Baruch Ivcher Bronstein

No se consigna

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado peruano por la pérdida de nacionalidad peruana de Baruch Ivcher Bronstein y la pérdida de sus acciones de un canal de televisión. 

- Los hechos del presente caso se centran en Baruch Ivcher Bronstein, quien era el propietario mayoritario de un canal de televisión desde 1986. El señor Ivcher nació en Israel posteriormente adquirió la ciudadanía peruana por naturalización. 

- Uno de los programas de dicho canal empezó a transmitir reportajes relacionados con el gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori. Es así como el 23 de mayo de 1997 el Poder Ejecutivo del Perú expidió el Decreto Supremo No. 004-97-IN, que reglamentó la Ley de Nacionalidad No. 26574, y estableció la posibilidad  de cancelar la nacionalidad a los peruanos naturalizados. En julio de 1997 se dejó sin efecto legal el título de nacionalidad peruana del señor Ivcher. Debido a ello, se le suspendió como accionista mayoritario del canal televisivo. Los recursos presentados para cuestionar estas decisiones fueron desestimados.

- Fecha de presentación de la petición (11.762): 7 de marzo de 1997

- Fechas de informes de fondo (94/98): 9 de diciembre de 1998

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 31 de marzo de 1999

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 8, 13, 20, 21 y 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 20 de noviembre de 2000

- Medidas provisionales otorgadas: 21 y 23 de noviembre de 2000

 Sentencia de Competencia:

32.  La cuestión del pretendido retiro, por parte del Perú, de la declaración de  reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte y de los efectos  jurídicos del mismo, debe ser resuelta por este Tribunal.  La Corte Interamericana, como todo órgano con  competencias jurisdiccionales, tiene el poder inherente de determinar el  alcance de su propia competencia (…).

40.  Una interpretación de la Convención Americana “de buena fe conforme al sentido  corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de  éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin”, lleva a esta Corte a considerar  que un Estado Parte en la Convención Americana sólo puede desvincularse de sus  obligaciones convencionales observando las disposiciones del propio  tratado.  En las circunstancias del  presente caso, la única vía de que dispone el Estado para desvincularse del  sometimiento a la competencia contenciosa de la Corte, según la Convención  Americana, es la denuncia del tratado como un todo (…); si esto ocurriera,  dicha denuncia sólo produciría efectos conforme al artículo 78, el cual  establece un preaviso de un año.

54.  (…) [L]a Corte considera que es inadmisible el pretendido retiro por el Perú de  la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte con  efectos inmediatos, así como cualesquiera consecuencias que se busque derivar  de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la demanda, que resulta  irrelevante.

Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas:

5.  La Corte   es  competente  para   conocer  del  presente   caso.    El  Perú   es  Estado Parte en la Convención  Americana desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia obligatoria  de la Corte el 21 de enero de 1981.  

No se consigna

Sentencia  de Fondo, Reparaciones y Costas:

80.  Este Tribunal observa que la comparecencia de las partes al proceso es una  carga procesal y no un deber jurídico, en razón de que la inactividad de  aquéllas en el juicio no genera una sanción contra el omiso, en sentido  estricto, ni afecta el desarrollo del proceso, sino produce, eventualmente, un  perjuicio a quien decide no ejercer su derecho de defensa en forma completa ni  llevar a cabo las actuaciones procesales convenientes para su interés, de  conformidad con la máxima audi alteram  partem. (…)

82.  Según se ha reconocido en la jurisprudencia internacional, la ausencia de una  parte en cualquier etapa del caso no afecta la validez de la sentencia, por lo  cual, de conformidad con el artículo 68.1 de la Convención, está vigente la  obligación del Perú de cumplir la decisión de este Tribunal en el presente  caso.

I. Violación del artículo 20 (Derecho a la  nacionalidad)

86.  El derecho a la nacionalidad está reconocido por el derecho internacional. Este  Tribunal considera que se trata de un derecho de la persona humana. (…)

87.  Sobre el artículo 20 de la Convención, la Corte ha establecido que éste abarca  un doble aspecto: [e]l derecho a tener una nacionalidad significa dotar al  individuo de un mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, al  establecer a través de su nacionalidad su vinculación con un Estado  determinado;  y el de protegerlo contra  la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese modo se le  estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos  derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo.

