Technical Data: Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización

Petitioner:

Gobierno de Costa Rica

Keywords: Igualdad, Nacionalidad, No discriminación
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VAmerican Convention: Artículo 17 ( Protección a la Familia) , Artículo 20 (Derecho a la nacionalidad) , Artículo 24 (Igualdad ante la ley)

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Questions

 

II.              DISPOSICIONES  QUE DEBEN SER ANALIZADAS EN LA DETERMINACIÓN DE COMPATIBILIDAD:

 

a)            Legislación interna:

 

1 )           Texto actual de los artículos 14 y 15 de la Constitución  Política de Costa Rica:

 

Artículo 14. Son costarricenses  por naturalización:

 


     
  1. Los que han adquirido esta calidad en  virtud de leyes anteriores;

  2.  
  3. Los nacionales de los otros países de  Centro América, de buena conducta y con un año de residencia en la República  por lo menos, que manifiesten ante el Registro Civil su decisión de ser  costarricenses;

  4.  
  5. Los españoles o iberoamericanos por  nacimiento que obtengan la carta respectiva ante el Registro Civil, siempre que  hayan tenido su domicilio en el país durante los dos años anteriores a su  solicitud;

  6.  
  7. Los centroamericanos, españoles e  iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan  estado domiciliados en Costa Rica por el término mínimo de cinco años  inmediatamente anteriores a la solicitud de naturalización, de acuerdo con los  requisitos que indique la ley;

  8.  
  9. La mujer extranjera que al casar con  costarricense pierda su nacionalidad, o que manifieste su deseo de ser  costarricense;

  10.  
  11. Quienes reciban la nacionalidad  honorífica de la Asamblea Legislativa.

 

 

 

Artículo 15. El que solicite  naturalizarse debe acreditar de previo su buena -conducta, demostrar que tiene  oficio o medio de vivir conocido y prometer que residirá en la República de  modo regular.

 

Para los efectos de la  naturalización, el domicilio implica residencia y vinculación, estables y  efectivas, a la comunidad nacional, de acuerdo con la reglamentación que  establezca la ley.

 

 

 

2 ) REFORMAS PROPUESTAS por la  Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en dictamen rendido con fecha 22  de junio de 1983.

 

Artículo 14.- Son  costarricenses por naturalización:

 


     
  1. Los que han adquirido esa calidad en  virtud de leyes anteriores;

  2.  
  3. Los nacionales de otros países de  Centroamérica, españoles e iberoamericanos por nacimiento, con cinco años de  residencia oficial en el país, y que cumplan con los demás requisitos que fije  la ley;

  4.  
  5. Los centroamericanos, españoles e  iberoamericanos que no lo sean por nacimiento y los demás extranjeros que hayan  residido oficialmente por un término mínimo de siete años y que cumplan con los  demás requisitos que fije la ley;

  6.  
  7. La mujer extranjera que al casar con  costarricense pierda su nacionalidad o que luego de estar casada dos años con  costarricense y de residir por ese mismo período en el país, manifieste su  deseo de adquirir nuestra nacionalidad; y

  8.  
  9. Quienes reciban la nacionalidad  honorífica de la Asamblea Legislativa.

 

 

 

Artículo 15.- Quien solicite  naturalizarse debe acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o  medio de vivir conocido, que sabe hablar, escribir y leer el idioma español. Se  someterá a un examen comprensivo acerca de la historia del país y sus valores,  debiendo, asimismo, prometer que residirá en el territorio nacional de modo  regular y jurar que respetará el orden constitucional de la República.

 

Por medio de ley se establecerá  los requisitos y la forma para tramitar la solicitud de naturalización.

 

3 ) MOCIÓN DE REFORMA al inciso  4 del artículo 14 de la Constitución que presentan los diputados  dictaminadores:

 

La persona extranjera que al  casarse con costarricense pierda su nacionalidad y luego de estar casada dos  años con costarricense y de residir durante ese mismo período en el país,  manifiesta su deseo de adquirir la nacionalidad del cónyuge.

