Ficha Técnica: Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados

Solicitante:

Estados Unidos Mexicanos

Palabras Claves: Deber de garantía, Ius cogens., Migrantes, No discriminación, Trabajo
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Convención Americana: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 64 (Función consultiva)

Otro(s) tratado(s) interamericano(s) No se consigna

Otros Instrumentos: No se consigna
Preguntas formuladas

En el marco del principio de igualdad jurídica consagrado en el artículo II de la Declaración Americana, en el artículo 24 de la Convención Americana, en el artículo 7 de la Declaración Universal y en el artículo 26 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos …],

1) ¿Puede un Estado americano, en relación con su legislación laboral, establecer un trato perjudicialmente distinto para los trabajadores migratorios indocumentados en cuanto al goce de sus derechos laborales respecto de los residentes legales o los ciudadanos, en el sentido de que dicha condición migratoria de los trabajadores impide per se el goce de tales derechos?

2.1) Los artículos 2, párrafo 1 de la Declaración Universal y II de la Declaración Americana y los artículos 2 y 26 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], así como 1 y 24 de la Convención Americana, ¿deben interpretarse en el sentido de que la legal estancia de las personas en el territorio de un Estado americano es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice los derechos y libertades reconocidos en dichas disposiciones a las personas sujetas a su jurisdicción? 

2.2) A la luz de las disposiciones citadas en la pregunta anterior[,] ¿puede considerarse que la privación de uno o más derechos laborales, tomando como fundamento de tal privación la condición indocumentada de un trabajador migratorio, es compatible con los deberes de un Estado americano de garantizar la no discriminación y la protección igualitaria y efectiva de la ley que le imponen las disposiciones mencionadas? 

Con fundamento en el artículo 2, párrafos 1 y 2 y  en el artículo 5, párrafo 2, [ambos] del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

3) ¿Cuál sería la validez de la interpretación por parte de un Estado americano en el sentido de subordinar o condicionar de cualquier forma la observancia de los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la igualdad ante la ley y a la igual y efectiva protección de la misma sin discriminación, a la consecución de objetivos de política migratoria contenidos en sus leyes, independientemente de la jerarquía que el derecho interno atribuya a tales leyes, frente a las obligaciones internacionales derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de otras obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos oponibles erga omnes? 

Habida cuenta del desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y su codificación, en especial a través de las disposiciones invocadas de los instrumentos mencionados en la presente solicitud,

4) ¿Qué carácter tienen hoy el principio de no discriminación y el derecho a la protección igualitaria y efectiva de la ley en la jerarquía normativa que establece el derecho internacional general, y en ese contexto, pueden considerarse como la expresión de normas de ius cogens?  Si la respuesta a esta segunda pregunta resultase afirmativa, ¿qué efectos jurídicos se derivan para los Estados miembros de la OEA, individual y colectivamente, en el marco de la obligación general de respetar y garantizar, conforme al artículo 2 párrafo 1 del Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], el cumplimiento de los derechos humanos a que se refieren el artículo 3, inciso (I) y el artículo 17 de la Carta de la OEA?

Amicus curiae presentados

 - Estado de Honduras

- Organización Internacional del Trabajo

- Estado de Nicaragua

- Clínicas Jurídicas del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito

- Delgado Law Firm

- Liliana Ivonne González Morales, Gail Aguilar Castañón, Karla Micheel Salas Ramírez e Itzel Magali Pérez Zagal, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

- Estado de El Salvador

- Estado de Canadá

- Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- Harvard Immigration and Refugee Clinic of Greater Boston Legal Services y la Harvard Law School

- Working Group on Human Rights in the Americas of Harvard and Boston College Law Schools y el Centro de Justiça Global/Global Justice Center

- Costa Rica

- Señor Thomas A. Brill, del Law Office of Sayre & Chavez

- Law Office of Sayre & Chavez; Labor, Civil Rights and Immigrants’ Rights Organizations in the United States

- Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, Washington College of Law y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de México

- Center for International Human Rights de la Northwestern University, School of Law.

Competencia y Admisibilidad

48. Esta solicitud de opinión consultiva fue sometida a la Corte por México, en el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 64.1 de la Convención, el cual establece que:

[l]os Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

53. De la lectura de estas preguntas se desprende que el Estado solicitante requiere una interpretación de la Convención Americana, así como de otros tratados y declaraciones internacionales.  La Corte ha fijado algunos lineamientos sobre la interpretación de normas internacionales distintas a la Convención Americana.  Principalmente, ha considerado que el artículo 64.1 de la Convención, al referirse a la facultad de la Corte de emitir una opinión sobre “otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos” es amplio y no restrictivo.  Es decir, 

[…] la competencia consultiva de la Corte puede ejercerse, en general, sobre toda disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos al sistema interamericano.

