Technical Data: Vera Vera y otra Vs. Ecuador

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Victim(s):

 Pedro Miguel Vera Vera y Francisca Mercedes Vera Valdez

Representantive(s):

 - Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)


Demanded Country: Ecuador
Summary:

 El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por la falta de atención médica que produjo la muerte de Pedro Miguel Vera Vera. 

Keywords: Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Garantías judiciales y procesales, Libertad de asociación, Protección judicial, Salud
  See related jurisprudence
Violated rights
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 16 (Derecho a la Libertad de Asociación) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)

Other interamerican treaty(ies) Not reccorded

Other instruments: Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos – Naciones Unidas
Facts

 - Los hechos del presente caso se inciaron el 12 de abril de 1993, cuando Pedro Miguel Vera Vera, de 20 años de edad, fue detenido por miembros de la Policía Nacional de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Antes de su detención había sido perseguido por un grupo de personas quienes aparentemente lo  acusaban de haber cometido asalto y robo a mano armada. 

- Al detenerlo, los policías notaron que Pedro Miguel Vera Vera presentaba una herida de bala a la altura del  pecho en el costado izquierdo. Lo trasladaron  en taxi al Cuartel de  Policía de la ciudad. Luego de ser registrado en dicho lugar, ese mismo día fue llevado al Hospital Regional de Santo Domingo de los Colorados, donde fue dado de alta al día  siguiente. El 13 de abril de 1993 fue trasladado al Centro de Detención Provisional de Santo Domingo de los Colorados, lugar donde permaneció hasta el 17 de abril.

- Debido a las complicaciones de la herida de bala que presentaba, fue trasladado nuevamente al Hospital Regional de Santo Domingo de los Colorados. El 22 de abril fue llevado al Hospital Eugenio Espejo de Quito, lugar donde falleció al día siguiente.  

 
Procedure before the Interamerican Commission of Human Rights

 - Fecha de presentación de la petición (11.535): 08 de noviembre de 1994

- Fecha de informe de admisibilidad y fondo (82/09): 06 de agosto de 2009

 
Procedure before the Interamerican Court of Human Rights

 - Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 15 de diciembre de 2010.

- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado de Ecuador responsable por la violación de los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 8.1 y 25.1  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1, en perjuicio de Francisca Mercedes Vera Valdez, Agustín Abraham Vera Vera, Patricio Rubén Vargas Vera, Johanna Vargas Vera y Francisco Rubén Vargas Balcázar.

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron con el petitorio de la Comisión. 

- Fecha de la audiencia ante la Corte IDH: 2 de marzo de 2011

 
Competence and admisibility

 13. El artículo 46 de la Convención Americana señala que para que una petición presentada conforme a los artículos 44 o 45 de ese instrumento sea admitida por la Comisión, se requerirá, entre otros, “que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. En tal sentido, la Corte evaluará (…) si en el presente caso se verifican los presupuestos formales y materiales para que proceda una excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos internos (…).

16. Por lo tanto, la Corte observa que existe una contradicción del Estado, ya que los alegatos presentados ante la Comisión Interamericana relativos al no agotamiento de los recursos internos versaron sobre un supuesto proceso judicial que se encontraba en trámite, mientras que los alegatos esgrimidos por el Ecuador ante el Tribunal como fundamento de dicha excepción preliminar se refieren a que no se ha realizado ninguna actividad judicial tendiente a investigar y eventualmente sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos de la presunta víctima y sus familiares porque éstos no han interpuesto denuncia alguna. En tal sentido, la Corte observa que los alegatos presentados por el Estado en la contestación de la demanda no fueron opuestos en el momento procesal oportuno ante la Comisión, de tal manera que no se cumple con uno de los presupuestos formales que exige la excepción preliminar de previo agotamiento de los recursos de jurisdicción interna. Ello hace innecesario el análisis de los demás presupuestos formales y materiales. Por otra parte, el contenido de esta excepción preliminar, relativa la supuesta falta de investigación de los hechos del presente caso, se encuentra íntimamente relacionado con el fondo del presente asunto, en particular en lo referente a la supuesta violación de los artículos 8 y 25 de la Convención.