 

b ) Artículos de la  Convención:

 

Los textos legales arriba  mencionados deben ser comparados con los siguientes artículos de la Convención  Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de determinar su compatibilidad:

 

Artículo 17. Protección a la  familia

 

Párrafo 4. Los Estados Partes  deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la  adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio,  durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución,  se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos,  sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

 

Artículo 20. Derecho a la  Nacionalidad

 


     
  1. Toda persona tiene derecho a una  nacionalidad.

  2.  
  3. Toda persona tiene derecho a la  nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.

 

 

 

A nadie se privará  arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

 

Artículo 24. Igualdad ante la  Ley

 

Todas las personas son iguales  ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual  protección de la ley.

 

III. PREGUNTAS ESPECÍFICAS  SOBRE LAS CUALES SE BUSCA LA OPINIÓN DE LA CORTE:

 


     
  1. Si existe alguna incompatibilidad  entre las reformas propuestas y las disposiciones citadas de la Convención  Interamericana de Derechos Humanos.

 

 

 

En una forma específica, dentro  del contexto de la pregunta anterior, estima que deben contestarse las  siguientes preguntas:

 


     
  1. Se afecta en alguna forma el derecho  de toda persona a tener una nacionalidad estipulado en el artículo 20, párrafo  primero de la Convención, con las modificaciones proyectadas a los artículos 14  y 15 de la Constitución Política?

  2.  
  3. Es compatible la reforma propuesta al  inciso 4 del artículo 14, según el texto propuesto en el dictamen, con el  artículo 17, párrafo 4 de la Convención, en cuanto a igualdad entre los  cónyuges?


Es  compatible el texto de la moción acompañada por los Diputados a su dictamen  para reforma de ese mismo inciso, con el párrafo primero del artículo 20 de la  Convención?

 

Amicus curiae presented

No se consigna

Competence and admisibility

 

13. Como la solicitud no se  refiere a leyes vigentes sino a reformas propuestas a la Constitución, cabe  preguntarse si la referencia en el artículo 64.2 a "leyes internas"  incluye normas constitucionales y si un proyecto legislativo puede ser objeto  de consulta a la Corte con fundamento en las disposiciones de dicho artículo.

 

14. La respuesta a la primera  pregunta no admite duda: siempre que un convenio internacional se refiera a  "leyes internas" sin calificar en forma alguna esa expresión o sin  que de su contexto resulte un sentido más restringido, la referencia es para  toda la legislación nacional y para todas las normas jurídicas de cualquier  naturaleza, incluyendo disposiciones constitucionales.

 

15. La respuesta a la segunda  pregunta es menos sencilla. La solicitud no plantea una consulta sobre una ley  interna vigente. Se refiere a un proyecto de reforma constitucional, que no ha  sido todavía aprobado por la Asamblea Legislativa, aunque sí admitido por ésta  a discusión y aprobado por la Comisión correspondiente.

 

16. Debe tenerse presente que,  según el artículo 64.1, la Corte sería competente para responder una solicitud  de opinión consultiva, formulada por un Estado Miembro de la OEA, que  involucrara el problema de la compatibilidad entre un proyecto de ley que tenga  pendiente y la Convención. En esa hipótesis, por supuesto, la solicitud estaría  concebida de forma diferente, aun cuando en el fondo se tratase de una idéntica  materia.

 

18. Cualquier intento por  entender el significado del artículo 64.2 en el sentido de que se refiere  solamente a leyes vigentes, esto es, a leyes cuyo proceso de formación se haya  perfeccionado, tendría como consecuencia que los Estados no podrían solicitar,  según esa disposición, opiniones consultivas de la Corte sobre proyectos  legislativos. Los Estados estarían, así, obligados a cumplir todo el  procedimiento de derecho interno para la formación de las leyes, antes de poder  solicitar la opinión de la Corte sobre su compatibilidad con la Convención u  otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los  Estados americanos.

