Ficha Técnica: Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Solicitante:

República Argentina

Palabras Claves: Jueces, Jueces ad hoc, Nacionalidad
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Convención Americana: Artículo 55 (Nacionalidad de jueces)

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Preguntas formuladas

1) De acuerdo a lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 55.3, ¿la posibilidad de designar un juez ad-hoc debe limitarse a aquellos casos en que la demanda interpuesta ante la Corte haya sido originada en una denuncia interestatal?

2) Para aquellos casos originados en una petición individual, ¿Aquel magistrado nacional del Estado denunciado debería excusarse de participar de la sustanciación y decisión del caso en orden a garantizar una decisión despojada de toda posible parcialidad o influencia?

Amicus curiae presentados

- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

- Centro de Asesoría Legal del Perú

- Instituto de Defensa Legal, la Asociación por los Derechos Civiles

- Comisión Colombiana de Juristas

- Organización Justicia Global (Justiça Global)

- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

- Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADESS)

- Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle de los Estados Unidos de América (International Human Rights Clinic, Seattle University School of Law)

- Iintegrantes del Seminario sobre Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana de México

- Grupo de académicos, académicas y estudiantes incorporados a la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos de América

- Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina

- Miembros de la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

- Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador

- Centro de Derechos Humanos y Justicia “Bernard and Audre Rapoport” de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin de los Estados Unidos de América (The Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice, The University of Texas at Austin, School of Law)

- Director e integrantes del Grupo de Justicia Global y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes de Colombia

- Grupo de Estudios en Derechos Humanos y Litigio Internacional adscrito a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas de Colombia

- Señores Alberto Bovino y Juan Pablo Chirinos, el señor Carlos Rafael Urquilla, la señora Elisa de Anda Madrazo y el señor Guillermo José García Sánchez, el señor Luis Peraza Parga, el señor Carlos Eduardo García Granados, la señora Ligia Galvis Ortiz y el señor Ricardo Abello Galvis, el señor Augusto M. Guevara Palacios y el señor Marcos David Kotlik.

Competencia y Admisibilidad

 15. (…) la Corte recuerda que su competencia consultiva no debe, en principio, ejercerse mediante especulaciones puramente académicas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que justifiquen el interés de que se emita una opinión consultiva. En esta línea, el Tribunal observa que la consulta formulada por Argentina se relaciona con una situación precisa, es decir, la organización y composición de la Corte, asunto esencial en el funcionamiento del Tribunal, cuyo fortalecimiento responde a un interés general en la región.

17. Desde esa perspectiva, la Corte entiende que su respuesta a la consulta planteada prestará una utilidad concreta dentro de una realidad en la cual aspectos del actual funcionamiento del sistema interamericano de protección de derechos humanos han sido objeto de cuestionamiento. (…)

Análisis de fondo

IV. Artículo 55.3 de la  Convención americana La figura del Juez ad hoc en el trámite de casos  contenciosos originados en peticiones individuales  

1. La regla  general de interpretación de tratados

27. (…) la Corte considera que el análisis del  artículo 55.3 de la Convención Americana requiere la interpretación del  artículo 55 en su conjunto, en especial de los incisos 1, 2 y 3, además del  análisis de la  conexión que éstos guardan con el resto de las disposiciones del tratado. Lo  contrario conduciría a una interpretación fragmentada de la norma que  desatienda la lógica de la función interpretativa conforme a la regla general  contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena.

29. De la lectura natural y razonable de esta disposición, el Tribunal  observa que en sus incisos 1, 2 y 3 se establecen tres hipótesis o supuestos  normativos sobre la composición de la Corte en un caso concreto. Como primera  hipótesis, la norma plantea que de existir un juez nacional de “alguno de los  Estados Partes en el caso” en la composición permanente del Tribunal, éste  conservará el derecho de conocer del mismo. Como segunda hipótesis, establece  que si uno de los jueces de la Corte es nacional de “uno de los Estados Partes”  y ha decidido conservar su derecho de conocer del mismo, el “otro Estado parte  en el caso” podrá designar un juez ad hoc.  Por último, la Convención dispone que si entre los jueces de la Corte ninguno  fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, “cada uno de éstos” podrá  designar un juez ad hoc.