17. Por lo anterior, la excepción preliminar presentada por el Estado debe ser desestimada, por lo que la Corte continuará con el conocimiento del fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso.

18. La Corte Interamericana es competente en los términos del artículo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso, en razón de que Ecuador es Estado Parte de la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.

 
Recognition of International Responsibility

 "No se consigna"

Analysis of the merits

 

I. Derechos a la  integridad personal y a la vida de Pedro Miguel Vera Vera, en relación con las  obligaciones de respetar y garantizar los derechos.

 

 

38. Para examinar la  alegada responsabilidad internacional del Estado por la violación a los derechos  a la integridad personal y a la vida, en relación con las obligaciones de  respeto y garantía a cargo de éste, del señor Pedro Miguel Vera Vera, la Corte  precisará, en atención al acervo probatorio, las distintas etapas de la  detención y la atención médica recibidos por aquél. (…)

 

 

1.1.  La atención médica como parte del derecho a la vida e integridad personal de  los detenidos y reclusos

 

 

39. Este Tribunal ha sostenido que el derecho  a la vida es fundamental en la Convención Americana, por cuanto de su  salvaguarda depende la realización de los demás derechos

 

 

40. Por otro lado, el  derecho a la integridad personal es de tal importancia que la Convención  Americana lo protege particularmente al establecer (…) la prohibición de la  tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de  suspenderlo durante estados de emergencia (…)

 

 

41. Los derechos a la  vida y a la integridad personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos  (obligación negativa), sino que, además, requiere que el Estado adopte todas las  medidas apropiadas para garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de  su deber general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana.  (…)Así, esta Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como garante de  la salud de las personas bajo su custodia, de proporcionar a los detenidos  revisión médica regular y atención y tratamiento médicos adecuados cuando así  se requiera.

 

 

43. Los derechos a la  vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados  con la atención a la salud humana. (…)

 

 

44. Este Tribunal ha  señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos  materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser  humano en el sentido del artículo 5 de la Convención Americana. Así, la falta  de atención médica adecuada a una persona que se encuentra privada de la  libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo  5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la  persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que  padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales  acumulativos y, en algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros.

 

 

1.2.  Análisis de cada etapa de la atención médica recibida por el señor Vera Vera

 

 

47. (…) Las partes no  proporcionaron argumentos ni elementos probatorios que permitan al Tribunal  analizar si, bajo las circunstancias en que el señor Vera Vera fue detenido, su  traslado inicial en taxi hacia el cuartel de policía y luego, veinte minutos  después, al Hospital Regional en Santo Domingo de los Colorados constituyó un  incumplimiento por parte del Estado de obligaciones derivadas de la Convención.  Por lo tanto, la Corte no se pronunciará sobre posibles violaciones de los  derechos humanos del señor Vera Vera cometidas durante este lapso.

 

 

52. En relación con este  primer internamiento del señor Pedro Miguel Vera Vera en el Hospital Regional  de Santo Domingo de los Colorados, la Corte observa que de acuerdo con el  peritaje (…), durante este período los médicos que atendieron a la presunta  víctima incurrieron en varias omisiones que constituyeron “grave negligencia  médica”.

 

 

53. (…) Tales peritos  refirieron que (), los médicos del Hospital Regional debieron  “verificar si existía o no una hemorragia gastrointestinal o intraperioneal”  mediante “algún reconocimiento médico como ultrasonido, rayos X, lavado  peritoneal diagnóstico (LPD), laparoscopía, hemograma básico o comprobación  hematológica del vómito”. De esta manera, señalaron que ante la falta de  información que justificara el alta de un paciente del hospital con “el  historial y los hallazgos clínicos de[l señor] Pedro Miguel Vera Vera”, como  por ejemplo, resultados de laboratorio o de reconocimientos físicos, el  permitir el egreso del señor Pedro Miguel Vera Vera el 13 de abril de 1993 de  dicha institución “constituy[ó] una grave negligencia médica”

 

 

54. De esta manera, la  Corte constata que el señor Vera Vera fue dado de alta del Hospital Regional de  Santo Domingo de los Colorados sin que se hubiesen realizado los exámenes o  diagnósticos pertinentes en atención a su condición y a las lesiones que  presentaba (…).