 

22. Al determinar si el  proyecto legislativo al cual se refiere la solicitud puede dar lugar a una  opinión consultiva según el artículo 64.2, la Corte debe interpretar la  Convención "de buena fe conforme al sentido corriente que haya de  atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en  cuenta su objeto y fin" [Convención  de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31.1; Restricciones a la Pena de Muerte, supra 19, párr. no. 49].

 

25. En este sentido la Corte  entiende que su función consultiva, enclavada dentro del sistema de protección  de los derechos fundamentales, es tan amplia cuanto lo requiera la salvaguardia  de tales derechos, pero ceñida a los límites naturales que la misma Convención  le señala. Con esto lo que se quiere decir es que, de la misma manera como el  artículo 2 de la Convención crea para los Estados Partes la obligación de  "adoptar...las medidas legislativas o de otro carácter que fueren  necesarias para hacer efectivos (los) derechos y libertades" de la persona  humana, la función consultiva hay que entenderla con criterio amplio,  encaminado también a hacer efectivos tales derechos y libertades.

 

26. Abstenerse, en  consecuencia, de atender la solicitud de un Gobierno porque se trate de  "proyectos de ley" y no de leyes formadas y en vigor, podría, en  algunos casos, equivaler a forzar a dicho Gobierno a la violación de la  Convención, mediante la adopción formal y posiblemente la aplicación de la  medida legislativa, para luego acudir a la Corte en busca de la opinión. Este  criterio no ayuda a "dar efecto" a la norma, es decir, no ayuda a la  protección de los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos.

 

27. La experiencia indica,  además, que después de que una ley ha sido promulgada debe pasar no poco tiempo  antes de que pueda ser derogada o anulada, aun cuando hubiere sido determinado  que viola las obligaciones internacionales del Estado.


28.  Habida consideración de lo anterior, la Corte estima que una interpretación  restrictiva del artículo 64.2 que condujera a que los Estados sólo pudieran  invocarlo para solicitar opiniones consultivas sobre leyes vigentes, limitaría  indebidamente el servicio consultivo de la Corte.

 

Analysis of the merits

 

III. CUESTIONES  RELATIVAS AL DERECHO A LA NACIONALIDAD

 

35. La nacionalidad puede ser  considerada como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un  Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de  lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática. Con distintas  modalidades, la mayoría de los Estados han establecido la posibilidad de que  personas que no tenían originalmente su nacionalidad puedan adquirirla  posteriormente, en general, mediante una declaración de voluntad manifestada  previo cumplimiento de ciertas condiciones. La nacionalidad, en estos casos, no  depende ya del hecho fortuito de haber nacido en un territorio determinado o de  nacer de unos progenitores que la tenían, sino de un hecho voluntario que  persigue vincular a quien lo exprese con una determinada sociedad política, su  cultura, su manera de vivir y su sistema de valores.

 

36. Siendo el Estado el que  establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad a quien originariamente  era extranjero, es natural que las condiciones y procedimientos para esa  adquisición sean materia que dependa predominantemente del derecho interno.  Siempre que en tales regulaciones no se vulneren otros principios superiores,  es el Estado que otorga la nacionalidad, el que ha de apreciar en qué medida  existen y cómo se deben valorar las condiciones que garanticen que el aspirante  a obtener la nacionalidad esté efectivamente vinculado con el sistema de  valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer plenamente. Es  igualmente lógico que sean las conveniencias del Estado, dentro de los mismos  límites, las que determinen la mayor o menor facilidad para obtener la  nacionalidad; y como esas conveniencias son generalmente contingentes, es  también normal que las mismas varíen, sea para ampliarlas, sea para restringirlas,  según las circunstancias. De ahí que no sea sorprendente que en un momento  dado, se exijan nuevas condiciones, enderezadas a evitar que el cambio de  nacionalidad sea utilizado como medio para solucionar problemas transitorios  sin que se establezcan vínculos efectivos reales y perdurables que justifiquen  el acto grave y trascendente del cambio de nacionalidad.