88.  No obstante que tradicionalmente se ha aceptado que la determinación y  regulación de la nacionalidad son competencia de cada Estado, como lo ha  señalado este Tribunal, la evolución registrada en esta materia demuestra que  el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de éstos  y que en la reglamentación de la nacionalidad no sólo concurre la competencia  de los Estados, sino también las exigencias de la protección integral de los  derechos humanos.

89.  El ordenamiento jurídico interno peruano reconoce el derecho a la nacionalidad.  (…)

90.  La Corte observa que es un hecho probado que el señor Ivcher fue ciudadano  israelí hasta el año 1984 y que posteriormente a esta fecha adquirió la  ciudadanía peruana por naturalización (…).   Cabe apreciar que tanto la Convención Americana como la legislación  interna peruana reconocen el derecho a la nacionalidad sin diferenciar la forma  en que ésta haya sido adquirida (…)

91.  Sobre este particular, la Corte ha dicho que [l]a nacionalidad puede ser  considerada como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un  Estado determinado por medio del cual se obliga con él con relaciones de  lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección diplomática.  Con distintas modalidades, la mayoría de los  Estados han establecido la posibilidad de que personas que no tenían  originalmente su nacionalidad puedan adquirirla posteriormente, en general,  mediante una declaración de voluntad manifestada previo cumplimiento de ciertas  condiciones.  La nacionalidad, en estos  casos, no depende ya del hecho fortuito de haber nacido en un territorio  determinado o de nacer de unos progenitores que la tenían, sino de un hecho  voluntario que persigue vincular a quien lo exprese con una determinada  sociedad política, su cultura, su manera de vivir y su sistema de valores

93.  En el presente caso está probado que el señor Ivcher Bronstein adquirió el  título de nacionalidad peruana el 7 de diciembre de 1984, luego de haber  renunciado a la nacionalidad israelí (…). Este acto vinculó tanto al señor  Ivcher como a su familia con la sociedad política, la cultura, la manera de  vivir y el sistema de valores peruanos.  

94.  Ha sido probado también que el 11 de julio de 1997 la “Resolución Directoral”  No. 117-97-IN-050100000000, firmada por el Director General de Migraciones y  Naturalización, dejó sin efecto legal dicho título de nacionalidad,  manifestando que se había “incurrido en omisiones sustanciales que lo  invalida[ba]n [ipso jure], en razón de no estar acreditada la renuncia oportuna  y previa de su nacionalidad ante las autoridades competentes del Perú, ni  demostrado instrumentalmente haberlo hecho asimismo a las de su país de  origen”.

95.  De lo anterior se desprende que el señor Ivcher no renunció expresamente a su  nacionalidad, único modo de perder ésta conforme a la Constitución peruana,  sino que fue privado de ella cuando se dejó sin efecto su título de  nacionalidad, sin el cual no podía ejercer sus derechos como  nacional peruano. (…)

96.  Además, la autoridad que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del  señor Ivcher resultó ser incompetente.   En efecto, como quedó establecido (…), el señor Ivcher Bronstein  adquirió la nacionalidad peruana a través de una “‘resolución suprema’ del  Presidente” y su título de nacionalidad fue firmado por el Ministro de  Relaciones Exteriores; sin embargo, perdió su nacionalidad como resultado de  una “‘resolución directoral’ de la Dirección General de Migraciones y  Naturalización”, indudablemente de menor jerarquía que la que le otorgó el  derecho correspondiente (…), y que por eso mismo no podía privar de efectos al  acto del superior.  Esto demuestra  nuevamente el carácter arbitrario del retiro de la nacionalidad del señor  Ivcher, en contravención del artículo 20.3 de la Convención Americana.

97.  Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la  nacionalidad consagrado en el artículo 20.1 y 20.3 de la Convención Americana,  en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein.

II. Violación del artículo 8 (Garantías  judiciales)

2.1. Proceso administrativo

102. Si bien el artículo 8 de la Convención  Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los  recursos judiciales en sentido estricto, “sino al conjunto de requisitos que  deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas  puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que  pueda afectar sus derechos (…). 

