Technical Data: Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44,46,47,50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

Petitioner:

 - La República Argentina 

- La República Oriental Del Uruguay

Keywords: Not reccorded
  See related jurisprudence
  No data
Others
VAmerican Convention: Not reccorded

Other interamerican treaty(ies) Not reccorded

Other instruments: Not reccorded
Questions

1) Con respecto a los artículos 41 y 42, se pide a la Corte que dé su opinión respecto a la competencia de la Comisión para calificar y dar su criterio, como fundamento de su intervención, en el caso de comunicaciones que alegan una violación a los derechos protegidos por los artículos 23, 24 y 25 de la Convención, sobre la regularidad jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, en cuanto a su “razonabilidad”, “conveniencia” o “autenticidad”.

2) Con respecto a los artículos 46 y 47 de la Convención, se pide a la Corte que dé su opinión en cuanto a si, en el caso de comunicaciones presentadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Convención que deben tramitarse en el marco del Pacto de San José, es jurídicamente aceptable que la Comisión, después de haber declarado inadmisible la solicitud, se pronuncie, en el mismo informe, sobre el fondo.

3) Con respecto a los artículos 50 y 51 de la Convención, se pide a la Corte dé su opinión respecto a si es posible subsumir en un solo informe los dos que determinan los artículos 50 y 51 y si la Comisión puede ordenar la publicación del informe a que se refiere el artículo 50 antes de que transcurra el plazo que indica el artículo 51

Amicus curiae presented

- Federación latinoamericana de asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos (FEDEFAM); Familiares, madres y abuelas de detenidos desaparecidos de Mar del Plata

- Centro por la justicia y el derecho internacional (CEJIL) 

- Americas Watch

- International Human Rights Law Group

- Centro de estudios legales y sociales (CELS)

- Centro por los derechos humanos y el derecho humanitario de American University

- Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA)

- Centro por la acción legal en derechos humanos y Washington Office on Latin America

- La señora María Elba Martínez, en su condición de abogada de la Fundación paz y justicia-Argentina y apoderada de algunos particulares ante la Comisión.

Competence and admisibility

 16. En la solicitud de opinión consultiva en examen los gobiernos manifiestan que [n]inguno de los criterios interpretativos sobre los que se solicita opinión consultiva de la Corte son asuntos abstractos, eventualidades teóricas que pueden eventualmente surgir en el proceso de aplicación de la Convención. Son asuntos específicos, que han sido objeto de aplicación concreta por parte de la Comisión. (…)

17. El hecho de que en la solicitud de opinión consultiva se citen casos específicos en que la Comisión ha hecho aplicación concreta de los criterios sobre los que se pide respuesta, puede ser un argumento en favor de que la Corte ejerza su competencia consultiva ya que no se trata de “especulaciones puramente académicas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que justifiquen el interés de que se emita una opinión consultiva” (…).

18. En una oportunidad anterior en que la Comisión tuvo bajo su consideración varios casos contra el Estado solicitante de una opinión consultiva, la Corte entendió que una respuesta a las preguntas, [. . .] que podría traer como resultado una solución de manera encubierta, por la vía de la opinión consultiva, de asuntos litigiosos aún no sometidos a consideración de la Corte, sin que las víctimas tengan oportunidad en el proceso, distorsionaría el sistema de la Convención y, por tanto, decidió no responder la consulta.

19. Lo anterior no quiere decir que la Corte no pueda emitir una opinión consultiva a solicitud de la Comisión cuando un asunto está pendiente ante ésta ya que si se le impidiera a la Comisión solicitar una opinión consultiva simplemente porque uno o más gobiernos se encuentran involucrados en una disputa con la Comisión sobre la interpretación de una disposición [de la Convención], muy rara vez podría ésta valerse de la competencia consultiva de la Corte. (…)

20. La Corte no encuentra en la solicitud presente que se den presupuestos para abstenerse de resolverla, por lo cual la admite y pasa a responderla.

