Jorge Fernando Grande

Pedro Patiño-Mayer y Alurralde

 El caso se refiere a la falta de responsabilidad internacional del Estado por las presuntas irregularidades cometidas en un proceso penal seguido contra Jorge Fernando Grande.

Los hechos del presente caso se refieren a Jorge Fernando Grande, quien era jefe de créditos de la Cooperativa de Crédito Caja Murillo. El 28 de julio de 1980, la División de Bancos de la Policía Federal Argentina tomó conocimiento en forma confidencial, por parte de Jorge Fernando Grande, que en dicha Cooperativa se otorgarían créditos sin las garantías necesarias. En esa misma fecha, la citada policía allanó la sede de la cooperativa y se llevó numerosas carpetas y documentos

 Jorge Fernando Grande fue detenido el 29 de julio de 1980 por la División de Bancos de la Policía Federal en el Banco de la Nación, instalaciones a las que habría sido citado para continuar colaborando con la investigación. El 12 de agosto de 1980 el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional No. 1 resolvió la situación jurídica del dueño de la cooperativa y de otras personas allegadas a la misma, incluyendo a Jorge Fernando Grande El Juez Federal consideró que las irregularidades que se desprendían de la documentación secuestrada por la Policía Federal debían calificarse como subversión económica

 El señor Grande presentó una demanda de daños y perjuicios contra el Estado, en la que solicitó que se le indemnizara por el daño material, moral y gastos, en virtud que hubo un error judicial en su contra. El 14 de abril de 1992 el juez de primera instancia del Tribunal en lo Contencioso Administrativo Federal emitió una sentencia en la que decidió fijar indemnización a favor de Jorge Fernando Grande. El 6 de abril de 1993 la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revocó la sentencia de primera instancia. El señor Grande presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia por causal de arbitrariedad en contra de la sentencia de 6 de abril de 1993. El 12 de abril de 1994 la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario

 - Fecha de presentación de la petición: 2 de noviembre de 1994

- Fecha de informe de admisibilidad (03/02): 27 de febrero de 2002 

- Fecha de informe de fondo (109/09): 10 de noviembre de 2009

 -Fecha de remisión del caso a la Corte IDH:

-Petitorio de la CIDH: solicitó a la Corte que establezca la responsabilidad internacional del Estado porque ha incumplido con sus obligaciones al incurrir en las violaciones de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento, en perjuicio del señor Grande, por no haberle brindado acceso a su derecho a un debido proceso y a un recurso efectivo.

-Petitorio del representante de la víctima:: Coincide y solicitó que se declare la violación del artículo XXV (Derecho a la Protección contra la Detención Arbitraria) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

-Fecha de audiencia ante la Corte IDH:

I.         Excepciones Preliminares

1.1. “Incompetencia ratione  temporis del Tribunal”

37. Argentina reconoció la  competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 5 de septiembre de 1984 y  en su declaración interpretativa indicó que el Tribunal tendría competencia  respecto de “hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación” de la  Convención Americana, efectuada en esa misma fecha. Con base en lo anterior y  en el principio de irretroactividad, la Corte en principio no puede ejercer su  competencia contenciosa para aplicar la Convención y declarar una violación a  sus normas cuando los hechos alegados o la conducta del Estado que pudieran  implicar su responsabilidad internacional son anteriores a dicho reconocimiento  de la competencia

39. La Corte hace notar  que, en sus alegaciones a esta excepción preliminar, tanto la Comisión  Interamericana como el representante, respectivamente, hicieron referencia a  hechos o diligencias policiales o judiciales, tales como: a) el allanamiento de  la sede de la Cooperativa de Crédito Caja Murillo; b) el secuestro de diversa  documentación; c) la detención del señor Grande y su privación de libertad del  29 de julio al 12 de agosto de 1980, y d) así como todas aquellas actuaciones  judiciales desarrolladas en el proceso penal entre el 29 de julio de 1980 y el  5 de septiembre de 1984, todos ellos ocurridos antes de que el Estado  reconociera la competencia contenciosa de la Corte. En razón de lo expuesto,  este Tribunal considera que dichos hechos, así como cualquier otro, ocurridos  con anterioridad al reconocimiento de la competencia contenciosa efectuado el 5  de septiembre de 1984 por el Estado, quedan fuera de la competencia de la  Corte.

