Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1. ¿Puede un Gobierno aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estuviese contemplada dicha pena en su legislación interna, al momento de entrar en vigor para ese Estado la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

2. ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación?"
 

-International Human Rights Law Group & the Washington Office on Latin America
-Lawyers Committee for International Human Rights & the Americas Watch Committee
-Institute for Human Rights of the International Legal Studies Program at the University of Denver College of Law & the Urban Morgan Institute for Human Rights of the University of Cincinnati College of Law.
 

II. ASPECTOS  PROCESALES

11. Mediante comunicación por telex  dirigida al Presidente de la Corte por el Ministro de Relaciones Exteriores de  Guatemala, recibida el 19 de abril de 1983, el Gobierno de Guatemala pidió a la  Corte que se abstuviera de emitir la opinión solicitada por la Comisión. A  continuación se consignan los argumentos que fundamentaron el alegato del  Gobierno de Guatemala:

El Gobierno de  Guatemala solicita atentamente a la Honorable Corte Interamericana de Derechos  Humanos que se abstenga de emitir la opinión consultiva solicitada por la  Comisión, ya que si bien el artículo 64 de la Convención faculta a la Comisión,  en términos generales, a consultar a la Corte acerca de la interpretación de la  Convención, el hecho es que el numeral 3 del artículo 62 de la propia  Convención claramente establece que:

la Corte tiene  competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y  aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre  que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha  competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos  anteriores, ora por convención especial.

Como  Guatemala, ni al momento del depósito de su instrumento de ratificación de la  Convención, ni en ningún momento posterior, ha declarado que reconoce como  obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la  Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación de la Convención, de  conformidad con el artículo 62 numeral 1, es evidente que la Corte debe  abstenerse de emitir la opinión consultiva requerida por la Comisión, por  carecer de competencia para el efecto.

21. En materia contenciosa el  ejercicio de la competencia de la Corte depende normalmente de una cuestión  previa y fundamental, como es el consentimiento de los Estados para someterse a  su jurisdicción. Si ese consentimiento ha sido otorgado, los Estados que  participan en el proceso toman técnicamente el carácter de partes en el mismo y  se comprometen a cumplir con la decisión de la Corte (artículo 68.1 de la  Convención). En cambio, mientras no exista tal consentimiento, la jurisdicción  de la Corte no podrá ejercerse, de modo que carece de sentido examinar los  asuntos de fondo que determinan la controversia sin antes haber establecido si  las partes involucradas han aceptado o no su jurisdicción.

22. Ninguna de estas  consideraciones está presente en los procedimientos consultivos. No hay partes  pues no hay demandados ni actores; ningún Estado es requerido a defenderse  contra cargos formales, ya que el procedimiento no los contempla, ninguna  sanción judicial está prevista ni puede ser decretada. A lo único que el  procedimiento está destinado es a facilitar a los Estados Miembros y a los  órganos de la OEA la obtención de una interpretación judicial sobre una  disposición de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección  de los derechos humanos en los Estados americanos.

23. Como se demuestra en esta  misma opinión (ver párrafo no. 31 y siguientes, infra), no hay nada en la  Convención que sirva para fundamentar la extensión de los requisitos para el  ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte al ejercicio de su función  consultiva. Es muy claro, más bien, que el ejercicio de la competencia  consultiva de la Corte está sometido a sus propios prerrequisitos, que se  refieren a la identidad y a la legitimación reconocidas a los entes con derecho  a solicitar una opinión, es decir, a los Estados Miembros y los órganos de la  OEA, éstos últimos, " en lo que les compete ". De ahí que las razones  que justifican que la Corte resuelva en un procedimiento separado y preliminar  las objeciones a su competencia en materia contenciosa no están presentes, en  general, cuando se le ha solicitado emitir una opinión consultiva.