Analysis of the merits

 <p><strong>I.</strong><br>

  21.  La primera pregunta planteada por los gobiernos <em>&ldquo;con respecto a los  artículos 41 y 42&rdquo; </em>de la Convención, se refiere a <em>&ldquo;la competencia de la  Comisión para calificar y dar su criterio [. . .] en el caso de comunicaciones  que alegan una violación&rdquo; </em>de ciertos derechos protegidos por la Convención  (los de los artículos 23, 24 y 25), <em>&ldquo;sobre la regularidad jurídica de leyes  internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución </em>[de un  Estado cualquiera], <em>en cuanto a su &lsquo;razonabilidad&rsquo;, &lsquo;conveniencia&rsquo; o  &lsquo;autenticidad&rsquo;&rdquo;</em>.</p>

<p>22.  La Corte no encuentra razón alguna ni la solicitud la trae para distinguir los  derechos señalados (…) de los restantes enumerados en la Convención. (…) No  existiendo, sin embargo, razón alguna para que la opinión de la Corte se  refiera solamente a los tres artículos mencionados en la solicitud, ésta  omitirá la distinción en su respuesta.</p>

<p>23.  (…) Desde el comienzo, las disposiciones del sistema interamericano le han  encomendado a la Comisión la <em>&ldquo;promo[ción] de los derechos humanos&rdquo; </em>o <em>&ldquo;promover  la observancia y la defensa de los derechos humanos&rdquo;</em><strong>, </strong>como lo recoge  textualmente el artículo 41 de la Convención. Es esa la función principal de la  Comisión y la que condiciona y regula todas las demás que ella tiene, en  particular las que le atribuye el artículo 41 y cualquier interpretación que de  ellas se haga tendrá que estar sujeta a ese criterio.</p>

<p>24.  Entiende la Corte que la solicitud no busca una interpretación integral de los  artículos 41 y 42, sino una opinión sobre si, con base en esos artículos, la  Comisión podría (…) pronunciarse sobre la <em>&ldquo;regularidad jurídica de leyes  internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, en cuanto  a su &lsquo;razonabilidad&rsquo;, &lsquo;conveniencia&rsquo; o &lsquo;autenticidad&rsquo;&rdquo;</em>.</p>

<p>25.  (…) Habría que entender, (…) que la expresión, utilizada en la consulta, <em>&ldquo;leyes  internas, adoptadas de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución&rdquo; </em>se  refiere a cualquier disposición de carácter general y no exclusivamente a la  ley en sentido estricto. La Corte entiende la expresión <em>&ldquo;regularidad  jurídica de leyes internas, adoptadas de acuerdo con la Constitución&rdquo;</em>, como  referida, en términos generales, a la conformidad de las mismas con el  ordenamiento jurídico interno e internacional. </p>

<p>26.  Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional y,  específicamente, la Convención. En este último caso, puede hacerlo, por  ejemplo, omitiendo dictar las normas a que está obligado por el artículo 2.  También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con  lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención. Si esas normas se  han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra él, es  indiferente para estos efectos.</p>

<p>27.  En estas circunstancias, no debe existir ninguna duda de que la Comisión tiene  a ese respecto las mismas facultades que tendría frente a cualquier otro tipo  de violación y podría expresarse en las mismas oportunidades en que puede hacerlo  en los demás casos. Dicho de otro modo, el hecho de que se trate de &ldquo;leyes  internas&rdquo; y de que estas hayan sido <em>&ldquo;adoptadas de acuerdo con lo dispuesto  por la Constitución&rdquo;</em>, nada significa si mediante ellas se violan  cualesquiera de los derechos o libertades protegidos. Las atribuciones de la  Comisión en este sentido no están de manera alguna restringidas por la forma  como la Convención es violada.</p>

<p>29.  Esto no significa que la Comisión tenga atribuciones para pronunciarse sobre la  forma como se adopta una norma jurídica en el orden interno. Esa es función de  los órganos competentes del Estado. (…)</p>