 

42. Estando la reforma, en  general, orientada a restringir las condiciones para adquirir la nacionalidad  costarricense por naturalización pero no a cancelar esa nacionalidad a ningún  ciudadano que la disfrute en el presente o a prohibir el derecho a cambiarla,  la Corte no encuentra que la misma esté formalmente en contradicción con el  citado artículo 20 de la Convención. Aun cuando frente a hipótesis más  complejas el artículo 20 ofrecería otras posibilidades de desarrollo, en el  presente caso como ningún costarricense perdería su nacionalidad por efecto de  la eventual aprobación de las reformas no hay campo para la infracción del  párrafo primero. Igualmente a salvo queda el párrafo segundo de dicho artículo,  puesto que en ninguna forma se afectaría el derecho de quien haya nacido en  Costa Rica a ostentar la condición de nacional de ese país. Y, por último,  habida cuenta de que la reforma no pretende privar de su nacionalidad a ningún  costarricense ni prohibir o restringir su derecho a adquirir una nueva, tampoco  puede considerarse que exista contradicción entre la reforma proyectada y el  párrafo 3 del artículo 20.

 

43. Entre las propuestas de reforma  hay una que, aunque no contradice directamente el artículo 20, sí plantea  algunas cuestiones vinculadas con el derecho a la nacionalidad. Es la contenida  en la moción de reforma al artículo 14 párrafo 4 del proyecto presentada por  los diputados dictaminadores, según la cual, adquiere la nacionalidad  costarricense

 

La persona  extranjera que al casarse con costarricense pierda su nacionalidad y luego de  estar casada dos años con costarricense y de residir durante ese mismo período  en el país, manifiesta su deseo de adquirir la nacionalidad del cónyuge.

 

44. Sin entrar a considerar  algunos aspectos del texto vinculados con el tema de la discriminación, que  serán objeto de atención posterior (cf. infra capítulo IV), conviene destacar  otros problemas que plantea la redacción propuesta. Dicho texto, en efecto,  contrasta en más de un punto con el artículo 14 párrafo 5 de la Constitución  vigente y el artículo 14 párrafo 4 del proyecto, según los cuales:

 

                Artículo 14. Son costarricenses por naturalización:

  . . .

  5 )           La mujer extranjera que al casar con  costarricense pierda su nacionalidad o que manifieste su deseo de ser  costarricense;

 

Artículo 14.  Son costarricenses por naturalización:

  . . .

  4 )           La mujer extranjera que al casar con  costarricense pierda su nacionalidad o que luego de estar casada dos años con  costarricense y de residir por el mismo período en el país, manifieste su deseo  de adquirir nuestra nacionalidad;

 

Dichas disposiciones recogen el  criterio de que la mujer extranjera que al casar con costarricense pierda su  nacionalidad, adquiere en forma automática la costarricense, y sólo agregan  determinados requisitos cuando no se da el presupuesto de la pérdida automática  de la anterior nacionalidad.

 

45. En cambio, en el texto  propuesto por los diputados dictaminadores es evidente que se produce una  transformación sustancial en el dispositivo legal que nos ocupa, porque  entonces todas las condiciones que se exigen resultan acumulativas y deben  cumplirse en su totalidad para que se produzca la naturalización.

 

46. La primera consecuencia de  esta reforma, así planteada, sería que la persona extranjera que al casar con  costarricense pierda su nacionalidad, se convertiría automáticamente en  apátrida por un período de dos años, por lo menos, ya que mientras no completara  ese tiempo de matrimonio no habría cumplido uno de los requisitos concurrentes  y por lo tanto obligatorio para la naturalización. Cabe hacer la reflexión,  además, que ni siquiera hay la seguridad de que ese período de apatridia sea  únicamente de dos años, pues como hay también otro requisito concurrente, que  es la residencia en el país por el mismo período, podría resultar que la  persona extranjera se ausentara temporalmente por circunstancias  sobrevinientes, en cuyo caso seguiría siendo apátrida por tiempo indeterminado,  hasta completar todos los requisitos establecidos conforme a este proyecto en  forma concurrente.