24. La Corte reconoce, desde  luego, que el interés de un Estado puede ser afectado de una manera o de otra  por una interpretación dada en una opinión consultiva.  Por ejemplo, una opinión consultiva puede  debilitar o fortalecer la posición legal de un Estado en una controversia  actual o futura. No obstante, los intereses legítimos de un Estado en el  resultado de una opinión consultiva están adecuadamente protegidos por la  oportunidad que se le da en el Reglamento de participar plenamente en estos  procedimientos y de hacerle saber a la Corte sus puntos de vista sobre las  normas legales que van a ser interpretadas así como cualquier objeción de  pudiere tener (artículo 52 del Reglamento).

26. De esta manera, la rapidez  con que se responda una consulta está estrechamente vinculada con el papel que  tiene esta función de la Corte dentro del sistema de la Convención. Para los  Estados Miembros y para los órganos de la OEA podría carecer de sentido  requerir una opinión consultiva y postergar, entre tanto, la decisión del  asunto en espera de una respuesta de la Corte demorada innecesariamente, en  particular en situaciones como la presente, en la cual la consulta se refiere  al artículo 4 de la Convención, que concierne al derecho a la vida.

III.  OBJECIONES A LA COMPETENCIA

32. En un procedimiento  contencioso, la Corte debe no sólo interpretar las normas aplicables,  establecer la veracidad de los hechos denunciados y decidir si los mismos  pueden ser considerados como una violación de la Convención imputable a un  Estado Parte, sino también, si fuera del caso, disponer " que se garantice  al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados " (artículo  63.1 de la Convención), en el entendido de que los Estados Partes en este  proceso están sujetos a cumplir obligatoriamente el fallo de la Corte (artículo  68.1 de la Convención ). En cambio, en materia consultiva, la Corte no está llamada  a resolver cuestiones de hecho para verificar su existencia sino a emitir su  opinión sobre la interpretación de una norma jurídica. La Corte, en este  ámbito, cumple una función asesora, de tal modo que sus opiniones " no  tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para sus sentencias en  materia contenciosa". (Corte I.D.H., " Otros tratados " objeto  de la función consultiva de la Corte ( art. 64 Convención Americana sobre  Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. no. 51; cf. Interpretation of  Peace Treaties, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, pág. 65 ).

33.  Las disposiciones aplicables a los casos  contenciosos difieren en forma muy significativa de las provisiones del  artículo 64 que regula las opiniones consultivas. Es así como, por ejemplo, el  artículo 61.2 habla de "caso" y señala que " para que la Corte  pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los  procedimientos previstos en los artículos 48 a 50".  Estos procedimientos corresponden exclusivamente a " toda petición o  comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que  consagra esta Convención " (artículo 48.1). La expresión " caso  " se utiliza en su sentido técnico, para describir un caso contencioso tal  como lo define la Convención, es decir, una controversia que se inicia como  consecuencia de una denuncia según la cual un Estado Parte ha violado los  derechos humanos garantizados por la Convención, sea que dicha denuncia  provenga de un particular (artículo 44) o de un Estado Parte (artículo 45).

37. La  presente solicitud de la Comisión no está dentro de la categoría de solicitudes  de opinión consultiva que se deba rechazar, de acuerdo con lo anterior, porque  no aparece nada que interfiera con el debido funcionamiento del sistema o  afecte negativamente los intereses de víctima alguna. Solamente se ha  solicitado a la Corte que interprete una disposición de la Convención, para así  ayudar a la Comisión en sus funciones como órgano de la OEA, "de promover  la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano  consultivo de la Organización en esta materia " (artículo 112 de la Carta  de la OEA).

IV. SENTIDO E  INTERPRETACIÓN DE LOS TEXTOS

52. El objeto del artículo 4 de  la Convención es la protección al derecho a la vida. Pero dicho artículo,  después de definir de modo general ese propósito en su primer párrafo, dedica  los cinco siguientes al tratamiento de la aplicabilidad de la pena de muerte.  En verdad el texto revela una inequívoca tendencia limitativa del ámbito de  dicha pena, sea en su imposición, sea en su aplicación.