 

 

55. Esta Corte observa  que el 13 de abril de 1993 el señor Vera Vera fue trasladado al Centro de  Detención Provisional de Santo Domingo. (…)

 

 

63. En vista de los  hechos probados en esta sección, la Corte observa que las Reglas Mínimas de  Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos ya  mencionadas, además de exigir la realización  de exámenes médicos tan a menudo como sea necesario (), también señalan  (…) que: [s]e dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera  cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a  hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de  hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los  productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos  los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer  suficiente preparación profesional.(…)

 

 

65. Aunado a lo anterior,  no se desprende del acervo probatorio que el señor Vera Vera haya sido sometido  a exámenes médicos especiales al momento de ingresar a la Unidad Policial. Por  otro lado, el Tribunal observa que pese a no contar con los equipos necesarios  para detectar complicaciones que podrían requerir tratamiento y control por  parte de médicos especializados, el médico de la Unidad Policial concluyó que  no era necesaria la extracción de la bala que el señor Vera Vera tenía alojada  en el costado, por lo que no fue trasladado a un hospital sino hasta cuatro  días después, al presentarse los síntomas de complicaciones (…). Todo ello,  pese a las recomendaciones de los peritos médicos designados por el Comisario  Segundo Nacional de Policía tras la realización del reconocimiento médico del  señor Vera Vera (). Por lo tanto, la Corte estima que el tratamiento y  la atención médica recibida por el señor Vera Vera en el cuartel de policía fue  negligente.

 

 

74. (…) [E]l Tribunal  considera que la prueba referida es insuficiente para concluir que la  intervención quirúrgica realizada en el Hospital Eugenio Espejo el 22 de abril  de 1993 haya sido negligente. Por otra parte, la Comisión y el representante no  aportaron elementos adicionales al respecto.

 

 

II.  Violación de los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención, en relación con el  artículo 1.1 de la misma.

 

 

75. En definitiva, el  Tribunal observa que en este caso, el Estado no brindó atención médica adecuada  y oportuna al señor Pedro Miguel Vera Vera. Lo anterior, puesto que éste fue  dado de alta luego de su primer internamiento en el Hospital de Santo Domingo  de los Colorados sin que se hubiesen realizado los exámenes o diagnósticos  pertinentes en atención a las lesiones que presentaba (); cuando estuvo  detenido en el Centro de Detención Provisional de Santo Domingo, el Estado no  dispuso inmediatamente el traslado del señor Vera Vera a un hospital que  contara con las facilidades para atender sus necesidades de salud sino que se  le mantuvo en ese lugar hasta que las complicaciones de su herida fueron  evidentes (); cuando se le trasladó por segunda vez al Hospital de  Santo Domingo de los Colorados el señor Vera Vera no fue intervenido  quirúrgicamente ni se adoptaron otras medidas apropiadas para atender su grave  estado de salud, lo cual le provocó un deterioro físico mayor ().  Posteriormente, en el hospital Eugenio Espejo de Quito ya no se pudo salvar la  vida del señor Vera Vera dado que su condición de salud era ya muy delicada. En  definitiva, la intervención quirúrgica que requería el señor Vera Vera no se  realizó sino hasta diez días después de que recibió un impacto de bala y fue  detenido, no obstante su grave estado de salud (). Además, la atención  médica brindada por el Estado fue impulsada por la señora Vera Valdez en  reiteradas ocasiones (). Para la Corte, la serie de omisiones en que  incurrió el Estado a través de sus agentes a lo largo del tiempo en que Pedro  Miguel Vera Vera estuvo bajo su custodia constituyó negligencia médica que  resultó en su muerte, lo cual compromete su responsabilidad internacional.