40. Por tanto, el Tribunal  es competente para conocer únicamente todos los hechos o actuaciones ocurridos  con posterioridad al 5 de septiembre de 1984, respecto a las presuntas  violaciones. En consecuencia, encuentra fundada la excepción preliminar en  cuanto a los hechos ocurridos con anterioridad a dicha fecha. 

1.2. “Violación del Derecho de Defensa del Estado Argentino durante la  sustanciación del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”

44. Este Tribunal observa  que el Estado ha sostenido reiteradamente que no pudo ejercer el derecho de  defensa en el procedimiento de admisibilidad de la petición, ya que según éste  la Comisión cambió el objeto procesal de la petición, para lo cual el Estado  controvirtió requisitos de admisibilidad, y la Comisión no los valoró. De  acuerdo a dichas manifestaciones del Estado y lo expresado por la Comisión al  respecto, este Tribunal considera oportuno en el presente caso examinar el  procedimiento seguido ante la Comisión Interamericana

51. Con posterioridad al  Informe de Admisibilidad, mediante escrito de 7 de noviembre de 2002, (en  respuesta a la nota de la Comisión de 3 de septiembre de 2002), el Estado  señaló, en lo pertinente, que: “el marco de referencia analítico del informe  parecía no coincidir con el contenido y el objeto del alegato inicial del  peticionario”. Al respecto, el Estado argumentó que “si bien es razonable  inferir que del contenido general del relato del peticionario podrían surgir  cuestionamientos a lo acontecido en el marco de los hechos vinculados con el  allanamiento y posterior proceso penal, […] esa no parece haber sido la  intención del peticionario. Ello atentó a que la lectura de su denuncia surge  que el [señor] Grande se agravia de la presunta violación de los artículos 8.2  y 10 de la Convención, que a su juicio se habría configurado en el marco de la  demanda por daños y perjuicios que fuera rechazada por la Cámara de Apelaciones  en lo Contencioso Administrativo Federal”.

52. Además, en dicho  escrito de 7 de noviembre de 2002, el Estado destacó que aunque la petición  buscaba la declaración de la supuesta responsabilidad del Estado “por las  consecuencias que habría generado un proceso fundado en pruebas luego  desechadas, ello no autoriza a valorar tales hechos a la luz de la Convención  y/o […] la compatibilidad de los hechos relativos al allanamiento y posterior  procesamiento con las obligaciones asumidas por el Estado [siendo que] el  reclamo estaría viciado de extemporaneidad, y seria por tanto inadmisible”.  Agregó el Estado que “[p]arece claro que […] la supuesta incompatibilidad del  allanamiento y del proceso penal con las obligaciones del Estado en el marco de  la Declaración [Americana] y de la Convención, se aplicaría lo dispuesto por el  artículo 46.1.b de ésta última”.

54. De lo expuesto, la  Corte observa que efectivamente en su Informe de Admisibilidad No. 3/02 la  Comisión modificó, invocando el principio iura novit curia, el objeto de la  petición del señor Grande, que se refería a las presuntas violaciones ocurridas  en el proceso contencioso administrativo (supra párrs. 2 y 47). En específico,  la Comisión incluyó la alegada violación del plazo razonable en el proceso  penal y el análisis de los artículos 8 y 25 de la Convención, así como  desestimó los alegatos del peticionario relativos a las alegadas violaciones a  los artículos 8.2 y 10 de la misma, en relación con el reclamo indemnizatorio  seguido en la jurisdicción contenciosa administrativa, y respecto de los cuales  el Estado había emitido sus alegatos en la etapa de admisibilidad de la  petición. Por tanto, fue en este momento cuando el Estado, procesalmente, tuvo  conocimiento sobre el alcance del objeto de la petición en el presente caso.  

55. Frente a este nuevo  planteamiento de la Comisión, el Estado emitió distintos alegatos posteriores  al Informe de Admisibilidad para controvertir la competencia de la Comisión  para conocer del nuevo objeto de la petición, entre los que señaló la falta de  agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario en lo que  respecta al proceso penal, así como “la extemporaneidad en la presentación del  reclamo referente a la presuntas violaciones en relación con el proceso penal”,  en aplicación del artículo 46.1.b) de la Convención. Sin embargo, en el Informe  de Fondo No. 109/09 la Comisión se limitó a indicar que los argumentos de  admisibilidad no tenían lugar en ese momento procesal, por lo que no se  pronunció al respecto.