<p>30.  En el ámbito internacional lo que interesa determinar es si una ley resulta  violatoria de las obligaciones internacionales asumidas por un Estado en virtud  de un tratado. Esto puede y debe hacerlo la Comisión a la hora de analizar las  comunicaciones y peticiones sometidas a su conocimiento sobre violaciones de  derechos humanos y libertades protegidos por la Convención.</p>

<p>32.  Conviene, ahora, considerar el asunto de los términos &ldquo;razonabilidad&rdquo;,  &ldquo;conveniencia&rdquo; y &ldquo;autenticidad&rdquo;, mencionados por los gobiernos solicitantes en  la primera pregunta. Se solicita de esta Corte una opinión sobre si la Comisión  puede aplicar estos vocablos para <em>&ldquo;calificar y dar su criterio&rdquo; </em>sobre  leyes internas discutidas en el marco de los artículos 41 y 42 de la  Convención. </p>

<p>33.  La &ldquo;razonabilidad&rdquo; implica un juicio de valor y, aplicada a una ley, una  conformidad con los principios del sentido común. Se utiliza, igualmente,  referida a parámetros de interpretación de los tratados y, por consiguiente, de  la Convención. Siendo razonable lo justo, lo proporcionado y lo equitativo, por  oposición a lo injusto, absurdo y arbitrario, es un calificativo que tiene  contenido axiológico que implica opinión pero, de alguna manera, puede  emplearse jurídicamente como, de hecho, lo hacen con frecuencia los tribunales,  pues toda actividad estatal debe no solamente ser válida sino razonable. En  cuanto a la &ldquo;conveniencia&rdquo; de una ley la cuestión se puede prestar a  apreciaciones de carácter subjetivo, salvo que la expresión se utilice en el  sentido poco usual de &ldquo;correlación&rdquo; o &ldquo;conformidad&rdquo; entre las normas internas y  las provenientes de la Convención. Respecto de la expresión &ldquo;autenticidad&rdquo; de  una ley, que podría poseer el significado jurídico de lo verdadero, cierto o  legalizado de modo que haga fe pública, parece no tenerlo en el contexto de la  consulta. </p>

<p>34.  En el trámite de las comunicaciones individuales es indispensable que se alegue  que ha habido una violación de la Convención por parte de un Estado. Es este un  presupuesto de admisibilidad (artículo 47.b) y las facultades de la Comisión están  dadas para determinar que esa violación efectivamente existe. En ese orden de  ideas y respecto de normas legales, le corresponde dictaminar si violan la Convención.  En efecto, frente a los órganos internacionales de aplicación de la Convención,  una norma interna no puede tener tratamiento distinto al de mero hecho. En esto  no existe diferencia entre la responsabilidad de un Estado derivada de  violaciones a la Convención a través de un precepto interno y el tratamiento  que en el derecho internacional general reciben las disposiciones internas  violatorias de otras obligaciones internacionales.</p>

<p>35.  Una norma interna puede resultar violatoria de la Convención por ser irrazonable  o porque no resulte &ldquo;conforme&rdquo; con ella y, por supuesto, una ley contraria a  las obligaciones de un Estado derivadas de la Convención no puede ser estimada  &ldquo;razonable&rdquo; ni &ldquo;conveniente&rdquo;. La Comisión estaría facultada para emplear esos  calificativos en este contexto. Ciertamente lo está para usarlos en las consideraciones  globales de los casos. No obstante, debiendo las funciones de la Comisión estar  ajustadas a derecho, la terminología que utilice debe ser cuidadosamente  seleccionada y evitar conceptos que pudieren resultar ambiguos, subjetivos o  confusos.</p>

<p>37.  La respuesta de la Corte tendrá, entonces, que basarse en la función principal de  la Comisión de promoción de la observancia y defensa de los derechos humanos, de  la cual deriva su facultad para dictaminar que una norma de derecho interno, como  cualquier otro hecho, puede ser violatoria de la Convención pero no para considerarla  violatoria del ordenamiento jurídico de un Estado. </p>

