Ficha Técnica: “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la corte

Solicitante:

Gobierno de Perú

Palabras Claves: Competencia consultiva, Instrumentos internacionales de derechos humanos
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Convención Americana: Artículo 29 (Normas de interpretación)

Otro(s) tratado(s) interamericano(s) No se consigna

Otros Instrumentos: No se consigna
Preguntas formuladas

¿Cómo debe ser interpretada la frase: "o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos "?
 
Esa frase se refiere y comprende:
 
a) ¿Solamente los tratados adoptados dentro del marco o bajo los auspicios del Sistema Interamericano?; o,
b) ¿Los tratados concluidos únicamente entre Estados Americanos, o sea que la referencia está limitada a los tratados en que son partes exclusivamente Estados Americanos?; o,
c) ¿Todos los tratados en los que uno o más Estados Americanos sean partes?

Amicus curiae presentados

-Instituto Interamericano de Derechos Humanos
-International Human Rights Law Group
-International League for Human Rights y el Lawyers Committee for International Human Rights
-Urban Morgan Institute for Human Rights of the University of Cincinnati College of Law.
 

Competencia y Admisibilidad

 

18. La amplitud de los términos  del artículo 64 de la Convención no puede, sin embargo, confundirse con la  ausencia de límites a la función consultiva de la Corte. En lo que se refiere a  las materias que pueden ser objeto de consultas y, en particular, de los tratados  que pueden ser interpretados, existen límites de carácter general que se  derivan de los términos del artículo 64, dentro de su contexto, así como del  objeto y fin del tratado.

 

  19. Un primer grupo de  limitaciones se deriva de la circunstancia de que la Corte está concebida como  una institución judicial del sistema interamericano. A este respecto, cabe  destacar que es justamente en su función consultiva, que se pone de relieve el  papel de este tribunal, no sólo dentro de la Convención, sino también dentro  del sistema en su conjunto. Ese papel se manifiesta, ratione materiae, en la competencia que se reconoce a la Corte para  interpretar por vía consultiva otros tratados internacionales diferentes de la  Convención; y, además, ratione personae,  en la facultad de consulta, que no se extiende solamente a la totalidad de los  órganos mencionados en el Capítulo X de la Carta de la OEA, sino asimismo a  todo Estado Miembro de ésta, aunque no sea parte de la Convención.

 

  20. De esa condición de la Corte se derivan  ciertas restricciones a su competencia. Pero ellas no se refieren forzosamente  a la limitación de su función interpretativa a instrumentos internacionales  concebidos dentro del sistema interamericano, pues es frecuente que los  distintos órganos del mismo apliquen tratados que desbordan el ámbito regional.

 

  21. Este primer grupo de  limitaciones implica, más bien, que la Corte no está llamada a asumir, ni en lo  contencioso, ni en lo consultivo, una función orientada a determinar el alcance  de los compromisos internacionales, de cualquier naturaleza que sean, asumidos  por Estados que no sean miembros del sistema interamericano, o a interpretar  las normas que regulan la estructura o funcionamiento de órganos u organismos  internacionales ajenos al mismo. En cambio, podrá abordar la interpretación de  un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de los  derechos humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano.

 

  25. La función consultiva de la  Corte no puede desvincularse de los propósitos de la Convención. Dicha función  tiene por finalidad coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones  internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección  de los derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en este  ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. Es obvio que toda  solicitud de opinión consultiva que se aparte de ese fin debilitaría el sistema  de la Convención y desnaturalizaría la competencia consultiva de la Corte.

 

  26. Las anteriores  consideraciones fundamentan un segundo grupo de límites que se derivan del  contexto en que se ha conferido a la Corte competencia consultiva, así como del  objeto y fin de la Convención. Esta última, sin embargo, no precisa, a priori,  la extensión de esos límites ni el alcance de esa competencia. Difieren en este  sentido el sistema americano y el europeo de protección a los derechos humanos,  pues el Protocolo No. 2 a la Convención Europea (artículo 1.2) excluye  expresamente del ámbito consultivo ciertas materias, según se ha señalado en el  párrafo 16.

 

  31. De las anteriores  consideraciones puede concluirse, por una parte, que un primer grupo de  limitaciones a la competencia consultiva de la Corte viene dado, por la  circunstancia de que sólo puede conocer, dentro de esta función, sobre la  interpretación de tratados en que esté directamente implicada la protección de  los derechos humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano. Por otra  parte, que un segundo grupo de limitaciones se desprende de la inadmisibilidad  de toda solicitud de consulta que conduzca a desvirtuar la jurisdicción  contenciosa de la Corte, o en general, a debilitar o alterar el sistema  previsto por la Convención, de manera que puedan verse menoscabados los  derechos de las víctimas de eventuales violaciones de los derechos humanos. Por  último, la Corte ha de considerar las circunstancias de cada caso, y si por  razones determinantes concluye que no sería posible emitir la opinión  solicitada sin violentar esos límites y desnaturalizar su función consultiva,  se abstendrá de responderla por decisión motiva.