54. En este sentido, el Tribunal estableció que puede “abordar la interpretación de un tratado siempre que esté directamente implicada la protección de los derechos humanos en un Estado Miembro del sistema interamericano”, aunque dicho instrumento no provenga del mismo sistema regional de protección, y que 

[n]o existe ninguna razón para excluir, previa y abstractamente, que pueda solicitarse de la Corte, y ésta emitir, una consulta sobre un tratado aplicable a un Estado americano en materia concerniente a la protección de los derechos humanos, por el solo hecho de que sean también partes de dicho tratado, Estados que no pertenecen al sistema interamericano, o de que no haya sido adoptado dentro del marco o bajo los auspicios de éste.

55. Por lo tanto, la Corte considera que tiene competencia para pronunciarse sobre las preguntas planteadas por México y que solicitan la interpretación de la Declaración Americana, de la Convención Americana, de la Declaración Universal y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos todos que protegen derechos humanos y que son aplicables a los Estados americanos.

Análisis de fondo

IV.  Estructura de la Opinión 

67. Es inherente a las  facultades de esta Corte, la de estructurar sus pronunciamientos en la forma  que estime más adecuada a los intereses de la justicia y a los efectos de una  opinión consultiva. Para ello, el Tribunal toma en cuenta las cuestiones  básicas que subyacen a las interrogantes planteadas en la solicitud de opinión  y las analiza para llegar a conclusiones generales que puedan proyectarse, a su  vez, sobre los puntos específicos mencionados en la propia solicitud y sobre  otros temas conexos con aquéllos. En la especie, la Corte ha resuelto  establecer, en primer término, un glosario con el fin de delimitar el alcance  conceptual de los términos por utilizar en la presente Opinión.  Una vez establecido este marco conceptual, el  Tribunal procederá al análisis de los asuntos específicos sometidos a su consideración,  para lo cual responderá a las preguntas que le han sido formuladas en el orden  que estime más adecuado, en atención a la coherencia que debe guardar la  Opinión.  De conformidad con la facultad,  inherente a todo Tribunal, de dar a sus pronunciamientos la estructura lógica  que estime más adecuada a los intereses de la justicia, la Corte considerará  las interrogantes planteadas de la siguiente manera:

  1. Obligación de respetar y garantizar  los derechos humanos y carácter fundamental del principio de igualdad y no  discriminación (preguntas no. 2.1 y 4)
  2. Aplicación del principio de igualdad y  no discriminación a los migrantes (pregunta no. 2.1)
  3. Derechos de los trabajadores migrantes  indocumentados (preguntas no. 2.2 y 1); y
  4. Obligaciones estatales en la  determinación de las políticas migratorias a la luz de los instrumentos  internacionales de protección de los derechos humanos (pregunta no. 3).

VI.  Obligación de Respetar y Garantizar los Derechos Humanos y Carácter Fundamental  del Principio de Igualdad y No Discriminación

La obligación general de  respetar y garantizar los derechos humanos se encuentra plasmada en varios  instrumentos internacionales.

75. En lo que atañe a la Convención Americana y al  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normativa indicada por  México en las preguntas de la solicitud de opinión consultiva que se analizan  en este acápite, los órganos de supervisión de dichos instrumentos se han  pronunciado sobre la mencionada obligación.

76. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que:

[e]l artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los  derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado  Parte.  En efecto, dicho artículo pone a  cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía,  de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la  Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional,  a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho  imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos  por la misma Convención.

Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder  público que viole los derechos reconocidos por la Convención.  En tal sentido, en toda circunstancia en la  cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter  público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto  de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo.

Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado  en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites  de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional  que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su  carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los  límites de su competencia o en violación del derecho interno.

Principio de Igualdad y No Discriminación

82. Una vez establecida la obligación estatal de  respetar y garantizar los derechos humanos, este Tribunal procederá a referirse  a los elementos constitutivos del principio de la igualdad y no discriminación.