103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el  citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la  determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o  de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2  del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el  individuo tiene derecho al debido proceso en los términos reconocidos para la  materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo.

104. [L]a Corte estima que tanto los órganos  jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza  materialmente  jurisdiccional, tienen el  deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías  del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana.  (…)

106. En el caso concreto, existen suficientes  elementos para afirmar que durante las actuaciones administrativas que se  realizaron para elaborar el Informe No. 003-97-IN/05010 (…), la Dirección  General de Migraciones y Naturalización no informó al señor Ivcher que su  expediente de nacionalización no se hallaba en los archivos  de   la  institución,  ni   le  requirió  que   presentara  copias  con   el  fin  de reconstruirlo; no le comunicó los cargos  de que se le acusaba, esto es, haber adulterado dicho expediente e incumplido  el requisito de renuncia a su nacionalidad israelí, y, por último, tampoco le  permitió presentar testigos que acreditaran su posición.

107. No obstante lo anterior, dicha Dirección emitió  la “resolución directoral” que dejó sin efecto legal el título de nacionalidad  del señor Ivcher.  De tal forma culminó  un proceso que, como se ha señalado, se llevó a cabo con la presencia exclusiva  de las autoridades públicas (…).

108. La Corte destaca además que el  señor Ivcher Bronstein adquirió la  nacionalidad peruana a través de una “resolución suprema”, y su título de  nacionalidad fue firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores; sin embargo,  como se ha expresado en el capítulo anterior (…), el señor Ivcher perdió su  nacionalidad como resultado de una “resolución directoral”, indudablemente de  menor jerarquía que la que le otorgó el derecho correspondiente. (…)

109. Por último, la autoridad que dejó sin efecto el  título de nacionalidad del señor Ivcher era incompetente.  Esta incompetencia no sólo deriva de su  caracter subordinado con respecto a la autoridad que emitió el título, sino de  la propia letra de la legislación peruana. (…)

110. Las consideraciones antes expuestas son  suficientes, a criterio de la Corte, para declarar que el proceso desarrollado  por la Dirección General de Migraciones y Naturalización no reunió las  condiciones del debido proceso que exige el artículo 8.1 y 8.2 de la  Convención.

2.2. Proceso judicial

112. Constituye un principio básico relativo a la  independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser  juzgada  por tribunales ordinarios con  arreglo a procedimientos legalmente establecidos. Dichos tribunales deben ser  competentes, independientes e imparciales, de acuerdo con el artículo 8.1 de la  Convención Americana.

113. En el caso que nos ocupa, ha sido establecido  que: a) pocas semanas antes de que se emitiera la “resolución directoral” que  dejó sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher, la Comisión  Ejecutiva del Poder Judicial alteró la composición de la Sala Constitucional y  Social de la Corte Suprema de Justicia (…); b) el 23 de junio de 1997 la  Comisión mencionada aprobó una norma otorgando a dicha Sala la facultad de  crear en forma “[t]ransitoria” Salas Superiores y Juzgados Especializados en  Derecho Público, así como la de “designar y/o ratificar” a sus integrantes, lo  cual efectivamente ocurrió dos días después (…); c) se creó el Primer Juzgado  Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público y se designó como juez  del mismo al señor Percy Escobar, previamente secretario de juzgado y juez  penal (…); y d) el juez Escobar conoció varios de los recursos presentados por  el señor Ivcher en defensa de sus derechos como accionista de la Compañía, así  como los presentados por los hermanos Winter (…)

114. La Corte considera que el Estado, al crear  Salas y Juzgados Transitorios Especializados en Derecho Público y designar  jueces que integraran los mismos, en el momento en que ocurrían los hechos del  caso  sub  judice, no garantizó al señor Ivcher Bronstein el derecho a ser oído por  jueces o tribunales establecidos “con anterioridad por la ley”, consagrado en  el artículo 8.1 de la Convención Americana.  

115. Todo lo anterior lleva a esta Corte a señalar  que esos juzgadores no alcanzaron los estándares de competencia, imparcialidad  e independencia requeridos por el artículo 8.1 de la Convención.

116. En consecuencia, la Corte concluye que el  Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo  8.1 y 8.2 de la Convención Americana, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein.