<p><strong>II</strong><br>

  38.  En el segundo punto de la solicitud de opinión consultiva, que se relaciona con  las peticiones presentadas de acuerdo con el artículo 44 de la Convención, se pregunta  si la Comisión después de declarar inadmisible la petición de conformidad con  lo dispuesto en los artículos 46 y 47, puede pronunciarse <em>&ldquo;en el mismo  informe, sobre el fondo&rdquo;</em>.</p>

<p>39.  Al respecto se debe precisar que si bien la Convención no utiliza el vocablo &ldquo;pronunciamiento&rdquo;  éste puede ser considerado como el término genérico de otras expresiones:  opiniones, conclusiones, recomendaciones, que la Comisión puede emitir en uso  de sus facultades de conformidad con el artículo 41. Asimismo no es exacto  hablar de un &ldquo;informe&rdquo; sin el presupuesto de la admisibilidad, pues si la Comisión  declara inadmisible un asunto no debe producirse, en los términos de los artículos  50 y 51, informe alguno. La Corte entiende que la pregunta objeto de este  análisis, se refiere al evento de que la Comisión formule opiniones,  conclusiones o recomendaciones sobre el fondo en peticiones individuales, después  de declararlas inadmisibles. </p>

<p>41.  Los requisitos de admisibilidad tienen que ver, obviamente, con la certeza jurídica  tanto en el orden interno como en el internacional. Sin caer en un formalismo  rígido que desvirtúe el propósito y el objeto de la Convención, es necesario  para los Estados y para los órganos de la Convención cumplir con las disposiciones  que regulan el procedimiento, pues en ellas descansa la seguridad jurídica de  las partes. Ante la Comisión, un Estado denunciado de violar la Convención  puede en ejercicio de su derecho de defensa argüir cualesquiera de las  disposiciones de los artículos 46 y 47 y, de prosperar ante la Comisión ese  argumento, que el trámite de la denuncia no continúe y ésta se archive.</p>

<p>42.  La admisibilidad de una petición o comunicación es un presupuesto indispensable  para el conocimiento del fondo de un asunto. La declaración de inadmisibilidad  de una petición o comunicación impedirá, en consecuencia, llegar a un  pronunciamiento sobre él. En el sistema previsto por la Convención para las comunicaciones  individuales, a partir del momento en que la Comisión declara inadmisible el  asunto, ésta carece de competencia para resolverlo. </p>

<p><strong>III</strong><br>

  45.  La tercera pregunta se refiere a los artículos 50 y 51 de la Convención, preceptos  que, como ya lo ha dicho esta Corte, plantean ciertas dificultades de interpretación. </p>

<p>48.  Supuesta la admisibilidad y sin perjuicio del procedimiento previo contemplado  en los artículos 48 y 49, los artículos 50 y 51 de la Convención establecen  etapas sucesivas. En la primera, regulada por el artículo 50, la Comisión, siempre  y cuando no se haya alcanzado una solución amistosa, puede exponer los hechos y  sus conclusiones en un documento dirigido al Estado interesado y que tiene carácter  preliminar. Este &ldquo;informe&rdquo; se transmite con carácter reservado al Estado para  que adopte las proposiciones y recomendaciones de la Comisión y solucione el problema.  El Estado no tiene la facultad de publicarlo. (…)</p>

<p>49.  El artículo 47.6 del Reglamento de la Comisión, según el cual <em>&ldquo;[e]l informe  se transmitirá a las partes interesadas, quienes no estarán facultadas para  publicarlo&rdquo; </em>y en virtud de que frente a la Comisión los solicitantes y las  víctimas pueden tener el carácter de partes (por ejemplo, artículo 45 del  Reglamento de la Comisión), no se conforma con el artículo 50 de la Convención  y su aplicación ha dado lugar a que se altere el carácter reservado del informe  y la obligación de no publicarlo. </p>

<p>50.  Una segunda etapa está regulada por el artículo 51 y, en ella, si en el plazo  de tres meses el asunto no ha sido solucionado por el Estado al cual se ha  dirigido el informe preliminar atendiendo las proposiciones formuladas en el  mismo, la Comisión está facultada, dentro de dicho período, para decidir si  somete el caso a la Corte por medio de la demanda respectiva o bien si continúa  con el conocimiento del asunto. Esta decisión no es discrecional, sino que debe  apoyarse en la alternativa que sea más favorable para la tutela de los derechos  establecidos en la Convención.</p>