30. Del sentido corriente de las expresiones contenidas en este  artículo —“alguno de los Estados Partes en el caso”, “uno de los Estados  Partes”, “otro Estado Parte en el caso” y “cada uno de éstos”—, resulta evidente  que las hipótesis allí planteadas para la composición de la Corte en un caso  concreto tienen como presupuesto la participación de más de un Estado Parte en  el mismo.

32. La Corte considera que deben distinguirse las modalidades de  participación de un Estado en un caso contencioso de acuerdo a lo previsto por  otras disposiciones de la Convención Americana. Al respecto, el Tribunal  observa que dicha participación puede suscitarse con motivo de dos  procedimientos de quejas o comunicaciones ante la Comisión Interamericana. Uno  de ellos es el establecido en el artículo 44 de la Convención conforme al cual  los Estados se constituyen en la parte demandada respecto a casos contenciosos  originados en peticiones individuales. En el otro, dispuesto en el artículo 45 de dicho tratado, los Estados se presentan como partes procesales opuestas, es decir,  como demandado y demandante en casos contenciosos originados por comunicaciones  interestatales. Así, no sólo “cualquier  persona o grupo de personas” sino también “todo Estado Parte” en la Convención puede presentar comunicaciones ante la  Comisión Interamericana, en las que se alegue que otro Estado Parte ha  incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en dicho tratado.  Una vez concluido su trámite, las mismas pueden derivarse en una demanda ante  la Corte, siempre que se reúnan  los demás requisitos para que ella pueda ejercer su competencia contenciosa. En este sentido es claro el artículo 61.1 de la Convención, el cual dispone que “[s]ólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un  caso a la decisión de la Corte”.

33. Una interpretación conforme al sentido corriente de los términos  del artículo 55 de la Convención, en armonía con otras disposiciones de dicho  tratado, conduce a afirmar que la expresión en plural de “Estados Partes”, que  sirve de presupuesto a las hipótesis contenidas en el citado artículo 55 (supra párr. 29), es aplicable solamente  a casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales.

34. La anterior interpretación del artículo 55 de la Convención es  consecuente con el objeto y fin de la norma en cuestión. Al respecto, el Tribunal considera conveniente remitirse a los antecedentes de la figura del juez ad hoc. Como tal, esta institución fue  concebida en el derecho internacional para la resolución de disputas clásicas  entre Estados. El artículo 31 del Estatuto de la Corte  Internacional de Justicia establece expresamente esta figura. De conformidad  con dicha disposición, la cual es casi textualmente reproducida por el artículo  55 de la Convención Americana (supra párr. 28), los Estados, quienes se constituyen en las únicas partes procesales  en las contiendas sustanciadas ante aquel tribunal, pueden designar un juez ad hoc si en su integración no se cuenta  con jueces de la nacionalidad de dichos Estados.  

36. Sobre la base de lo anterior, el Tribunal considera que las  diversas disposiciones del citado artículo 55 (supra párr. 28), similar al artículo 31 de la Corte Internacional  de Justicia (supra nota 19), tienen  como propósito la preservación del equilibrio procesal de  las partes constituidas por dos o más Estados soberanos iguales en derecho y  cuyas relaciones son gobernadas bajo el principio de reciprocidad. Tanto es así, que el derecho a designar un juez ad hoc se origina para un Estado  solamente cuando el juez de la nacionalidad de su contraparte decide hacer uso  de su derecho a permanecer conociendo del caso, o bien, cuando tanto éste como  el otro Estado parte no cuentan con un juez de su nacionalidad en la  composición del Tribunal (supra párr.  29). Esto sólo adquiere sentido, si se observa en el contexto de los casos  contenciosos originados en comunicaciones interestatales, el cual es  marcadamente diferente al que se suscita en los casos originados en peticiones  individuales, e inclusive en otros asuntos conocidos por la Corte  Interamericana (solicitud de medidas provisionales y opiniones consultivas).

37. El Tribunal resalta que, conforme a la Convención Americana, está  llamado a resolver casos contenciosos originados no solamente en comunicaciones  interestatales sino también en peticiones individuales. En este sentido, no escapa a la Corte que la figura del juez ad hoc,  concebida para mantener el equilibrio procesal entre Estados Partes iguales en  derecho, podría entrar en conflicto con el carácter especial de los tratados  modernos de derechos humanos y la noción de garantía colectiva. El conflicto en cuestión resulta más evidente cuando los individuos y los Estados se constituyen en  partes procesales opuestas. Por ello, al estar expresamente prevista en la  Convención Americana, la Corte debe dar a la figura del juez ad hoc una aplicación restringida de  conformidad con el propósito del artículo 55 de la Convención.

38. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte estima que el artículo 55  de la Convención constituye una excepción a las normas generales de composición  del Tribunal, por ser únicamente aplicable en el ámbito de un caso contencioso  originado en una comunicación interestatal. El artículo 55 es igualmente  excepcional con relación a las normas de elección de los jueces titulares que  integran la Corte.

40. En vista de todo lo anterior, la expresión “Estados Partes”, seguida de “cada  uno de éstos” del artículo 55.3 de la Convención Americana, debe entenderse  como referida al supuesto de un procedimiento originado en una comunicación  interestatal. No consta en la Convención que la intención de las partes  contratantes haya sido la de darle un sentido especial a esos términos, y de la  cual se derive la posibilidad de los Estados demandados de designar un juez ad hoc para que integre el Tribunal en  casos originados en peticiones individuales.

2. Medios complementarios de interpretación

44. (…)  el  Tribunal observa que la intención de los redactores de la Convención  Americana fue recoger y reproducir “el sistema establecido en el artículo 31  del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que era, a juicio de personas de  reconocida autoridad y competencia en la materia, el sistema más técnico y  jurídico para la designación de jueces ad  hoc”. Así, la lectura de los trabajos preparatorios de la  Convención confirma la interpretación hecha conforme al sentido corriente de los términos del artículo 55.3 de la  Convención, dentro del contexto del tratado y teniendo en cuenta su objeto y  fin.

46. Sin  perjuicio de ello, el Tribunal considera conveniente examinar otras  observaciones expresadas por los participantes en el marco de este proceso de consulta, de tal forma que también desarrolle los  cuestionamientos planteados por aquellos en relación con la interpretación del  artículo 55.3 de la Convención Americana.

A) La invitación reiterada de la Corte sobre la  posibilidad de nombramiento de jueces ad  hoc

47. Algunos Estados han considerado que la invitación reiterada del  Tribunal sobre la posibilidad de nombramiento de jueces ad hoc es constitutiva  de “costumbre jurídica internacional”. En ese sentido, señalaron que la  designación de jueces ad hoc en casos  contenciosos originados en peticiones individuales configura un derecho  procesal autónomo de los Estados que surge de dicha costumbre internacional.

51. Sobre este punto, el  Tribunal no había encontrado razones, “examinando la cuestión como un asunto  incidental en el marco de un caso contencioso específico”, para modificar la  interpretación hasta ahora elaborada (supra párr. 48). La presente solicitud de opinión consultiva exige de esta Corte  un nuevo examen de esta materia.

52. Como ya se dijo, la interpretación de las normas sustantivas y  procesales que está llamada a aplicar es función inherente de todo tribunal (supra párr. 21). En este sentido, la Corte debe procurar que la  interpretación que realice de las disposiciones de la Convención Americana sea  efectivamente compatible con la letra y espíritu del tratado, por lo que, cuando existen fundamentos para ello,  la revisión de una interpretación  elaborada previamente no sólo debe ser posible sino necesaria.

53. Así, el acto de informar de  manera reiterada a los Estados Partes demandados sobre la posibilidad de nombrar jueces ad hoc, responde a una interpretación  del artículo 55.3 de la Convención realizada por la propia Corte  Interamericana, teniendo como  fundamento sus normas procesales. Como tal, ninguna interpretación de la  Convención realizada por la Corte, inclusive de manera reiterada, puede  entenderse como una práctica de los Estados en el sentido del artículo 38.1 b)  del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de tal forma que impida al  Tribunal modificar sus criterios. Se advierte entonces que en este asunto no se  está en presencia de una costumbre internacional conforme a la cual los Estados  hayan adquirido derecho alguno para el nombramiento de jueces ad hoc en casos contenciosos originados  en peticiones individuales.