60. Queda claro para esta  Corte que la petición presentada dentro del plazo de seis meses exigido por el  artículo 46.1.b) de la Convención era concerniente al reclamo indemnizatorio en  el procedimiento contencioso administrativo, y no propiamente en relación con  el proceso penal. Por tanto, respecto a las alegadas violaciones que fueron  incluidas en el Informe de Admisibilidad No. 3/02, referentes a los hechos  relacionados con el proceso penal, la Comisión no verificó debidamente el  requisito de admisibilidad del artículo 46.1.b) de la Convención (supra párr.  57).

61. En consideración de lo  anterior, en el presente caso, este Tribunal encuentra fundada la presente  excepción preliminar, debido a que con motivo del cambio en el objeto de la  petición en el Informe de Admisibilidad, y la posterior aplicación, por parte  de la Comisión, de la preclusión procesal de los alegatos del Estado frente a  requisitos de admisibilidad en su Informe de Fondo, la Comisión omitió  verificar el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 46.1.b) de  la Convención respecto del proceso penal. En consecuencia, la Corte no conocerá  del referido proceso penal.

1.3. “Falta de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna”

65. En cuanto a la  interposición de la presente excepción preliminar, esta Corte se remite a lo ya  resuelto en la excepción preliminar ratione temporis, respecto del período  materia de su competencia, así como lo resuelto en la segunda excepción  preliminar, en el sentido de que el Tribunal no conocerá las alegaciones  referentes al proceso penal.

66. Asimismo, esta Corte  considera innecesario analizar si los recursos disponibles en la jurisdicción  interna en relación con el proceso penal fueron agotados o no, siendo que para  la fecha en que fue presentada la petición ante la Comisión Interamericana, el  2 de noviembre de 1994, el procedimiento penal ya había culminado, cuatro y  diez meses antes, con una decisión de sobreseimiento en favor del señor Grande.

67. Por otra parte, el  Tribunal nota que no existe controversia entre las partes en relación con el  agotamiento de los recursos internos en lo que concierne al proceso contencioso  administrativo, el cual se encuentra dentro del objeto de análisis de esta  Corte.

68. Por tanto, el Tribunal  considera que no es procedente pronunciarse sobre la presente excepción  preliminar, y siendo que los hechos relacionados con las presuntas violaciones  a los artículos 8 y 25 de la Convención ocurridas en el proceso contencioso  administrativo se encuentran dentro de la competencia de la Corte, éstas serán  analizadas en el fondo de la presente Sentencia.

No se consigna

 I. Artículos 8 y 25 de la Convención Americana

91.  En lo que se refiere al procedimiento contencioso administrativo, el cual se  tramitó dentro de la competencia contenciosa del Tribunal, esta Corte observa  que el señor Grande interpuso una demanda de daños y perjuicios en la vía  contenciosa administrativa para la determinación de sus derechos  indemnizatorios, por considerar que hubo un error judicial en su contra, en el  cual expuso su reclamos y fue oído por un juez competente. Asimismo, la  presunta víctima tuvo la oportunidad de interponer todos los recursos  disponibles en la jurisdicción interna, como se señaló en los párrafos 82 al 90  de la presente Sentencia.

93.  Al respecto, el Tribunal observa que ni la Comisión ni el representante  presentaron alegatos y hechos específicos y autónomos ocurridos durante la  tramitación del reclamo indemnizatorio en la jurisdicción contenciosa  administrativa que puedan derivar violaciones al debido proceso y garantías  judiciales. En consecuencia, no se demostró la responsabilidad internacional  del Estado por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana,  en perjuicio del señor Jorge Fernando Grande.

No se consigna

La  Corte decide que,

-  Admite la primera excepción preliminar

-  Admite la segunda excepción preliminar

- No  procede pronunciarse sobre la tercera excepción preliminar

- No  fue demostrado que el Estado violó los derechos a las garantías y protección  judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana  sobre Derechos Humanos

- Se  archive el expediente.