<p>53.  Se trata, entonces, de dos documentos que, de acuerdo con la conducta asumida  en el ínterin por el Estado al cual se dirigen, pueden o no coincidir en sus conclusiones  y recomendaciones y a los cuales la Convención ha dado el nombre de &ldquo;informes&rdquo;  y que tienen carácter, uno preliminar y el otro definitivo. </p>

<p>54.  Puede existir una tercera etapa con posterioridad al informe definitivo. En efecto,  vencido el plazo que la Comisión ha dado al Estado para cumplir las recomendaciones  contenidas en este último sin que se acaten, la Comisión decidirá si lo publica  o no, decisión ésta que también debe apoyarse en la alternativa más favorable  para la tutela de los derechos humanos. </p>

<p>55.  En este orden de ideas, la pregunta debe contestarse en el sentido de que no pueden  subsumirse en uno sólo los dos informes regulados de manera separada por los  artículos 50 y 51 de la Convención, ya que dichos preceptos establecen dos etapas  diversas, aun cuando el contenido de esos documentos, de acuerdo con la conducta  asumida por el Estado afectado, puede ser similar. </p>

<p>56.  El documento preliminar y reservado del artículo 50 no puede ser publicado. El  único que puede ser objeto de publicación es el informe definitivo previsto por  el artículo 51 de la Convención, y esto por decisión tomada por la Comisión con  posterioridad al plazo señalado al Estado para cumplir con las recomendaciones  contenidas en el documento definitivo.</p>

Opinion

 LA CORTE,

por unanimidad

DECIDE

que es competente para rendir la presente opinión consultiva.

ES DE OPINIÓN

por unanimidad

1. Que la Comisión es competente, en los términos de las atribuciones que le confieren los artículos 41 y 42 de la Convención, para calificar cualquier norma del derecho interno de un Estado Parte como violatoria de las obligaciones que éste ha asumido al ratificarla o adherir a ella, pero no lo es para dictaminar si contradice o no el ordenamiento jurídico interno de dicho Estado. En cuanto a la terminología que la Comisión puede utilizar para calificar normas internas, la Corte se remite a lo dicho en el párrafo 35 de esta opinión. 

por unanimidad

2. Que, sin menoscabo de las otras atribuciones que otorga a la Comisión el artículo 41 de la Convención, declarada inadmisible una petición o comunicación de carácter individual (artículo 41.f en relación con los artículos 44 y 45.1 de la Convención) no caben pronunciamientos sobre el fondo. 

por unanimidad 

3. Que los artículos 50 y 51 de la Convención contemplan dos informes separados, cuyo contenido puede ser similar, el primero de los cuales no puede ser publicado. El segundo sí puede serlo, previa decisión de la Comisión adoptada por mayoría absoluta de votos después de transcurrido el plazo que haya otorgado al Estado para tomar las medidas adecuadas.

Principal ideas

- La Corte analiza si es que la Comisión Interamericana puede analizar en el marco del sistema de peticiones si las leyes internas de los Estados son compatibles con la Convención Americana. La Corte indica que la Comisión tiene respecto a las leyes internas, las mismas facultades para pronunciarse que respecto a cualquier violación. Resalta que aunque las leyes hayan sido adoptadas en la forma de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución, es posible que violen derechos o libertades de la Convención. Dado que lo relevante es determinar si la ley viola obligaciones internacionales asumidas por los Estados en virtud de tratados, entonces la Comisión puede verificar su compatibilidad con la Convención. Sin embargo, esto no significa que la Comisión pueda determinar que la ley sea violatoria del ordenamiento jurídico de un Estado. 

- La Corte determina que al ser la admisibilidad de la petición un presupuesto básico para conocer el fondo, entonces no puede haber un pronunciamiento sobre el mismo si es que la petición no fue admitida.