54. En todo caso, el Tribunal considera que no podría sostenerse una  interpretación de la Convención que atente contra el principio de igualdad y no  discriminación (supra párr. 50), el  cual subyace a todos los derechos humanos, y cuya prohibición ha alcanzado  carácter de jus cogens. La Corte recuerda, como lo ha hecho en otras  oportunidades, que sobre este principio  fundamental descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e  internacional por lo cual permea todo el ordenamiento jurídico. Con ello, la  interpretación reiterada del artículo 55.3 de la Convención, aún si  constituyera una norma consuetudinaria internacional, no podría tener efectos  obligatorios sobre una norma imperativa de derecho.

B) La función orientadora del juez ad hoc

55. En algunos de los planteamientos  formulados por los participantes en el procedimiento correspondiente a esta  solicitud de opinión, se ha expresado  que en el contexto de un caso originado en una petición individual el juez ad hoc es “un recurso idóneo y necesario”  con el que cuenta el Tribunal “para hacerse de elementos suficientes que en su  momento le permitirán llevar a cabo una valoración mucho más objetiva y acorde  con las circunstancias particulares del derecho interno y el contexto político,  económico y social en el que se encuentra el Estado en conflicto”.

59. Así, este Tribunal ha considerado que durante el procedimiento  internacional es necesario asegurar el conocimiento de la verdad y la más  amplia presentación de argumentos por las partes, garantizando a éstas el  derecho a la defensa de sus respectivas posiciones, todo ello en cumplimiento  con el principio del contradictorio. En tal virtud, la Corte tiene amplias facultades para recibir toda prueba documental, testimonial y pericial, e información que estime pertinente, para contar con suficientes elementos que le permitan  analizar los hechos a la luz de las disposiciones aplicables, propiciando  resoluciones que demuestren comprensión de los sistemas jurídicos nacionales y  ordenamientos legales, así como de los conceptos, instituciones y prácticas  involucradas en el caso a fin de favorecer su análisis, y la aplicación de la  Convención Americana.

61. En razón de lo anterior, el Tribunal estima que aquellas  consideraciones en torno a lafunción útil u  orientadora que desempeñan los jueces ad hoc al suministrar  “conocimiento local y un  punto de vista nacional” a la Corte,  no constituyen justificación suficiente en el marco del funcionamiento del  proceso contencioso llevado a cabo por ésta.

62. Por último, la Corte resalta que se debe garantizar la capacidad procesal de todas  las partes de conformidad con los  imperativos y necesidades del debido proceso. Por ende, el Tribunal estima  que en el contexto de casos contenciosos originados en peticiones individuales,  en los cuales las partes son el Estado demandado y la presunta víctima y, sólo  procesalmente, la Comisión (supra nota 36), la reapertura de  cuestiones procesales y argumentos del mérito del asunto sin la presencia de  cualquiera de las partes afecta la realización  de los principios del contradictorio, la igualdad y la seguridad jurídica  procesales. En consecuencia, no corresponde a una Corte recibir  informaciones de hecho o de derecho sin la presencia de todas las partes en el  proceso.

C) La representatividad del juez ad hoc

63. Durante el trámite de la presente solicitud algunos Estados  indicaron que la participación del  juez ad hoc en casos originados en  peticiones individuales permite un mayor nivel de representatividad en el  juicio e, inclusive, la representatividad de los diferentes sistemas jurídicos  de la región. 

64. Al respecto, el Tribunal considera  oportuno recordar, que tanto la Convención Americana como su Estatuto, ambos  aprobados por la Asamblea General de la OEA, establecen en sus disposiciones  pertinentes el procedimiento que debe seguirse para la propuesta de candidatos  y elección de los jueces titulares que lo integran.

65. Conforme a dichas disposiciones, es claro  que la cuestión de asegurar la señalada representatividad de los jueces escapa  a las facultades de la Corte, pues ello corresponde a otros órganos de la OEA. En todo caso, debe recordarse que los jueces  del Tribunal, a pesar de ser nominados por los Estados, ejercen su cargo a  título personal (infra Párr. 79)

67. Por lo anterior, en esta Opinión Consultiva el Tribunal considera necesario apartarse de las  interpretaciones formuladas previamente sobre la materia.

VI.  Artículo 55.1 de la Convención americana El Juez nacional en el  trámite de casos contenciosos originados en peticiones individuales

72. El artículo 55.1 de la Convención Americana objeto de examen  dispone que “[e]l juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el  caso sometido a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo”. Para  responder la pregunta formulada por Argentina sobre la participación del juez  nacional del Estado demandado en casos contenciosos originados en peticiones  individuales, el Tribunal ha considerado dos posibles interpretaciones de dicha  disposición.