53. El asunto está dominado por  un principio sustancial expresado por el primer párrafo, según el cual  "toda persona tiene derecho a que se respete su vida" y por un  principio procesal según el cual "nadie puede ser privado de la vida  arbitrariamente". De ahí que, en los países que no han abolido la pena de  muerte, ésta no pueda imponerse sino en cumplimiento de sentencia ejecutoriada  dictada por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca  tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito ( supra, párr. no.  9 ). La circunstancia de que estas garantías se agreguen a lo previsto por los  artículos 8 y 9 indican el claro propósito de la Convención de extremar las  condiciones en que sería compatible con ella la imposición de la pena de muerte  en los países que no la han abolido.

54. Un nuevo grupo de  limitaciones aparece a propósito del género de delitos que podrían acarrear  dicha pena. Por una parte, se dispone que la pena de muerte no podrá imponerse  sino para los delitos más graves (artículo 4.2) y por la otra, se excluye de  modo absoluto su aplicación por delitos políticos o por delitos comunes conexos  con los políticos (artículo 4.4). La circunstancia de que la Convención reduzca  el ámbito posible de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más  graves y no conexos, es reveladora del propósito de considerar dicha pena  aplicable sólo en condiciones verdaderamente excepcionales. Por último, en  relación con la persona del convicto, la Convención excluye la imposición de la  pena de muerte a quienes, en el momento de la comisión del delito, tuvieren  menos de dieciocho años o más de setenta y prohíbe su aplicación a mujeres en  estado de gravidez (artículo 4.5).

55. Quedan así definidos tres  grupos de limitaciones para la pena de muerte en los países que no han resuelto  su abolición. En primer lugar, la imposición o aplicación de dicha pena está  sujeta al cumplimiento de reglas procesales cuyo respeto debe vigilarse y  exigirse de modo estricto. En segundo lugar, su ámbito de aplicación debe  reducirse al de los más graves delitos comunes y no conexos con delitos  políticos. Por último, es preciso atender a ciertas consideraciones propias de  la persona del reo, las cuales pueden excluir la imposición o aplicación de la  pena capital.

56. Es, sin embargo, en otro  sentido como aparece más marcada y decisiva la tendencia limitativa de la aplicación  de la pena de muerte, subyacente en el artículo 4 de la Convención. En efecto,  según el artículo 4.2 in fine,  "tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la  aplique actualmente " y, según el artículo 4.3, " no se restablecerá  la pena de muerte en los Estados que la han abolido". No se trata ya de  rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la  pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso  progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han  resuelto aún abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación. En  el primer caso, si bien la Convención no llega a la supresión de la pena de  muerte, sí prohíbe que se extienda su uso y que se imponga respecto a delitos  para los cuales no estaba prevista anteriormente. Se impide así cualquier  expansión en la lista de crímenes castigados con esa pena. En el segundo caso, prohíbe  de modo absoluto el restablecimiento de la pena capital para todo tipo de  delito, de tal manera que la decisión de un Estado Parte en la Convención,  cualquiera sea el tiempo en que la haya adoptado, en el sentido de abolir la  pena de muerte se convierte, ipso jure, en una resolución definitiva e  irrevocable.

59. De modo que, al interpretar  la parte final del artículo 4.2 "de buena fe conforme al sentido corriente  que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y  teniendo en cuenta su objeto y fin" (artículo 31.1 de la Convención de  Viena), no es posible albergar duda alguna respecto de la prohibición absoluta  contenida en esa disposición, según la cual ninguno de los Estados Partes puede  disponer la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales  no estuviese contemplada previamente por su legislación interna. Ninguna  disposición de la Convención autoriza para dar un sentido distinto al de por sí  claro texto del artículo 4.2, in fine.  El único camino para llegar a una conclusión diferente sería una reserva  formulada oportunamente que excluyera en alguna medida la aplicación de la  mencionada disposición respecto del Estado reservante, siempre que dicha  reserva fuera compatible con el objeto y fin de la Convención.