 

 

77. Así, la Corte Europea  ha tomado en cuenta factores tales como la falta de asistencia médica de  emergencia y especializada pertinente, deterioro excesivo de la salud física y  mental de la persona privada de la libertad y exposición a dolor severo o  prolongado a consecuencia de la falta de atención médica oportuna y diligente,  las condiciones excesivas de seguridad a las que se ha sometido a la persona a  pesar de su evidente estado de salud grave y sin existir fundamentos o  evidencias que las hicieran necesarias, entre otros, para valorar si se ha dado  un tratamiento inhumano o degradante a la persona privada de la libertad.

 

 

78. Al respecto, el  Tribunal observa que en el presente caso la negligencia médica de las  autoridades estatales ante el tipo de lesión que sufrió el señor Vera Vera, es  decir, una herida de bala, ocasionó un doloroso deterioro en su estado físico  durante el transcurso de diez días, que culminó con su muerte, resultados que  pudieron haberse evitado con tratamiento médico adecuado y oportuno ().  Asimismo, por su estado de salud y por su privación de libertad, era evidente  que el señor Vera Vera no hubiera podido valerse por sí mismo para que fuera  atendido de manera oportuna ya que ello era una obligación de las autoridades  que estaban a cargo de su custodia. Para la Corte, estos hechos configuran  tratos inhumanos y degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la Convención  Americana en detrimento del señor Vera Vera.

 

 

79. Por lo tanto, para  este Tribunal es claro que la falta de atención adecuada y oportuna mientras el  señor Pedro Miguel Vera Vera se encontraba bajo custodia del Estado generó  violaciones a sus derechos a la integridad personal y a la vida, por lo cual  estima que el Estado ecuatoriano violó los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la  Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en su  perjuicio.

 

 

III. Garantías judiciales  y protección judicial en relación con Pedro Miguel Vera Vera y Francisca  Mercedes Vera Valdez

 

 

86. La Corte ha señalado  que del artículo 8 de la Convención Americana se desprende que las víctimas de  violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias  posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en  procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables,  como en la búsqueda de una debida reparación. Asimismo, la Corte ha considerado  que los Estados tienen la obligación de proveer recursos judiciales efectivos a  las personas que aleguen ser víctimas de violaciones de derechos humanos  (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las  reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la  obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y  pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona  que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). Asimismo, el Tribunal ha  señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la  presunta víctima o de los familiares no sólo se desprenden de las normas  convencionales de derecho internacional, imperativas para los Estados Parte,  sino que además deriva de la legislación interna que hace referencia al deber  de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten  que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, pruebas,  peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de participar  procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la  verdad de los hechos.

 

 

87. A la luz de ese  deber, cuando se trata de la investigación de la muerte de una persona que se  encontraba bajo custodia del Estado, como en el presente caso, las autoridades  correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin  dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. (…)Es pertinente  destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de  resultados. Sin embargo, debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico  propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa,  o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa  procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de  elementos probatorios.

 

 

88. La Corte ha  establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los  derechos consagrados en la Convención, de la observancia de los derechos a la  vida y a la integridad personal de todo individuo que se halle bajo su  custodia. Puede considerarse responsable al Estado por los tratos crueles,  inhumanos o degradantes que sufre una persona que ha estado bajo la custodia de  agentes estatales, o que ha fallecido en tales circunstancias, cuando las  autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del  procesamiento de los responsables.