73. Sobre la base de una primera interpretación, es dable concluir que  este artículo se refiere únicamente a los supuestos de composición del Tribunal  en casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (supra párr. 45).  En esta línea cabe considerar que esta  disposición otorga de manera expresa un derecho al juez titular de la  nacionalidad del Estado demandado a conocer sólo de casos contenciosos  originados en comunicaciones interestatales. Ello se desprende de lo analizado  en el capítulo precedente en cuanto al sentido y alcance del artículo 55 de la  Convención Americana (a la luz de los artículos 31 y 32 de la Convención de  Viena sobre el Derecho de los Tratados) y, de acuerdo a una interpretación  armónica del conjunto de las disposiciones contenidas en aquél precepto.

74. En efecto, tal como se dijo anteriormente, el sentido corriente de  la expresión “alguno de los Estados Partes en el caso” referida en el artículo  55.1 de la Convención se desprende la aplicación de esta disposición a la  hipótesis de participación de más de un Estado Parte en una controversia, es  decir, a casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (supra párr.33).

75. Lo anterior es consecuente con el análisis del objeto y fin del  tratado y de la disposición en cuestión. Tomando en cuenta las características  del proceso contencioso establecido en la Convención Interamericana, para este  Tribunal la participación del juez nacional atiende, al igual que la  intervención del juez ad hoc, a la  necesidad de preservar el equilibrio procesal de las partes  constituidas por dos o más Estados soberanos iguales en derecho (supra párr. 36). Esto, evidentemente, no  puede ser el propósito de la posible permanencia del juez nacional en casos  originados en peticiones individuales, ya que, por el contrario, en este tipo de casos, los Estados no se constituyen  como las únicas partes en el proceso.

76. En algunas observaciones presentadas ante la Corte en este proceso  de consulta se ha expresado que el propósito de la norma es el de garantizar un  mejor conocimiento por parte del Tribunal del sistema jurídico del Estado  demandado. Esta Corte no encuentra persuasivo ese argumento (supra párrs. 55 a 62). Al respecto,  considera que, de ser ese el caso, la intervención del juez titular nacional  del Estado demandado en casos contenciosos originados en peticiones  individuales generaría una desigualdad procesal entre los Estados, ya que de  acuerdo a las reglas de integración del Tribunal la gran mayoría de Estados  Partes en la Convención Americana no cuentan con un juez de su nacionalidad en  la composición del Tribunal (supra notas al pie 51 y 52). Por lo tanto, aceptar, con base en esas razones, que de  la interpretación del artículo 55.1 de la Convención Americana se desprende un  derecho para el juez titular nacional de conocer un caso originado en una  petición individual, significaría que la mayoría de Estados que han reconocido  la competencia contenciosa del Tribunal no podrían asistir a la Corte con la  mejor comprensión de todos aquellos aspectos relevantes nacionales del caso  concreto. En todo caso, este Tribunal reitera que se debe garantizar la capacidad procesal de todas las partes de conformidad con los imperativos y necesidades  del debido proceso, y en tal sentido, no corresponde a una Corte recibir  informaciones de hecho o de derecho sin la presencia de todas las partes en el  proceso, lo cual cobra un significado especial en el contexto de casos  originados a través de peticiones individuales (supra párr. 62).

77. La anterior interpretación asegura a las partes en el proceso la  vigencia de uno de los  principios  fundamentales de la justicia que es el debido proceso, el cual tiene  como presupuesto que el juez que interviene en una contienda particular se  aproxime a los hechos de la causa de modo imparcial, es decir, careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio  personal y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que  permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar  respecto de la ausencia de imparcialidad.

78. En razón de este primer análisis del artículo 55.1  de la Convención, sólo en el trámite de controversias originadas en  comunicaciones interestatales, el juez o los jueces de la nacionalidad de los  Estados Partes en el caso sometido a la Corte conservan su derecho a participar  en la sustanciación del mismo. Visto así, el artículo 55 de la Convención  consagraría un régimen excepcional no sólo en lo relativo al nombramiento de  jueces ad hoc (supra párr. 45), sino también respecto a la participación de los  jueces nacionales de Estados demandados. Como se  dijo, esta interpretación se confirma al estudiar los trabajos preparatorios de  la Convención Americana de los cuales se desprende que sus redactores quisieron  limitar el ámbito de aplicación del artículo 55 en su conjunto a casos  originados en comunicaciones interestatales, de modo similar al artículo 31 del  Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (supra párr. 44).