V. LAS  RESERVAS A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

61. En consecuencia, la primera  cuestión que se plantea al interpretar una reserva determinada es si ella es  compatible con el objeto y fin del tratado. El artículo 27 permite a los  Estados Partes la suspensión de las obligaciones contraídas en virtud de la  Convención en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que  amenace la independencia o seguridad del Estado afectado y siempre que tal  decisión no implique la suspensión o derogación de ciertos derechos básicos o  esenciales, entre los cuales está el derecho a la vida garantizado por el  artículo 4. En esa perspectiva, toda reserva destinada a permitir al Estado la  suspensión de uno de esos derechos fundamentales, cuya derogación está en toda  hipótesis prohibida, debe ser considerada como incompatible con el objeto y fin  de la Convención y, en consecuencia, no autorizada por ésta. Otra sería la  situación, en cambio, si la reserva persiguiera simplemente restringir algunos  aspectos de un derecho no derogable sin privar al derecho en conjunto de su  propósito básico. Como el género de reserva referido en las preguntas  planteadas por la Comisión no aparece dirigido a negar el derecho a la vida  como tal, la Corte concluye que, en este aspecto, debe considerarse en  principio no incompatible con el objeto y fin de la Convención.

65. La interpretación de las  reservas debe tener en cuenta el objeto y fin del tratado que, en el caso de la  Convención, es " la protección de los derechos fundamentales de los seres  humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado  como frente a los otros Estados contratantes " (El efecto de las reservas, supra 42, Párr. no. 29 ). De hecho el  propósito perseguido por la Convención constituye un verdadero límite al efecto  de las reservas que se le formulen. Si la condición para la admisibilidad de  reservas a la Convención es que las mismas sean compatibles con el objeto y fin  del tratado, es preciso concluir que dichas reservas deben interpretarse en el  sentido que mejor se adecúe a dicho objeto y fin.

66. Por último, como  consecuencia de la integración de la reserva al conjunto del tratado, la Corte  considera que para interpretarla debe acudirse igualmente a las reglas del  artículo 29 de la Convención. De ahí que, en el mismo sentido que orienta las  consideraciones anteriores, deba concluirse que, en aplicación del párrafo a )  de dicho artículo, una reserva no puede ser interpretada de tal modo que  conduzca a limitar el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos  en la Convención en mayor medida que la prevista en la reserva misma.

VI. LA  INTERPRETACIÓN DE UNA RESERVA AL ARTÍCULO 4.4

67. Con base en las anteriores  consideraciones, y en vista de que la primera pregunta formulada por la  Comisión encuentra respuesta directa en el texto mismo del artículo 4.2 de la  Convención, la Corte pasa a examinar la segunda de las cuestiones que le ha  sido sometida: "2. ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una reserva hecha  al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención,  legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la  pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la  ratificación?" (…).

68. Al relacionar el artículo  4.4 con el artículo 4.2, la Corte encuentra que el significado de ambas  disposiciones en su contexto es perfectamente claro y diferente, en el sentido  de que, mientras el artículo 4.2 establece un límite definitivo a la pena de  muerte para toda clase de delitos hacia el futuro, el artículo 4.4 la proscribe  para los delitos políticos y comunes conexos con ellos, lo que obviamente se  refiere a aquellos que estuvieran sancionados con la pena capital con  anterioridad, ya que para el futuro habría bastado con la prohibición del  artículo 4.2. Se trata, pues, de dos normas de propósitos claramente diferentes  (…).