 

47. De otra parte, puede  mencionarse también que en el texto examinado la pérdida automática de la  nacionalidad es uno de los requisitos concurrentes para la naturalización por  razón del matrimonio, lo que deja sin precisión especial la situación de los  extranjeros que casen con costarricenses y cuyas legislaciones no establezcan  dicha consecuencia.

 

48. En tal sentido, la  disposición propuesta por los diputados dictaminadores no crearía apatridia por  sí misma, sino que ésta sería, en verdad, efecto de la ley del país del cónyuge  afectado, que lo haría perder su nacionalidad por haber casado con  costarricense. De ahí que no pueda afirmarse que dicha propuesta contradiga  directamente el artículo 20 de la Convención.

 

IV. CUESTIONES  RELATIVAS A LA DISCRIMINACIÓN

 

52. Tanto las disposiciones del  proyecto sometido a la interpretación de la Corte, como el propio texto  constitucional vigente, contienen diferencias de tratamiento respecto a las  condiciones de adquisición de la nacionalidad costarricense por naturalización.  En efecto, los párrafos 2 y 3 del artículo 14 del proyecto establecen plazos  distintos de residencia oficial como requisito para la adquisición de la  nacionalidad, según el aspirante tenga o no la nacionalidad por nacimiento de  otros países de Centroamérica, España e Iberoamérica. Por su lado, el párrafo 4  del mismo artículo dispone ciertas condiciones especiales de naturalización  para "la mujer extranjera" que case con costarricense. Aun cuando, si  bien con diferente entidad y sentido, esas distinciones están también presentes  en el vigente artículo 14 de la Constitución, es necesario preguntarse si las  mismas no constituyen hipótesis de discriminación, incompatibles con los textos  pertinentes de la Convención.

 

59. En esa perspectiva, la  Corte reitera el ya expresado señalamiento según el cual, a los efectos del  otorgamiento de la naturalización, es el Estado que la concede el llamado a  apreciar en qué medida existen y cómo deben apreciarse las condiciones que  garanticen que el aspirante a obtenerla esté efectivamente vinculado con el  sistema de valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer  plenamente. En tal sentido, no puede ponerse en duda la potestad soberana de  Costa Rica para resolver sobre los criterios que han de orientar el  discernimiento o no de la nacionalidad a los extranjeros que aspiran a  obtenerla, ni para establecer ciertas diferencias razonables con base en  circunstancias de hecho que, por razones objetivas, aproximen a unos aspirantes  más que a otros al sistema de valores e intereses de la sociedad costarricense.

 

60. A la luz de los criterios  expresados, un caso de distinción no discriminatoria sería la fijación de  requisitos menos exigentes en relación con el tiempo de residencia para la  obtención de la nacionalidad costarricense para los centroamericanos,  iberoamericanos y españoles frente a los demás extranjeros. En efecto, no  parece contrario a la naturaleza y fines del otorgamiento de la nacionalidad,  facilitarla en favor de aquellos que, objetivamente, tienen con los  costarricenses lazos históricos, culturales y espirituales mucho más estrechos,  los cuales hacen presumir su más sencilla y rápida incorporación a la comunidad  nacional y su más natural identificación con las creencias, valores e  instituciones de la tradición costarricense, que el Estado tiene el derecho y  el deber de preservar.

 