 

 

89.  (…) [E]ste Tribunal considera  que el informe policial del Estado ecuatoriano realizado dos años después de  los hechos no cumple con los estándares establecidos por esta Corte para el  cabal cumplimiento de su obligación de investigar bajo la Convención, ya que no  se utilizaron todos los medios legales disponibles, la indagación no estuvo  orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento  y castigo de todos los responsables de los hechos, ni fue realizada por una  entidad imparcial sino por la propia institución policial. (…)

 

 

91. Así, la Corte estima  que conforme al deber de custodia, una vez que el señor Vera Vera fue detenido  y agentes estatales se percataron de que éste se encontraba herido de bala, el  Estado debió iniciar una investigación sobre tal situación. Este deber de  custodia también implicaba que inmediatamente después de la muerte del señor  Vera Vera correspondía al Estado brindar una explicación satisfactoria al  respecto, ya que no se trataba de cualquier persona sino de una que se  encontraba bajo su resguardo.

 

 

92. Asimismo, la Corte  observa que el deber de investigar las circunstancias del fallecimiento del  señor Vera Vera mientras se encontraba bajo la custodia del Estado se  desprendía de la legislación penal ecuatoriana al momento de los hechos. (…)

 

 

93. Al respecto, el  Tribunal recuerda que el objeto de su mandato es la aplicación de la Convención  Americana y de otros tratados que le otorguen competencia. No corresponde a  este Tribunal determinar responsabilidades individuales, cuya definición  compete a los tribunales penales internos o a otros tribunales internacionales,  sino conocer los hechos traídos a su conocimiento y calificarlos en el  ejercicio de su competencia contenciosa, según la prueba presentada por las  partes (…).

 

 

94. Teniendo en cuenta lo  anterior, la Corte se encuentra impedida para determinar si lo sucedido al  señor Vera Vera se encuadra en los tipos penales de lesiones u homicidio  señalados por el representante y el perito Manuel Ramiro Aguilar Torres ya que  ello, precisamente, corresponde a las autoridades competentes del Estado. (…)

 

 

97. Es jurisprudencia de  este Tribunal que el actuar omiso y negligente de los órganos estatales no es  compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con mayor  razón si están en juego bienes jurídicos esenciales de las personas, como lo es  la vida. Por lo anterior, la Corte considera que en el presente caso el Estado  incumplió con su obligación general de investigar la muerte del señor Pedro  Miguel Vera Vera. La Corte estima que esta obligación es aun más relevante en  el presente caso, ya que su fallecimiento ocurrió cuando el señor Vera Vera se  encontraba bajo custodia estatal. Lo anterior ha propiciado la impunidad de los  hechos, la cual ha sido definida por el Tribunal como la falta en su conjunto  de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los  responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención  Americana. (…)

 

 

99. En consideración de  todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1 y  25.1 de la Convención Americana, conjuntamente con el artículo 1.1 de este  instrumento, en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera y de la señora  Francisca Mercedes Vera Valdez, por la falta de investigación, juzgamiento y,  en su caso, sanción de los responsables del fallecimiento de aquél estando bajo  custodia estatal.

 

 

IV. Derecho a la  integridad personal en relación con la obligación de respetar y garantizar los  derechos respecto de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez

 

 

100. El Tribunal tiene  competencia, a la luz de la Convención Americana y con base en el principio iura  novit curia, el cual se encuentra sólidamente respaldado en la  jurisprudencia internacional, para estudiar la posible violación de las normas  de la Convención que no han sido alegadas en los escritos presentados ante ella  (…).

 

 

101. En el presente caso  ni la Comisión ni el representante alegaron la violación del derecho a la  integridad personal que consagra el artículo 5.1 de la Convención Americana, en  perjuicio de la señora Francisca Mercedes Vera Valdez. No obstante, la Corte  estima que los hechos de este caso, sobre los cuales las partes han tenido  amplia posibilidad de presentar alegatos y defenderse, muestran una afectación  a este derecho (…).

 

 

104. En otras  oportunidades, el Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad  psíquica y moral de algunos familiares con motivo del sufrimiento que estos han  padecido a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales,  tomando en cuenta, entre otros, la existencia de un estrecho vínculo familiar.