79. Siguiendo un segundo criterio de interpretación, puede concluirse que  el artículo 55.1 de la Convención nada dice respecto de la participación del juez nacional de un Estado  demandado en casos originados en peticiones individuales ya que, como fue  establecido en el capítulo precedente, este se refiere exclusivamente a casos  originados en comunicaciones interestatales. Según esta perspectiva, tomando en consideración la importancia y trascendencia  del tema, no es dable en términos interpretativos deducir una prohibición  implícita en dicha norma.

80. En tal  sentido, la determinación del significado del silencio del  tratado en esta materia representa una tarea compleja que exige de la Corte un análisis que tenga en cuenta tanto el  resto de las disposiciones de la Convención Americana como la naturaleza de la  materia no cubierta por dicho tratado. Al respecto, la Corte advierte que la Convención  Americana ha dispuesto un régimen para la integración independiente, imparcial  y competente del Tribunal, con el claro propósito de asegurar la legitimidad y  eficacia del proceso judicial que éste desarrolla. Así, de conformidad con el  artículo 52 de la Convención, el Tribunal estará integrado por siete jueces, nacionales de los Estados miembros  de la OEA, quienes son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de  reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las  condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones  judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que  los proponga como candidatos. Además, los jueces de la Corte son elegidos para un  período de seis años, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de  los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la OEA, de una  lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados. En este carácter, los jueces titulares  se distinguen de los jueces ad hoc,  pues estos últimos son designados por los Estados para ejercer su cargo en un  caso en concreto con posterioridad a la introducción de la demanda ante la  Corte.

81. De lo anterior es dable concluir que, la sola nacionalidad del  juez que deba conocer de un caso contencioso originado en una petición  individual contra el Estado del cual ostenta dicha nacionalidad no es una  cualidad que, por sí misma y a priori,  pueda suscitar sospechas sobre su carencia de imparcialidad o sobre su falta de  independencia.

85. En conclusión, el Tribunal considera que el tema de la  nacionalidad de los jueces está vinculado a la apreciación de la justicia que  imparte la Corte en el marco de controversias que no corresponden más al  derecho internacional clásico y en las cuales el ser humano es el destinatario de la protección ofrecida por el sistema. En esta Opinión Consultiva el Tribunal ya señaló  que al interpretar la Convención debe actuar de tal manera que se preserve la  integridad del mecanismo de supervisión establecido en la misma, para lo cual  debe tener en cuenta el carácter especial de los tratados de derechos humanos (supra nota 22). Además, ello incluye  tener presente que conforme al mecanismo establecido en la Convención  Americana, los Estados ya no son los únicos actores en los procesos  internacionales (supra nota 35). El  Tribunal está llamado a dirimir controversias no solamente originadas en  comunicaciones interestatales sino también en peticiones individuales, como de  hecho ha sucedido durante el desarrollo de su actividad jurisdiccional.

 

Opinión

LA CORTE, DECIDE

por unanimidad,

Que es competente para emitir la presente Opinión Consultiva.

Y ES DE OPINIÓN

por unanimidad,

1. Que conforme al artículo 55.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la posibilidad de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte Interamericana, de nombrar un juez ad hoc para que integre este Tribunal cuando en el mismo no hubiere un juez de su nacionalidad, se restringe a aquellos casos contenciosos originados en comunicaciones interestatales (artículo 45 de dicho instrumento), y que no es posible derivar un derecho similar a favor de los Estados Partes en casos originados en peticiones individuales (artículo 44 de dicho tratado).

2. Que el juez nacional del Estado demandado no debe participar en el conocimiento de casos contenciosos originados en peticiones individuales.

Ideas principales

-       La opinión consultiva desarrolla el contenido del artículo 55 y establece que los jueces ad hoc solamente pueden ser parte del tribunal en el caso de comunicaciones interestatales y no en el caso de peticiones individuales.

- Como garantía de imparcialidad, el juez nacional no conocerá los casos provenientes de su Estado en el caso de peticiones individuales.

- La actividad de un tribunal internacional no genera costumbre, en tanto esta se forma por la actividad de los Estados.