61. Menos evidente es la  procedencia de la distinción que se hace en los párrafos 2 y 3 del artículo 14  del proyecto de reforma, entre los centroamericanos, iberoamericanos y  españoles según lo sean por nacimiento o naturalización. En efecto, siendo la  nacionalidad un vínculo que existe por igual en unos y otros, la diferenciación  propuesta parece basarse en el lugar de nacimiento y no en la cultura del  aspirante a obtener la nacionalidad. Sin embargo, las normas mencionadas  podrían expresar más bien un grado de prevención respecto del rigor con el cual  los otros Estados hubieran podido conceder su nacionalidad a quienes ahora  aspiran a cambiarla por la costarricense y que en consecuencia no constituiría  suficiente garantía de aproximación a los valores e intereses de la comunidad  costarricense, el hecho de haber obtenido previamente la naturalización  española o de otros países de Centroamérica o Iberoamérica. Ese criterio podría  quizás ser discutido desde puntos de vista que la Corte no entrará a  considerar, aunque resulta más difícil de comprender si se tienen en cuenta los  otros requisitos que tendría que cumplir el aspirante según el artículo 15 del  proyecto. Pero no puede concluirse que el proyecto contenga una orientación  inequívocamente discriminatoria.

 

62. Esa conclusión de la Corte  tiene especialmente en cuenta el margen de apreciación reservado al Estado que  otorga la nacionalización sobre los requisitos y conclusiones que deben  llenarse para obtenerla. Pero de ningún modo podría verse en ella una  aprobación a la tendencia existente en algunas partes a restringir exagerada e  injustificadamente el ámbito de ejercicio de los derechos políticos de los  naturalizados. La mayoría de estas hipótesis, no sometidas por cierto a la  consideración de la Corte, constituyen verdaderos casos de discriminación en  razón del origen o del lugar de nacimiento que crean injustamente dos grupos de  distintas jerarquías entre nacionales de un mismo país.

 

63. El proyecto de reforma,  dentro de su marcada tendencia restrictiva, introduce también nuevos requisitos  que han de cumplir quienes soliciten naturalizarse. El artículo 15 propuesto  exige entre otras cosas que se demuestre saber "hablar, escribir y  leer" el idioma español y que se rinda "un examen comprensivo acerca  de la historia del país y sus valores". Estas exigencias se sitúan, prima  facie, dentro de la capacidad de apreciación reservada al Estado otorgante  de la nacionalidad, respecto de cuáles han de ser y cómo deben valorarse las  condiciones que garanticen la existencia de vínculos efectivos y reales que  fundamenten la adquisición de la nueva nacionalidad. Desde esa perspectiva, no  puede considerarse irrazonable e injustificado que se exija demostrar aptitud  para la comunicación en la lengua del país, ni tan siquiera, aunque con menor  claridad, que se llegue a exigir "hablar, escribir y leer" la misma.  Lo mismo puede decirse del "examen comprensivo acerca de la historia del  país y sus valores". No obstante, la Corte no puede menos que advertir  que, en la práctica, y dado el amplio margen para la evaluación que inevitablemente  rodea a pruebas o exámenes como los requeridos por la reforma, tales  procedimientos pueden llegar a ser vehículo para juicios subjetivos y  arbitrarios, y a constituir instrumentos de políticas discriminatorias que,  aunque no se desprendan directamente de la ley, podrían producirse como  consecuencia de su aplicación.

 

64. El cuarto párrafo del  artículo 14 del proyecto otorga ciertas consideraciones especiales para la  obtención de la nacionalidad a "la mujer extranjera que case con  costarricense". En este aspecto, se mantiene la fórmula de la Constitución  vigente, que establece la incidencia del matrimonio como determinante en el  cambio de la nacionalidad solamente de la mujer y no del varón. Este criterio o  sistema se ha basado en el llamado principio de la unidad familiar, que  descansa en dos postulados: por una parte, la conveniencia de que todos los  miembros de la familia ostenten la misma nacionalidad y, por la otra, la  "potestas" paterna en relación con los hijos menores, por depender  éstos normalmente del padre e inclusive la potestad marital que otorga  facultades privilegiadas al marido, por ejemplo en lo referente a la autoridad  para fijar el domicilio conyugal o para administrar los bienes comunes. De este  modo, el privilegio femenino para la obtención de la nacionalidad se presenta  como una consecuencia de la desigualdad conyugal.