70. Además, si se analiza la  totalidad del artículo 4, cuyo párrafo 2 establece la prohibición absoluta de  extender en el futuro la aplicación de la pena de muerte, se debe concluir que  si un Estado reserva el párrafo 4 sin reservar al mismo tiempo el 2, lo único  que reserva es la posibilidad de mantener la pena de muerte para delitos  políticos o conexos con ellos que ya la tuvieran establecida con anterioridad.  De manera que, al no haber hecho reserva sobre el párrafo 2, debe entenderse  que se mantiene plenamente para él la prohibición de aplicar la pena de muerte  a nuevos delitos, sean políticos o comunes conexos con los políticos, sean  comunes sin ninguna conexidad. A la inversa, si la reserva fuera al párrafo 2  pero no al 4, solamente podría significar la posibilidad de que ese Estado  sancione con la pena de muerte nuevos delitos en el futuro, pero siempre que se  trate de delitos comunes no conexos, porque respecto de los políticos y de los  conexos con ellos regiría la prohibición no reservada del párrafo 4.

71.  Tampoco puede darse a una reserva del artículo 4.4 un sentido extensivo hacia  el artículo 4.2 con base en el argumento de que la reserva respecto de la  proscripción de la pena de muerte para delitos políticos o conexos con ellos,  carecería de sentido si no pudiera aplicarse a nuevos delitos no sancionados  antes con esa pena. En efecto, una reserva de esta clase tiene aplicación y  sentido en sí misma en cuanto evita que constituya violación a la Convención  para el Estado reservante el mantenimiento de la pena de muerte para los  delitos políticos y conexos ya sancionados con ella al entrar en vigencia la  misma. Además, habiendo la Corte establecido que ambas disposiciones regulan  supuestos diferentes (ver supra, párr. no. 68 ), no hay ninguna razón lógica ni  jurídica para presumir que un Estado que, al ratificar la Convención, reservó  sólo una de ellas en realidad pretendía reservar las dos.

LA CORTE,

1. Por unanimidad,

rechaza la solicitud del Gobierno de Guatemala para que se abstenga de rendir la opinión consultiva solicitada por la Comisión.

2. Por unanimidad,

decide que es competente para rendir esta opinión consultiva, y

3.en cuanto a la preguntas contenidas en la consulta formulada por la Comisión sobre la interpretación de los artículos 4.2 y 4.4 de la Convención,

ES DE OPINIÓN

a ) En respuesta a la pregunta

1.  ¿Puede un Gobierno aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estuviese contemplada dicha pena en su legislación interna, al momento de entrar en vigor para ese Estado la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

por unanimidad

que la Convención prohíbe absolutamente la extensión de la pena de muerte y que, en consecuencia, no puede el Gobierno de un Estado Parte aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna, y

b ) en respuesta a la pregunta

2. ¿Puede un Gobierno, sobre la base de una reserva hecha al momento de la ratificación al artículo 4, inciso 4 de la Convención, legislar con posterioridad a la entrada en vigor de la Convención imponiendo la pena de muerte a delitos que no tenían esa sanción cuando se efectuó la ratificación?

por unanimidad

que una reserva limitada por su propio texto al artículo 4.4 de la Convención, no permite al Gobierno de un Estado Parte legislar con posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente.
 

-La Corte distingue la función contenciosa de la función consultiva, estableciéndose que las reglas de tramitación de un caso contencioso no son aplicables a la función consultiva, pues la naturaleza de esta última no es tutelar derechos lesionados ni ordenar medidas de reparación.

-La Corte establece que al amparo del artículo 4.2 de la Convención Americana un Estado Parte no puede aplicar la pena de muerte a delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente en su legislación interna. Asimismo, la Corte diferencia las obligaciones establecidas en los artículos 4.2 y 44 de la Convención Americana como obligaciones autónomas. En razón de ello, dado que el artículo 4.4 se refiere a la prohibición de aplicar pena de muerte por delitos políticos y conexos, no es posible que un Estado legisle con posterioridad para extender la aplicación de la pena de muerte respecto de delitos para los cuales no estaba contemplada anteriormente.