 

 

105. Para el Tribunal es  claro que los hechos establecidos en esta Sentencia demuestran el sufrimiento  que padeció la señora Vera Valdez por el trato dispensado al señor Vera Vera  mientras estuvo privado de libertad con una herida de bala, por el trato  recibido por ella misma ante sus esfuerzos por procurarle una atención médica  adecuada y por la falta de esclarecimiento de los responsables por el  fallecimiento de su hijo. La Corte no considera necesario mayor abundamiento al  respecto y, por lo tanto, considera que el Estado es responsable por la  violación del derecho consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en  relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de la señora Francisca  Mercedes Vera Valdez.

 

 
Reparations

 

La  Corte dispone que,

 

 

- La Sentencia de  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una  forma de reparación.

 

 

- El Estado debe adoptar,  en un plazo razonable, las medidas necesarias para que la madre de Pedro Miguel  Vera Vera pueda conocer lo sucedido a su hijo.

 

 

- El Estado debe realizar  las publicaciones de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones  y Costas y difundirla. La Corte considera que el Estado deberá publicar en el  Diario Oficial, por una sola vez, los párrafos 1 a 18, 25 a 38, 45 a 79, 82 a  84, 89, 103, 105, 106, 108, 110 a 125, 128, 131 a 133, 135 a 137, 140, 143 a  145, y 153 de la misma. El Estado también deberá publicar en otro diario de  amplia circulación nacional el resumen oficial de la Sentencia de Excepción  Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas emitida por la Corte. Adicionalmente,  deberá publicarse íntegramente en un sitio web oficial adecuado, y  permanecer disponible durante un período de un año.

 

 

- El Estado debe pagar  US$ 40,000.00 y US$ 20,000.00  por  concepto de daño material e inmaterial a favor de la Sra. Francisca Mercedes  Vera Valdez, y US$ 10,000.00 por concepto de gastos y costas al representante  de las víctimas.

 

 

- Conforme a lo  establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte  supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Excepción Preliminar,  Fondo, Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que  el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma.

 

 

- Dentro del plazo de un  año a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo,  Reparaciones y Costas el Estado deberá rendir al Tribunal un informe sobre las  medidas adoptadas para darle cumplimiento.

 

 
Resolutions

 La Corte declara,

-Desestimada la excepción preliminar presentada por el Estado. 

- La responsabilidad al Estado por la violación de los derechos a la integridad personal y a la vida establecidos en los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pedro Miguel Vera Vera. 

- La responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio de Pedro Miguel Vera Vera y Francisca Mercedes Vera Valdez.

- El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal establecido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Francisca Mercedes Vera Valdez. 

 
Further actions to the judgment(s)
Interpretation of judgment: No data

Monitoring compliance with judgment

 - Fecha de la última resolución: 23 de octubre de 2012. 

- La Corte declara, 

(i) Que el Estado ha dado cumplimiento parcial a la obligación de  asegurar la difusión de la Sentencia entre las autoridades policiales, penitenciarias y personal médico a cargo de personas privadas de libertad. 

 (ii) Que se encuentra pendiente de cumplimiento la obligación de adoptar, en un  plazo razonable, las medidas  necesarias para que la madre de Pedro Miguel Vera Vera pueda conocer lo sucedido a su hijo. 

- La Corte resuelve, 

(i) Solicitar a la República del Ecuador que continúe adoptando todas las medidas  que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos.

(ii) Solicitar a la República del Ecuador que presente a la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, a más tardar el 15 de febrero de 2013, un informe en el cual  indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento. Posteriormente, la República del  Ecuador debe continuar informando a la Corte cada tres meses.  

(iii) Solicitar al representante de las víctimas y a la Comisión Interamericana de  Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes a los  informes de la República del Ecuador, en  el plazo de cuatro y seis semanas, respectivamente, contado a partir de la  notificación de dichos informes. 

(iv) Disponer que la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  que notifique la presente Resolución a la República del Ecuador, al representante de  las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.