III. Violación del artículo 21 (Derecho a la propiedad privada)

120. El artículo 21 de la Convención Americana  reconoce el derecho a la propiedad privada. A este respecto establece: a) que  “[t]oda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”; b) que tales uso y  goce se pueden subordinar, por mandato de una ley, al “interés social”; c) que  se puede privar a una persona de sus bienes por razones de “utilidad pública o  de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”; y  d) que dicha privación se hará mediante el pago de una justa indemnización. 

121. Corresponde a la Corte valorar, entonces, si el  Estado privó al señor Ivcher de sus bienes e interfirió de alguna manera su  derecho legítimo al “uso y goce” de aquéllos.

122. Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas  cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del  patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e  inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto  inmaterial susceptible de valor.

123. Del testimonio del señor Ivcher se desprende  que en 1985 tenía participación en las acciones de la Empresa y que  en 1986 aquélla alcanzaba el 49,53% del  capital. En 1992 su participación ascendió al 53,95%, siendo así accionista  mayoritario de la Compañía.  Es evidente  que esta participación en el capital accionario era susceptible de valoración y  formaba parte del patrimonio de su titular desde el momento de su adquisición;  como tal, esa participación constituía un bien sobre el cual el señor Ivcher  tenía derecho de uso y goce.

124. Para precisar si el señor Ivcher fue privado de  sus bienes, la Corte no debe limitarse a examinar únicamente si se produjo una  desposesión o una expropiación formal, sino que debe además comprobar, más allá  de la apariencia, cual fue la situación real detrás de la situación denunciada.

125. Se ha probado que en julio de 1997 el título de  nacionalidad del señor Ivcher fue declarado sin efecto legal. Con base en este  acto y conforme a la legislación que requería la nacionalidad peruana para ser  propietario de un medio de telecomunicación, en agosto del mismo año el Juez  Percy Escobar: a) dispuso una medida cautelar que suspendió el ejercicio de los  derechos del señor Ivcher como accionista mayoritario y Presidente de la  Empresa, y revocó su nombramiento como Director de la misma; b) ordenó convocar  judicialmente a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía  para elegir un nuevo Directorio e impedir la transferencia de las acciones del  señor Ivcher, y c) otorgó la administración provisional de la Compañía a los  accionistas minoritarios hasta que se nombrara nuevo directorio (…).

 126. Las consecuencias de la medida cautelar  dispuesta fueron inmediatas y evidentes: se impidió al señor Ivcher Bronstein a  actuar como Director y Presidente de la Compañía, por lo que no pudo continuar  dirigiendo la  línea informativa del  Canal 2; e igualmente quedó privado de la posibilidad de participar en las  reuniones de la Junta Directiva, en las que los accionistas minoritarios  tomaron decisiones importantes, tales como la remoción de los miembros del  Directorio, entre los que figuraba el señor Ivcher, el nombramiento de nuevos  miembros e, inclusive, un aumento del capital de la Compañía; finalmente, no  pudo transferir sus acciones, recibir dividendos derivados de éstas  y ejercer otros derechos que pudieran  corresponderle como accionista de la Compañía.

127. (…) Este Tribunal observa que la medida  cautelar mencionada obstruyó el uso y goce de esos derechos por parte del señor  Ivcher Bronstein; además, cuando la esposa de éste trató de hacer valer los  mismos como copropietaria de las acciones de su esposo, resultaron infructuosos  los procesos que intentó al efecto. Consecuentemente, la Corte concluye que el  señor Ivcher fue privado de sus bienes, en contravención de lo establecido en  el artículo 21.2 de la Convención.

128. (…) Para que la privación de los bienes de una  persona sea compatible con el derecho a la propiedad consagrado en la  Convención, debe fundarse en razones de utilidad pública o de interés social,  sujetarse al pago de una justa indemnización, limitarse a los casos y  practicarse según las formas establecidas por la ley.

129. En el caso que se examina, no existen prueba ni  argumento algunos que acrediten que la medida cautelar ordenada por el Juez  Percy Escobar tuviera su fundamento en una razón de utilidad pública o interés  social; por el contrario, los hechos probados en este caso concurren a  demostrar la determinación del Estado de privar al señor Ivcher del control del  Canal 2, mediante la suspensión de sus derechos como accionista de la Compañía  propietaria del mismo.  