 

Análisis de fondo

36. El conjunto de interrogantes formuladas por el Gobierno del Perú conduce a la siguiente pregunta, que debe responderse igualmente de acuerdo con el texto del artículo 64 y con el objeto y fin del tratado: ¿está dentro del propósito de la Convención excluir, a priori, toda opinión consultiva de la Corte sobre obligaciones internacionales contraídas por Estados americanos, y que conciernan a la protección de los derechos humanos, por el solo hecho de que la fuente de dichas obligaciones sea un tratado concebido fuera del sistema interamericano o de que también sean partes del mismo Estados ajenos a ese sistema?
 
37. La interpretación textual del artículo 64 de la Convención no conduce a deducir que ese propósito restrictivo esté presente en dicho tratado. En los párrafos 14 a 17 se ha destacado la amplitud con que ha sido concebida la competencia consultiva de la Corte. Dentro de ese contexto, el sentido corriente de los términos del artículo 64 no permite considerar que se haya buscado la exclusión de su ámbito a ciertos tratados internacionales, por el solo hecho de que Estados ajenos al sistema interamericano sean o puedan ser partes de los mismos. En efecto, la sola limitación que nace de esa disposición es que se trate de acuerdos internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. No se exige que sean tratados entre Estados americanos, o que sean tratados regionales o que hayan sido concebidos dentro del marco del sistema interamericano. Ese propósito restrictivo no puede presumirse, desde el momento en que no se expresó de ninguna manera.
 
38. La distinción implícita en el artículo 64 de la Convención alude más bien a una cuestión de carácter geográfico-político. Dicho más exactamente, lo que interesa es establecer a cargo de qué Estado están las obligaciones cuya naturaleza o alcance se trata de interpretar y no la fuente de las mismas. Si el fin principal de la consulta se refiere al cumplimiento o alcance de obligaciones contraídas por un Estado Miembro del sistema interamericano, la Corte es competente para emitirla, aun cuando fuera inevitable interpretar el tratado en su conjunto. En cambio, no sería competente si el propósito principal de la consulta es el alcance o el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Estados ajenos a dicho sistema. Esta distinción destaca nuevamente la necesidad de resolver en cada caso según las circunstancias concretas.
 
40. Por otra parte, el fondo mismo de la materia se opone a una distinción radical entre universalismo y regionalismo. La unidad de naturaleza del ser humano y el carácter universal de los derechos y libertades que merecen garantía, están en la base de todo régimen de protección internacional. De modo que resultaría impropio hacer distinciones sobre la aplicabilidad del sistema de protección, según que las obligaciones internacionales contraídas por el Estado nazcan o no de una fuente regional. Por ello, se reclama la existencia de ciertos patrones mínimos en esta materia. El Preámbulo del Pacto de San José recoge inequívocamente esta idea cuando reconoce que los derechos esenciales del hombre "tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional..."
 
42. Es necesario destacar particularmente la importancia que tiene, en la consulta solicitada, lo dispuesto por el artículo 29.b). La función que el artículo 64 de la Convención atribuye a la Corte forma parte del sistema de protección establecido por dicho instrumento internacional. Por consiguiente, este tribunal interpreta que excluir, a priori, de su competencia consultiva tratados internacionales que obliguen, a Estados americanos, en materias concernientes a la protección de los derechos humanos, constituiría una limitación a la plena garantía de los mismos, en contradicción con las reglas consagradas por el artículo 29.b).
 
48. De todo lo anterior puede concluirse que el propio texto del artículo 64 de la Convención, el objeto y fin de la misma, las normas de interpretación consagradas en el artículo 29, la práctica de la Comisión y los trabajos preparatorios, están todos orientados unívocamente en el mismo sentido. No existe ninguna razón para excluir, previa y abstractamente, que pueda solicitarse de la Corte, y ésta emitir, una consulta sobre un tratado aplicable a un Estado americano en materia concerniente a la protección de los derechos humanos, por el solo hecho de que sean también partes de dicho tratado, Estados que no pertenecen al sistema interamericano, o de que no haya sido adoptado dentro del marco o bajo los auspicios de éste.
 

Opinión

LA CORTE ES DE OPINIÓN,
 
Primero
 
Por unanimidad
 
que la competencia consultiva de la Corte puede ejercerse, en general, sobre toda disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos al sistema interamericano.
 
Segundo
 
Por unanimidad
 
que, por razones determinantes que expresará en decisión motivada, la Corte podrá abstenerse de responder una consulta si aprecia que, en las circunstancias del caso, la petición excede de los límites de su función consultiva, ya sea porque el asunto planteado concierna principalmente a compromisos internacionales contraídos por un Estado no americano o a la estructura o funcionamiento de órganos u organismos internacionales ajenos al sistema interamericano, ya sea porque el trámite de la solicitud pueda conducir a alterar o a debilitar, en perjuicio del ser humano, el régimen previsto por la Convención; ya sea por otra razón análoga.
 

Ideas principales

-La Corte señala dos límites a la función consultiva, en materia de admisibilidad: i) La función consultiva de la Corte no puede desvincularse de los propósitos de la Convención (coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la protección de los derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en este ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA) Y ii) toda solicitud de consulta que conduzca a desvirtuar la jurisdicción contenciosa de la Corte o a debilitar o alterar el sistema previsto por la Convención, debe ser desestimada.

-La Corte interpreta de manera amplia el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, determinando que la competencia consultiva se extiende a cualquier tratado internacional aplicable a los Estados Americanos, en virtud del artículo 29 de la Convención.