83. La no discriminación, junto con la igualdad  ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, son  elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la  protección de los derechos humanos.  El  elemento de la igualdad es difícil de desligar de la no discriminación.  Incluso, los instrumentos ya citados, al  hablar de igualdad ante la ley, señalan que este principio debe garantizarse  sin discriminación alguna.  Este Tribunal  ha indicado que “[e]n función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se  prohíbe todo tratamiento discriminatorio”.

89. Ahora  bien, al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas  pueden dar a sus destinatarios, es importante hacer referencia a lo señalado  por este Tribunal en el sentido de que “no toda distinción de trato puede  considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”. En este mismo  sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos, basándose en “los principios que  pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados  democráticos”, advirtió que sólo es discriminatoria una distinción cuando  “carece de justificación objetiva y razonable”.  

96. Conforme a lo  anteriormente expuesto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos  humanos a la luz del principio general y básico de la igualdad y no  discriminación.  Todo tratamiento  discriminatorio respecto de la protección y ejercicio de los derechos humanos  genera la responsabilidad internacional de los Estados.

Carácter fundamental del Principio de Igualdad y No  Discriminación

98. El concepto de jus cogens ha  estado en sus orígenes ligado particularmente al derecho de los tratados.  Tal como está formulado el jus cogens en el artículo 53 de la  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, “[e]s nulo todo tratado  que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma  imperativa de derecho internacional general”.   Por su parte, el artículo 64 de la misma Convención se refiere al jus cogens superviniente, al señalar que  “[s]i surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo  tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y  terminará”. El jus cogens ha sido  desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

100. Al referirse, en particular, a la obligación de respeto y garantía de  los derechos humanos, independientemente de cuáles de esos derechos estén  reconocidos por cada Estado en normas de carácter interno o internacional, la  Corte considera evidente que todos los Estados, como miembros de la comunidad  internacional, deben cumplir con esas obligaciones sin discriminación alguna,  lo cual se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a una  protección igualitaria ante la ley, que a su vez se desprende “directamente de  la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad  esencial de la persona”.  El principio de  igualdad ante la ley y no discriminación impregna toda actuación del poder del  Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y  garantía de los derechos humanos.  Dicho  principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho  internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente  de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos  con respecto a terceros, inclusive a particulares.  Esto implica que el Estado, ya sea a nivel  internacional o en su ordenamiento interno, y por actos de cualquiera de sus  poderes o de terceros que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o  negligencia, no puede actuar en contra del principio de igualdad y no  discriminación, en perjuicio de un determinado grupo de personas.

101. En concordancia con ello, este Tribunal considera que el principio de  igualdad ante la ley, igual protección ante la ley y no discriminación,  pertenece al jus cogens, puesto que  sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e  internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento  jurídico.  Hoy día no se admite ningún  acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se  admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona, por motivos de  género, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra  índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación  económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra  condición.  Este principio (igualdad y no  discriminación) forma parte del derecho internacional general.  En la actual etapa de la evolución del  derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación  ha ingresado en el dominio del jus  cogens.

Efectos del Principio de  Igualdad y No Discriminación

102. De esta obligación general de respetar y garantizar los derechos  humanos, sin discriminación alguna y en una base de igualdad, se derivan varias  consecuencias y efectos que se concretan en obligaciones específicas.  A continuación la Corte se referirá a los  efectos derivados de la aludida obligación.

103. En cumplimiento de dicha obligación, los  Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan  dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto.  Esto se traduce,  por ejemplo, en la prohibición de emitir leyes, en sentido amplio, de dictar  disposiciones civiles, administrativas o de cualquier otro carácter, así como  de favorecer actuaciones y prácticas de sus funcionarios, en aplicación o  interpretación de la ley, que discriminen a determinado grupo de personas en  razón de su raza, género, color, u otras causales.

104. Además, los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para  revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades,  en perjuicio de determinado grupo de personas.   Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer  con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o  aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias.

106. El incumplimiento de estas obligaciones genera  la responsabilidad internacional del Estado, y ésta es tanto más grave en la  medida en que ese incumplimiento viola normas perentorias del Derecho  Internacional de los Derechos Humanos.   De esta manera, la obligación general de respetar y garantizar los  derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier  circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas.

110. Finalmente, en lo que atañe a la segunda parte de la cuarta pregunta  de la solicitud de opinión consultiva (supra párr. 4), todo lo señalado en los párrafos anteriores se aplica a todos los  Estados miembros de la OEA.  Los efectos  del principio fundamental de la igualdad y no discriminación alcanzan a todos  los Estados, precisamente por pertenecer dicho principio al dominio del jus cogens, revestido de carácter  imperativo, acarrea obligaciones erga  omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con  respecto a terceros, inclusive particulares.