130. Tampoco hay alguna indicación de  que se hubiese indemnizado al señor Ivcher  por la privación del goce y uso de sus bienes, ni que la medida que lo afectó  se hubiera adoptado conforme a la ley.   Por otra parte cabe recordar que la Corte concluyó, en esta misma  Sentencia, que los procesos relativos a la limitación de los derechos del señor  Ivcher con respecto a la Compañía, entre los que figura el proceso mediante el  cual el Juez Percy  Escobar ordenó la  medida cautelar, no satisficieron los requisitos mínimos del debido proceso  legal (…). La Corte observa al respecto que cuando un proceso se ha realizado  en contravención de la ley, también deben considerarse ilegales las  consecuencias jurídicas que se pretenda derivar de aquél.  Por consiguiente, no fue adecuada la  privación del uso y goce de los derechos del señor Ivcher sobre sus acciones en  la Compañía, y este Tribunal la considera arbitraria, en virtud de que no se  ajusta a lo establecido en el artículo 21 de la Convención.  

131. Como consecuencia de lo expresado, la Corte  concluye que el Estado violó el derecho a la propiedad privada establecido en  el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana, en perjuicio de Baruch  Ivcher Bronstein.

IV. Violación del artículo 25 (Protección judicial)

136. (…) [L]a Corte ha señalado que la inexistencia  de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la  Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el  cual semejante situación tenga lugar.  En  ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que  esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible,  sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha  incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para  remediarla.  No pueden considerarse  efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o  incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten  ilusorios.

137. Los recursos son ilusorios cuando se demuestra  su inutilidad en la práctica, el Poder Judicial   carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o  faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan en ellos. A ésto  puede agregarse la denegación de justicia, el retardo injustificado en la  decisión y el impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso  judicial.

138. El Tribunal considera probado que el señor  Ivcher Bronstein interpuso una serie de recursos ante los tribunales internos  con el fin, principalmente, de defender los derechos que le correspondían como  ciudadano peruano y como accionista de la Compañía.

139. Los tribunales internos que resolvieron los  recursos judiciales presentados por el señor Ivcher no satisficieron los  requisitos mínimos de independencia e imparcialidad establecidos en el artículo  8.1 de la Convención como elementos esenciales del debido proceso legal, lo que  hubiera permitido la obtención de una decisión adecuada a derecho.  En tal virtud, dichos recursos no fueron  efectivos (…).

 140. Por otra parte, las circunstancias  generales de este caso indican que los  recursos judiciales interpuestos por el   señor Ivcher para defender sus derechos accionarios no fueron sencillos  y rápidos; por el contrario, tal como manifestó el testigo Emilio Rodríguez  Larraín en la audiencia pública, “sólo fueron resueltos al cabo de mucho  tiempo”, lo que contrasta con el trámite que recibieron las acciones  interpuestas por los accionistas minoritarios de la Compañía, que fueron  resueltas con diligencia.  

141. Por último, las denuncias civiles y penales de  que fueron objeto tanto el señor Ivcher como su familia, funcionarios de sus  empresas y abogados, como consecuencia de las cuales se restringió  la libertad de algunos y se desalentó la  permanencia en el país de otros, reflejan un cuadro de persecución y denegación  de justicia.

142. Por todo lo establecido, el Tribunal concluye  que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el  artículo 25.1 de la Convención, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein.

V. Violación del artículo 13 (Libertad de pensamiento y de expresión)

146. En cuanto al contenido del derecho a la  libertad de pensamiento y de expresión, quienes están bajo la protección de la  Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio  pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y  difundir informaciones e ideas de toda índole (…).

147. Sobre la primera dimensión del derecho  consagrado en el artículo mencionado, la individual, la libertad de expresión  no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino  que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio  apropiado para difundir la información y hacerla llegar al mayor número de  destinatarios.  En este sentido, la  expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles  (…)

 148. Con respecto a la segunda dimensión del derecho  consagrado en el artículo 13 de la Convención, la social, es menester señalar  que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas  e informaciones entre las personas;  comprende su derecho a tratar de  comunicar  a otras sus puntos de  vista,   pero implica  también el derecho de  todas a conocer opiniones, relatos y noticias.   Para el  ciudadano común tiene  tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de  que disponen otros como el derecho a difundir la propia.

