por acción o por omisión del incumplimiento de la obligación estatal de garantizar los derechos violados;

b) adoptar las medidas pertinentes para que las violaciones a los derechos humanos cometidas sean efectivamente investigadas en procesos en los que se otorguen todas las garantías judiciales, con el fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los que ocurrieron en la masacre de Pueblo Bello.  El Estado debe informar a la Corte cada seis meses sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos;

c) adoptar inmediatamente las medidas pertinentes para buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como para entregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos de entierro de aquéllos, en un plazo razonable. Para estos efectos, deberá completar las acciones emprendidas para recuperar los restos de las personas desaparecidas, así como cualesquiera otras que resulten necesarias, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes en la materia;

d) garantizar que, independientemente de las acciones específicas señaladas en el punto resolutivo anterior, las entidades oficiales correspondientes hagan uso de dichas normas internacionales como parte de su instrumental para efectos de la búsqueda e identificación de personas desaparecidas o privadas de la vida; 

e) proveer un tratamiento médico o psicológico, según sea el caso, a todos los familiares de las 37 personas desaparecidas y de las seis privadas de la vida que lo requieran, a partir de la notificación de la presente Sentencia a quienes ya están identificados, y a partir del momento en que realice su identificación en el caso de quienes no lo están actualmente, y por el tiempo que sea necesario; 

f) realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, así como otros ex pobladores de Pueblo Bello, que se hayan visto desplazados, puedan regresar a tal localidad, en caso que así lo deseen; 

g) construir, en el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia, un monumento apropiado y digno para recordar los hechos de la masacre de Pueblo Bello; 

h) pagar las cantidades fijadas en el Anexo I de la Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño material;

i) pagar las cantidades fijadas en el Anexo II de la Sentencia, a favor de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, por concepto de daño inmaterial; y

j) pagar las cantidades fijadas por concepto de costas y gastos.

La Corte resuelve:

(i) Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 31 de enero de 2006, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(ii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana, a más tardar el 15 de octubre de 2009, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes.

(iii) Solicitar a los representantes de los familiares de las víctimas y a la Comisión que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.

(iv) Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas de 31 de enero de 2006.

 

(v) Solicitar a la Secretaría que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana y a los representantes de las víctimas y sus familiares.