VII. Aplicación del Principio  de Igualdad y No Discriminación a los Migrantes

111. Una vez establecidos el carácter de jus cogens del principio de igualdad y  no discriminación, y los efectos que se derivan de la obligación de los Estados  de respetar y garantizar este principio, el Tribunal procederá a referirse a la  migración en general y a la aplicación de dicho principio a las personas  migrantes indocumentadas.

112.  Generalmente los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad  como sujetos de derechos humanos, en una condición individual de ausencia o  diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o residentes).  Esta condición de vulnerabilidad tiene una  dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto  para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes)  y de facto (desigualdades  estructurales).  Esta situación conduce  al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos  públicos administrados por el Estado.

117.  En virtud de lo anterior, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad  de adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los derechos  humanos de los migrantes.

124. Asimismo, la Corte ha indicado que el elenco de  garantías mínimas del debido proceso legal se aplica en la determinación de  derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro  carácter”.  Esto revela que el debido  proceso incide sobre todos estos órdenes y no sólo sobre el penal.

122.  La Corte considera que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido  en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante,  independientemente de su estatus migratorio.   El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso se aplica no  solo ratione materiae sino también ratione personae sin discriminación  alguna.

127.  Habiendo la Corte establecido lo que es aplicable a todos los migrantes, pasa a  analizar, a continuación, los derechos de los trabajadores migrantes, en  particular los indocumentados.

VIII. Derechos de los Trabajadores Migrantes  Indocumentados

133. Los derechos laborales surgen necesariamente de  la condición de trabajador, entendida ésta en su sentido más amplio.  Toda persona que vaya a realizar, realice o  haya realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condición  de trabajador y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha  condición.  El derecho del trabajo, sea  regulado a nivel nacional o internacional, es un ordenamiento tutelar de los  trabajadores, es decir, regula los derechos y obligaciones del empleado y del  empleador, independientemente de cualquier otra consideración de carácter  económico o social.  Una persona que  ingresa a un Estado y entabla relaciones laborales, adquiere sus derechos  humanos laborales en ese Estado de empleo, independientemente de su situación  migratoria, puesto que el respeto y garantía del goce y ejercicio de esos  derechos deben realizarse sin discriminación alguna.

134. De este modo, la calidad migratoria de una  persona no puede constituir, de manera alguna, una justificación para privarla  del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter  laboral.  El migrante, al asumir una  relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos  y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el  Estado de empleo.  Estos derechos son  consecuencia de la relación laboral.

140. En una relación laboral regida por el derecho  privado, se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los  derechos humanos entre particulares.   Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los  derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan  efectos en relación con terceros (erga  omnes).  Dicha obligación ha sido  desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, según la cual los derechos  fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los  particulares en relación con otros particulares.

151. En las relaciones laborales los empleadores  deben proteger y respetar los derechos de los trabajadores, ya sea que esas  relaciones se desarrollen en los sectores público o privado de las  sociedades.  La obligación de respeto de  los derechos humanos de los trabajadores migrantes tiene un efecto directo en  cualquier tipo de relación laboral, tanto cuando el Estado es el empleador como  cuando lo es un tercero, y ya se trate de una persona física o jurídica.

152.  El Estado es entonces responsable por si mismo tanto cuando funciona como empleador, como por la actuación de  terceros que actúen con su tolerancia, aquiescencia o negligencia, o  respaldados por alguna directriz o política estatal que favorezca la creación o  mantenimiento de situaciones de discriminación.

153. En síntesis, las relaciones laborales que se  dan entre los trabajadores migrantes y terceros empleadores pueden generar la  responsabilidad internacional del Estado de diversas formas.  En primer lugar, los Estados tienen la  obligación de velar para que dentro de su territorio se reconozcan y apliquen todos los derechos laborales que su  ordenamiento jurídico estipula, derechos originados en instrumentos  internacionales o en normativa interna.   Además, los Estados son responsables internacionalmente cuando toleran  acciones y prácticas de terceros que perjudican a los trabajadores migrantes,  ya sea porque no les reconocen los mismos derechos que a los trabajadores  nacionales o porque les reconocen los mismos derechos pero con algún tipo de  discriminación.  