 

65. En el primer tercio del  presente siglo se inicia un movimiento contra estos principios tradicionales,  tanto por el reconocimiento de la capacidad decisiva de la mujer, como por la  difusión de la igualdad de los sexos dentro del concepto de la no  discriminación por razón del mismo.(…)

 

66. En esa tendencia se  inscribe lo dispuesto en el artículo 17.4 de la Convención, según el cual

 

Los Estados  partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y  la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al  matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de  disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a  los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

 

Concordando esta disposición  con la norma general que establece la igualdad ante la ley, según el artículo  24, y la prohibición de toda discriminación en razón de sexo prevista en el  artículo 1.1, puede establecerse que este artículo 17.4 es la aplicación  concreta de tales principios generales al matrimonio.


67. En  consecuencia, la Corte interpreta que no se justifica y debe ser considerada  como discriminatoria la diferencia que se hace entre los cónyuges en el párrafo  4 del artículo 14 del proyecto para la obtención de la nacionalidad  costarricense en condiciones especiales por razón del matrimonio. En este  aspecto, sin perjuicio de otras observaciones que se hicieron al texto de la  resolución propuesta por los diputados dictaminadores, [cf. supra,  párrs. nos. 45 et seq], ésta expresa el principio de igualdad conyugal  y, en consecuencia, se adecúa mejor a la Convención. Según ese proyecto tales  condiciones serían aplicables no sólo a "la mujer extranjera" sino a  toda "persona extranjera" que case con costarricense.

 

Opinion

 

LA  CORTE ES DE OPINIÓN,

 

En relación  con el artículo 20 de la Convención,

 

Por cinco votos contra uno

 

1.  Que el derecho a la nacionalidad, reconocido por el artículo 20 de la  Convención, no está involucrado en el proyecto de reforma constitucional,  objeto de la presente consulta.

 

En relación  con los artículos 24 y 17.4 de la Convención,

 

Por unanimidad

 

2.  Que no constituye discriminación contraria a la Convención estipular  condiciones preferentes para obtener la nacionalidad costarricense por  naturalización en favor de los centroamericanos, iberoamericanos y españoles,  frente a los demás extranjeros.

 

Por  cinco votos contra uno

 

3.  Que no constituye discriminación contraria a la Convención limitar esa  preferencia a los centroamericanos, iberoamericanos y españoles por nacimiento.

 

Por  cinco votos contra uno

 

4.  Que no constituye, en sí mismo, discriminación contraria a la Convención  agregar los requisitos del artículo 15 del proyecto, para la obtención de la  nacionalidad costarricense por naturalización.

 

Por  unanimidad


5. Que sí  constituye discriminación incompatible con los artículos 17.4 y 24 de la  Convención estipular en el artículo 14.4 del proyecto condiciones preferentes  para la naturalización por causa de matrimonio a favor de uno solo de los  cónyuges.

 

Principal ideas

-Es el primer caso de opinión consultiva sobre compatibilidad de leyes internas. Al respecto la Corte señala que la referencia en el artículo 64.2 a "leyes internas" incluye normas constitucionales, e incluso proyectos de leyes y proyectos de reforma constitucional. Lo contrario podría implicar en algunos casos, forzar a un Gobierno a la violación de la Convención, mediante la adopción formal y posiblemente la aplicación de la medida legislativa, para luego acudir a la Corte en busca de la opinión.

-La Corte define el derecho a la nacionalidad como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática. Establece además que los criterios para el otorgamiento de la nacionalidad son competencia exclusiva de un Estado (margen de apreciación). No obstante, estos criterios no pueden ser discriminatorios.

-La Corte establece que no toda distinción será per se discriminatoria. En razón de ello concluye que establecer de requisitos menos exigentes en relación con el tiempo de residencia para la obtención de la nacionalidad costarricense para los centroamericanos, iberoamericanos y españoles frente a los demás extranjeros no resulta discriminatorio en la medida que existen lazos históricos, culturales y espirituales mucho más estrechos entre Costa Rica y esos países. No obstante distinguir por sexo a quien desea adquirir la nacionalidad si resulta ser discriminatorio por carecer de un fundamento razonable.