150. Asimismo es fundamental que los periodistas que  laboran en dichos medios gocen de la protección y de la independencia  necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos los que  mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce  de una plena libertad.  

154. Al evaluar una supuesta restricción o  limitación a la libertad de expresión, el Tribunal no debe sujetarse únicamente  al estudio del acto en cuestión, sino que debe igualmente examinar dicho acto a  la luz de los hechos del caso en su totalidad, incluyendo las circunstancias y  el contexto en los que éstos se presentaron. Tomando esto en consideración, la  Corte analizará si en el contexto del presente caso hubo una violación al  derecho a la libertad de expresión del señor Ivcher Bronstein.

155. La Corte Europea ha puesto énfasis en que el  artículo 10.2 de la Convención Europea, referente a la libertad de expresión,  deja un margen muy reducido a cualquier restricción del debate político o del  debate sobre cuestiones de interés público. (…)

156. En el caso que nos ocupa, se ha  establecido que en el año 1997 el señor  Ivcher era el accionista mayoritario de la Compañía, empresa operadora del  Canal 2 de la televisión peruana; asimismo, era Director y Presidente del  Directorio de dicha Compañía y se encontraba facultado para tomar decisiones  editoriales respecto de la programación.   En abril de 1997, el Canal 2 difundió, en su programa Contrapunto,  reportajes de interés nacional, como las denuncias sobre las posibles torturas  cometidas por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército en contra de  la agente Leonor La Rosa, el supuesto asesinato de la agente Mariela Barreto  Riofano y los supuestos ingresos millonarios percibidos por el señor Vladimiro  Montesinos Torres, asesor del Servicio de Inteligencia del Perú.

157.  Tanto el  señor Ivcher como los periodistas que laboraban en el programa Contrapunto  tenían el derecho pleno de investigar y  difundir,  por esa vía,  hechos de interés público como los  denunciados entre los meses de abril y julio de 1997, en ejercicio del derecho  a la libertad de expresión protegido por el artículo 13 de la Convención.

158. De igual manera se ha demostrado  que, como consecuencia de la línea editorial  asumida por el Canal 2, el señor Ivcher fue objeto de acciones intimidatorias  de diverso tipo (…).

161. La Corte ha constatado que, después de que los  accionistas minoritarios de la Compañía asumieron la administración de ésta, se  prohibió el ingreso al Canal 2 de periodistas que laboraban en el programa  Contrapunto y se modificó la línea informativa de dicho programa.

162. En el contexto de los hechos señalados, esta  Corte observa que la resolución que dejó sin efecto legal el título de  nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su libertad  de expresión, así como la de los periodistas que laboraban e investigaban para  el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión peruana.

163. Al separar al señor Ivcher del control del  Canal 2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no  sólo restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones,  sino que afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información,  limitando así su libertad para ejercer  opciones  políticas y desarrollarse plenamente en una sociedad democrática.

164. Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el  Estado violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo  13.1 y 13.3 de la Convención, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein.

VI. Incumplimiento del artículo 1.1 (Obligación de respetar los  derechos)

168. Ya este Tribunal ha establecido, con fundamento  en el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el Estado está obligado a  respetar los derechos y libertades reconocidos en ella  y a organizar el poder público para  garantizar   a las  personas  bajo   su  jurisdicción el libre y pleno  ejercicio de los derechos humanos. Según las normas del derecho de la  responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional  de los Derechos Humanos, la acción u omisión de cualquier  autoridad pública, independientemente de su  jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su  responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención Americana.

169. La Corte advierte que, de acuerdo con lo  establecido en la presente Sentencia, el Estado violó los artículos 20, 8, 21,  25 y 13 de la Convención Americana en perjuicio del señor Ivcher Bronstein, por  lo que ha incumplido con su deber general de respetar los derechos y  libertades reconocidos en aquélla y de  garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de la  Convención.

170. Por lo tanto, la Corte concluye que  el Estado ha incumplido la obligación general  del artículo 1.1 de la Convención Americana.