157.  En el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos derechos que asumen una  importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente violados, a saber: la  prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición y abolición del  trabajo infantil, las atenciones especiales para la mujer trabajadora, y los  derechos correspondientes a: asociación  y libertad sindical, negociación colectiva, salario justo por trabajo  realizado, seguridad social, garantías judiciales y administrativas, duración  de jornada razonable y en condiciones laborales adecuadas (seguridad e  higiene), descanso e indemnización.   Reviste gran relevancia la salvaguardia de estos derechos de los  trabajadores migrantes, teniendo presentes el principio de la inalienabilidad  de tales derechos, de los cuales son titulares todos los trabajadores,  independientemente de su estatus migratorio, así como el principio fundamental de la dignidad humana consagrado en el  artículo 1 de la Declaración Universal, según el cual “[t]odos los seres humanos  nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y  conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

160. La Corte considera que los trabajadores  migrantes indocumentados, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad  y discriminación con respecto a los trabajadores nacionales, poseen los mismos  derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de  empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca  y se cumpla en la práctica.  Los trabajadores, al ser titulares de los  derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para  ejercerlos.

IX. Obligaciones Estatales en la  Determinación de las Políticas Migratorias a la Luz de los Instrumentos  Internacionales de Protección de los Derechos Humanos

163. La política migratoria de un Estado está  constituida por todo acto, medida u omisión institucional (leyes, decretos,  resoluciones, directrices, actos administrativos, etc…) que versa sobre la  entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su  territorio.

170. Por lo tanto, no es admisible que un Estado de  empleo proteja su producción nacional, en uno o varios sectores, fomentando o  tolerando la contratación de trabajadores migrantes indocumentados con fines de  explotación laboral, prevaliéndose de la condición de vulnerabilidad de dichos  trabajadores frente al empleador en el Estado o considerándolos como oferta  laboral menos costosa, sea pagándoles salarios más bajos, negándoles o  limitando el goce o ejercicio de uno o más derechos laborales, o negándoles la  posibilidad de reclamar la violación de los mismos ante la autoridad  competente.

172. La Corte considera que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del  principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de  los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas  las de carácter migratorio.  Este  principio de carácter general debe respetarse y garantizarse siempre.  Cualquier actuación u omisión en sentido contrario es incompatible  con los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Opinión

LA CORTE, 

DECIDE

por unanimidad,

Que es competente para emitir la presente Opinión Consultiva.

Y ES DE OPINIÓN

por unanimidad,

1. Que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental.

2. Que el incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.

3. Que el principio de igualdad y no discriminación posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno.

4. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional.  En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.

5. Que el principio fundamental de igualdad y no discriminación, revestido de carácter imperativo, acarrea obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y generan efectos con respecto a terceros, inclusive particulares.

6. Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas.

7. Que el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido en el marco de las garantías mínimas que se deben brindar a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio.  El amplio alcance de la intangibilidad del debido proceso comprende todas las materias y todas las personas, sin discriminación alguna.

8. Que la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos, entre ellos los de carácter laboral.  El migrante, al asumir una relación de trabajo, adquiere derechos por ser trabajador, que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación regular o irregular en el Estado de empleo. Estos derechos son consecuencia de la relación laboral.

9. Que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos, en las relaciones laborales que se establezcan entre particulares (empleador-trabajador).  El Estado no debe permitir que los empleadores privados violen los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales.

10. Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos.  Los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo, y este último debe tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica.

11. Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.

Ideas principales

 - La Corte establece que el principio de no discriminación se encuentra recogido en diversos instrumentos internacionales y ha sido repetido por diversos órganos internacionales como una piedra angular de la protección de los derechos humanos. Al no poder ser evitado de ninguna manera, se concluye que tiene carácter de ius cogens.

- Dado el carácter de ius cogens del principio de no discriminación, ni el estatus de migrante ni tampoco el estatus de migrante indocumentado puede ser justificante para la realización de actos discriminatorios.

- El Estado tiene el deber de respetar el debido proceso en los procesos penales o administrativos a los que se someta a los migrantes indocumentados y no puede utilizar su estatus para evitar el cumplimiento de este derecho.

- En las relaciones privadas laborales, el Estado tiene un deber de garantía por el cual debe procurar que, sin importar el estatus migratorio, todo trabajador pueda disfrutar de los derechos laborales que le corresponden. Así, debe evitar que se realicen actos discriminatorios en el contexto de las relaciones laborales.