Audiencias Públicas 117 Período Ordinario de Sesiones

La Corte Interamericana celebrará del 6 al 17 de febrero de 2017 su 117 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica.

Las audiencias son públicas y de ingreso libre. Así también se transmitirán en vivo a través de nuestro sitio web.

Caso Lagos del Campo Vs. Perú

7 de febrero de 2017. 9:00 a 13:00 h / 15:00 a 18:00 h

Información del Caso
El caso se relaciona con el despido del señor Alfredo Lagos del Campo el 26 de junio de 1989, presuntamente como consecuencia de ciertas manifestaciones realizadas siendo el presidente del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper-Pirelli. La Comunidad Industrial era una asociación de trabajadores destinada a hacer efectiva la participación de éstos en el patrimonio y gestión de la empresa. El Comité Electoral de la Comunidad Industrial que presidía el señor Lagos del Campo era la entidad encargada de llevar a cabo las elecciones de los miembros del Consejo de la Comunidad Industrial y de los representantes ante el Directorio de la empresa. Las manifestaciones dadas por el señor Lagos del Campo tuvieron el objeto de denunciar y llamar la atención sobre supuestos actos de injerencia indebida de los empleadores en la vida de las organizaciones representativas de los trabajadores en la empresa y en la realización de las elecciones internas de la Comunidad Industrial. La decisión de despido fue posteriormente confirmada por los tribunales nacionales del Perú.

Para asistir a las audiencias públicas regístrese AQUÍ

 

Caso Amrhein y otros Vs. Costa Rica

8 de febrero de 2017. 9:00 - 13:00 h

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de Costa Rica por la inexistencia de un recurso que permitiera obtener una revisión amplia de las condenas penales impuestas a diecisiete personas. Se alega que, conforme al marco procesal penal vigente al momento de las referidas condenas, el recurso existente habría sido el recurso de casación que se habría encontrado limitado a cuestiones de derecho, excluyendo la posibilidad de revisión de cuestiones de hecho y prueba. Asimismo, se alega que las dos reformas legislativas adoptadas por el Estado con posterioridad a dichas sentencias tampoco habrían permitido garantizar el derecho a recurrir el fallo de las presuntas víctimas, en tanto los mecanismos ofrecidos para las personas con condena en firme antes de dichas reformas, adolecieron de las mismas limitaciones. Por otra parte, según se alega, respecto de algunas presuntas víctimas, el Estado presuntamente vulneró el derecho a las garantías judiciales en el marco de los procesos penales en su contra, el derecho a la libertad persona por la duración no razonable de la detención preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron recluidas.

Para asistir a las audiencias públicas regístrese AQUÍ

 

Caso Ortiz Hernández Vs. Venezuela

9 de febrero de 2017. 09:00 - 13:00 h / 15:00 - 18:00 h

El caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por la muerte como consecuencia de disparos de arma de fuego de Johan Alexis Ortiz Hernández, quien era estudiante de la Escuela de Formación de Guardias Nacionales de Cordero (ESGUARNAC), el 15 de febrero de 1998 en las instalaciones de los Comandos Rurales de Caño Negro en el contexto de una "práctica de fogueo" que habría sido realizada con balas reales al interior de la instalación militar, supuestamente, como requisito para completar su formación como funcionario de la referida institución.

Se alega que el Estado no habría respondido de manera adecuada ni oportuna a las lesiones sufridas por Johan Alexis Ortiz Hernández, al no contar con personal médico especializado ni con una ambulancia que le permitiera recibir atención mientras era trasladado hasta un centro médico, lo cual habría resultado especialmente grave tomando en cuenta el lugar alejado en el que se llevó a cabo la práctica.

La investigación y el proceso judicial en contra de los posibles responsables habrían sido seguidos por la justicia penal militar entre 1998 y 2001, en supuesta violación a los principios de independencia e imparcialidad. Además, se alega múltiples irregularidades que demostrarían la falta de debida diligencia en la investigación. Finalmente, la Comisión estableció que no obstante las reiteradas denuncias de supuestos actos de tortura que habrían ocurrido antes de la muerte de Johan Alexis Ortiz Hernández, no habrían sido investigadas a nivel interno.

Para asistir a las audiencias públicas regístrese AQUÍ

 

Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela

14 de febrero de 2017. 9:00 - 13:00 h / 15:00 - 18:00 h

El caso se relaciona con el supuesto despido arbitrario de Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña de sus espectivos cargos públicos en el Consejo Nacional de Fronteras el 12 de marzo de 2004 tras haber firmado la convocatoria a referendo revocatorio del mandato presidencial del entonces Presidente Hugo Chávez Frías. Se plantea que tal proceso político habría tenido lugar en un contexto de significativa polarización en el que el entonces Presidente de la República y otros altos funcionarios estatales efectuaron declaraciones, cuyos contenidos reflejarían que se trató de formas de presión para no firmar, de amenazas de represalias e incluso de la acusación infundada de terroristas a quienes firmaron. Parte del contexto de las firmas y el despido habría tenido que ver con la creación y publicación de la denominada "lista Tascón" que incluía a las personas que firmaron la convocatoria a referendo revocatorio, que habría sido encargada por el propio Presidente de la República a un Diputado con la finalidad de "que salgan los rostros" de lo que se denominó como un supuesto "megafraude".

Se alega que la terminación de los contratos de las tres presuntas víctimas habría constituido un acto de desviación de poder, en el cual se habría utilizado la existencia de una facultad discrecional en los contratos como un velo de legalidad respecto de la supuesta verdadera motivación, que sería la de sancionar a las víctimas por la expresión de su opinión política mediante la firma de la convocatoria al referendo revocatorio. Se alega que esta supuesta sanción implícita habría constituido una violación a los derechos políticos, una discriminación por opinión política y una restricción indirecta a la libertad de expresión. Finalmente, se alega que ni el recurso de amparo ni la investigación penal, incluido el recurso de apelación contra el sobreseimiento, habrían constituido recursos eficaces para examinar un supuesto de desviación de poder materializado en una discriminación encubierta.

Para asistir a las audiencias públicas regístrese AQUÍ

 

Galería Multimedia

image1

La Galería Multimedia incluye fotos y videos de las audiencias y actividades académicas del Tribunal.
Ver Galería