La Corte decide,

- Que el Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas en la Sentencia de Reparaciones y Costas para identificar y sancionar a los responsables de las mismas. 

- Que el Estado debe facilitar  las condiciones para que Baruch Ivcher Bronstein pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., como lo era hasta el 1 de agosto de 1997, en los términos de la legislación interna.  En cuanto al resarcimiento relativo a los dividendos y las demás percepciones que le hubieran correspondido como accionista mayoritario y funcionario de dicha Compañía, deberá igualmente aplicarse el derecho interno.  Para todo ello, las peticiones respectivas deben someterse a las autoridades nacionales competentes. 

- Que el Estado debe pagar a Baruch Ivcher Bronstein una indemnización de US$20.000,00 o su equivalente en moneda peruana al momento de efectuar el pago por concepto de daño moral. 

- Que el Estado  debe pagar a Baruch Ivcher Bronstein, como reintegro de las costas y gastos generados en la jurisdicción interna y en la jurisdicción internacional, la suma de  US$50.000,00  o su equivalente en moneda peruana al momento de efectuar el pago. 

- Que supervisará el cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones y Costas y sólo después dará por concluido el caso. 

La Corte,

- Declara que el Estado violó el derecho a la nacionalidad consagrado en el artículo 20.1 y 20.3 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. 

- Declara que el Estado violó el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. 

- Declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en  perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. 

- Declara que el Estado violó el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 21.1 y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. 

- Declara que el Estado violó el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13.1 y 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Baruch Ivcher Bronstein. 

- Declara que el Estado incumplió la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos anteriores de la Sentencia de Reparaciones y Cosas.

 - Interpretación de la Sentencia de Fondo

- Fecha: 4 de septiembre de 2001

- Solicitud: La Comisión en su demanda de interpretación solicitó a la Corte que señale “que la responsabilidad del Estado peruano incluye todos los elementos que componen las reparaciones en el derecho  internacional. Por su parte, el señor Ivcher Bronstein solicitó a la Corte “se sirva interpretar la sentencia en cuanto a las obligaciones de reparación que surgen de la misma [...] así como del procedimiento que ha de seguirse para que se satisfaga una justa reparación que restituya en integridad los daños que se causaron [...]”.

- La Corte decide: 

(i) Que son admisibles las demandas de interpretación de la sentencia de 6 de febrero de 2001 en el caso Ivcher Bronstein, interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el señor Baruch Ivcher Bronstein. 

(ii) Que para determinar la indemnización que pudiera corresponder por los daños materiales causados al señor Ivcher, se deberá atender a lo que resulte procedente en los términos de la legislación peruana, formulando las reclamaciones respectivas ante las autoridades nacionales competentes para resolverlas.

- Fecha de la última resolución: 27 de agosto de 2010.

- La Corte declara,

(i)           Que el Estado ha dado cumplimiento total al siguiente punto resolutivo de la Sentencia: 

a)    facilitar las condiciones para que Baruch Ivcher Bronstein pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., como lo era hasta el 1 de agosto de 1997, en los términos de la legislación interna y en sometimiento a las autoridades competentes.

(ii)          Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento del punto pendiente de acatamiento en el presente caso, a saber:

a)    investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas en la  Sentencia para identificar y sancionar  a los responsables de las mismas.

- La Corte resuelve,

(i)           Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento al punto pendiente de cumplimiento que fue ordenado por el Tribunal en las Sentencias de 6 de febrero y 4 de septiembre de 2001, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por tanto, el Estado debe informar de manera  ordenada, detallada, completa y actualizada sobre las diligencias llevadas a cabo y el avance de cada uno de los procesos comprendidos en el presente caso, poniendo énfasis en las causas que originaron la oposición y aplicación del plazo de prescripción en tres de las acciones penales concernidas, presentando, de ser el caso, copias de las partes relevantes de los respectivos expedientes. 

(ii)          Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 6 de diciembre de 2010, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir la reparación ordenada por esta Corte que se encuentra pendiente de cumplimiento. 

(iii)         Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de seis y cuatro semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del informe. 

(iv)         Continuar supervisando el punto pendiente de cumplimiento de las Sentencias de 6 de febrero y 4 de septiembre de 2001. 

(v)          Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima.