Pobladores de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni

James Anaya

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la falta de delimitación del territorio de la comunidad Mayagna Awas Tigni, así como a la ineficacia de los recursos interpuestos.

- Los hechos del presente caso están referidos a la Comunidad indígena Awas Tingni, conformada por más de 600 personas. En marzo de 1992, con ocasión de un proyecto de extracción forestal, la Comunidad Awas Tingni celebró un contrato con la empresa MADENSA con la finalidad de determinar el manejo integral del bosque, reconociéndose así ciertos derechos de participación sobre el territorio ocupado por la Comunidad en virtud a su “posesión histórica”. Dos años después, la Comunidad, MADENSA y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA) celebraron un convenio mediante el cual el Ministerio se comprometió a facilitar la definición de las tierras comunales de la Comunidad.

- En marzo de 1996 el Estado otorgó una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal de 62 mil hectáreas aproximadamente a la empresa SOLCARSA, sin que la Comunidad hubiese sido consultada al respecto. La Comunidad solicitó a diversos organismos estatales no avanzar con el otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio. No obstante, ninguna de las dos peticiones fueron atendidas. Asimismo presentaron dos recursos de amparo, los cuales tampoco produjeron resultados positivos.

- Fecha de presentación de la petición (11.577):2 de octubre de 1995

- Fechas de informes de admisibilidad (27/98): 6 de mayo de 1998

- Fecha de informe de fondo (27/98): 6 de mayo de 1998

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 4 de junio de 1998.

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 1, 2, 4, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 23 y 25 de la Convención Americana.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 31 de mayo de 1999 y 13 de junio de 2000

- Medidas provisionales otorgadas: 6 de septiembre de 2002

Sentencia de Excepciones Preliminares:

I. Competencia

38.  Nicaragua es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre  de 1979 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 12 de febrero de  1991.  Por lo tanto, la Corte es competente,  en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer del presente  caso.

II. Excepción Preliminar: No Agotamiento De  Recursos Internos

53.  En efecto, de los principios de derecho internacional  generalmente reconocidos, a los cuales se refiere  la regla del agotamiento de los recursos internos, resulta, en primer lugar,  que el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita la invocación  de esa regla (…)

55.  Si bien es verdad que en los escritos presentados  por Nicaragua ante la Comisión durante la  tramitación del asunto se señaló, entre otros datos, el desarrollo de los  procesos seguidos ante los tribunales internos y la voluntad del Estado de  cumplir con los fallos emitidos por los mismos, resulta evidente que éste no  opuso la excepción de no agotamiento de los recursos internos de manera clara  en las primeras etapas del procedimiento ante la Comisión. No consta en el  expediente que dicha excepción fuera invocada de manera expresa sino hasta  finales del año 1997, específicamente, mediante nota del Estado de 4 de  diciembre de 1997, la cual fue recibida al día siguiente en la Comisión.

56.  De lo anterior se concluye que el Estado renunció tácitamente a interponer la  excepción de no agotamiento de recursos internos, porque  no la hizo valer oportunamente ante la  Comisión. (…)

58.  Por las razones anteriores, la Corte desestima la excepción interpuesta por  Nicaragua.

59.  Debido a que la excepción interpuesta por el Estado ha sido desestimada por  extemporánea, la Corte no considera necesario pronunciarse acerca de la  cuestión de la efectividad de los recursos internos mencionados en la  excepción.

No se consigna

Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas:

I. Violación del Artículo 25. Protección Judicial

111.  La Corte ha señalado que el artículo 25 de la Convención ha establecido, en  términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las  personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos  violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía  allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos  en la Convención, sino también de aquéllos  que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.

115.  En el presente caso, el análisis del artículo 25 de la Convención debe hacerse  desde dos perspectivas.  En primer lugar  debe analizarse si existe o no un procedimiento para la titulación de tierras  que reúna las características ya señaladas y, en segundo lugar, debe  establecerse si los recursos de amparo presentados por miembros de la Comunidad  fueron resueltos de conformidad con dicho artículo 25.

1.1. Existencia de un procedimiento para la  titulación y demarcación de tierras indígenas

122.  (…) [L]a Corte considera evidente la existencia de una normativa que reconoce y  protege la propiedad comunal indígena en Nicaragua (…).

124.  (…) [D]el acervo probatorio del presente caso se desprende que el Estado no  dispone de un procedimiento específico para la titulación de la tierra comunal  indígena. (…)

126.  Por otra parte, está probado que desde 1990 no se han titulado tierras a  comunidades indígenas (…).

127.  En razón de lo expuesto, esta Corte considera que en Nicaragua no existe un  procedimiento efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras comunales  indígenas.

1.2. Diligencias administrativas y judiciales

131.  En el marco del examen de los recursos sencillos, rápidos y efectivos que  contempla la disposición en estudio, esta Corte ha sostenido que la institución  procesal del amparo reúne las características necesarias para la tutela  efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve. En  el contexto nicaragüense, de conformidad con el procedimiento establecido para  los recursos de amparo en la Ley No. 49 publicada en la Gaceta No. 241 de 1988,  llamada “Ley de Amparo”, éste debe ser resuelto dentro de 45 días. 

134.  En razón de los criterios establecidos en la materia por esta Corte y en  consideración de los alcances de la razonabilidad del plazo en procesos  judiciales, puede afirmarse que el procedimiento que se siguió ante las  diversas instancias que conocieron de los amparos en este caso desconoció el  principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana. De acuerdo  con los criterios de este Tribunal, los recursos de amparo resultarán ilusorios  e inefectivos, si en la adopción de la decisión sobre éstos incurre en un  retardo injustificado.

135.  Además, la Corte ya ha dicho que el artículo  25 de la Convención se encuentra íntimamente ligado con la obligación general  del artículo 1.1 de la misma, que atribuye funciones de protección al derecho  interno de los Estados Partes, de lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad  de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, así como la de  asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades  judiciales. (…)

136.  En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que [e]l deber general del  artículo 2 de la Convención  Americana  implica la adopción de medidas en dos vertientes.  Por una parte, la supresión de las normas y  prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías  previstas en la Convención.  Por la otra,  la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva  observancia de dichas garantías.

138.  La Corte considera que es necesario hacer efectivos los derechos reconocidos en  la Constitución Política y en la legislación nicaragüense, de conformidad con  la Convención Americana.  En  consecuencia, el Estado debe  adoptar en  su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención  Americana, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro  carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación,  demarcación y titulación de la propiedad de los miembros de la Comunidad  Mayagna Awas Tingni, acorde con el derecho consuetudinario, valores, usos y  costumbres de ésta.

139.  Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 25 de  la Convención Americana, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna  (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la  Convención. 

II. Violación del Artículo 21. Derecho a la propiedad  privada

144.  Los “bienes” pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables,  así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona;  dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos  corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de  tener un valor.

145.  Durante el estudio y consideración de los trabajos preparatorios de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos se reemplazó la frase “[t]oda  persona tiene el derecho a la propiedad privada, pero la ley puede subordinar  su uso y goce al interés público” por la de “[t]oda persona tiene derecho al  uso y goce de sus bienes.  La Ley puede  subordinar tal uso y goce al interés social”. (…)

148.  Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de  protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación  aplicables y, de conformidad con el artículo 29.b de la Convención - que  prohíbe una interpretación restrictiva de los derechos - , esta Corte considera  que el artículo 21 de la Convención protege el derecho a la propiedad en un  sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las  comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual también está  reconocida en la Constitución Política de Nicaragua.

149.  Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas  precisiones respecto del concepto de propiedad en las comunidades  indígenas.  Entre los indígenas existe  una tradición comunitaria sobre  una  forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la  pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su  comunidad.  Los indígenas por el hecho de  su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios  territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra  debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas,  su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica.  Para las comunidades indígenas la relación  con la tierra no es meramente una cuestión de posesión  y producción sino un elemento material y  espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado  cultural y transmitirlo a las generaciones futuras. (…)

151.  El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas debe ser tenido  especialmente en cuenta, para los efectos de que se trata.  Como producto de la costumbre, la posesión de  la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas que carezcan de un  título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial  de dicha propiedad y el consiguiente registro.

152.  Como ya fue señalado, Nicaragua reconoce la propiedad comunal de los pueblos  indígenas, pero no ha regulado el procedimiento específico para materializar  dicho reconocimiento, lo cual ha causado que desde 1990 no se hayan otorgado  títulos de esta naturaleza.  Además, en  el presente caso, el Estado no se ha opuesto a la pretensión de la Comunidad  Awas Tingni de ser declarada propietaria, aunque se discuta la extensión del  área que ésta reclama.

153.  La Corte considera que, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la  Constitución Política de Nicaragua, los miembros de la Comunidad Awas Tingni  tienen un derecho de propiedad comunal sobre las tierras donde actualmente  habitan, sin perjuicio de los derechos de otras comunidades indígenas. Sin  embargo, la Corte advierte que los límites del territorio sobre los cuales  existe tal derecho de propiedad no han sido efectivamente delimitados y  demarcados por el Estado. Esta situación ha creado un clima de incertidumbre  permanente entre los miembros de la Comunidad Awas Tingni en cuanto no saben  con certeza hasta dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad  comunal y, consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar  libremente de los respectivos bienes.  En  este entendido, la Corte estima que los miembros de la Comunidad Awas Tigni  tienen derecho a que el Estado, 

  1. delimite, demarque y titule el territorio de propiedad  de la Comunidad; y 

  2. se abstenga de realizar, hasta tanto no se  realice esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a  que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o  su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes  ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los  miembros de la Comunidad.

En  atención a lo anterior, y teniendo presente el criterio adoptado por la Corte  en aplicación del artículo 29.b de la Convención (…), la Corte estima que, a la  luz del artículo 21 de la Convención, el Estado ha violado el derecho al uso y  el goce de los bienes de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas Tingni, toda  vez que no ha delimitado y demarcado su propiedad comunal, y que ha otorgado  concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos ubicados en un  área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los terrenos  sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación  correspondientes. 

154.  Unido a lo anterior, se debe recordar lo ya establecido por este Tribunal, con  fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en el sentido de que  el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en la  Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo  su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Según las  reglas del derecho de la responsabilidad internacional del Estado aplicables en  el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de  cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, constituye un  hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos  previstos por la Convención Americana.

155.  Por todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 21 de  la Convención Americana, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna  (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

III. Otros artículos de la Convención Americana

157.  Con respecto a la alegada violación de los artículos 4, 11, 12, 16, 17, 22 y 23  de la Convención planteada por la Comisión en su escrito de alegatos finales,  la Corte ha considerado que aún cuando la violación de algún artículo de la  Convención no fuese alegada en el escrito de demanda, ello no impide que la  misma sea declarada por la Corte, si de los hechos probados resulta que en  efecto se produjo dicha violación. Sin  embargo, en el presente caso, la Corte se remite a lo resuelto en esta misma  Sentencia en relación con el derecho a la propiedad y el derecho a la  protección judicial de los miembros de la Comunidad Awas Tingni y, además,  desestima la violación de los derechos consagrados en los artículos mencionados  por cuanto en su escrito de alegatos finales la Comisión no la fundamentó.

La Corte,

- Decide que el Estado debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas.

- Decide que el Estado deberá delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni y abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe esa delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

- Declara que la presente Sentencia constituye, per se, una forma de reparación para los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

- Decide, por equidad, que el Estado debe invertir, por concepto de reparación  del daño inmaterial, en el plazo de 12 meses, la suma total de US$ 50.000 en obras o servicios de interés colectivo en beneficio de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, de común acuerdo con ésta y bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

- Decide, por equidad,  que el Estado debe pagar a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la suma total de  US$ 30.000 por concepto de gastos y costas en que incurrieron los miembros de dicha Comunidad y sus representantes, ambos causados en los procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección.

- Decide que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cada seis meses a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento.

- Decide que supervisará el cumplimiento de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en el presente fallo.

La Corte decide,

- Desestimar la excepción preliminar interpuesta por el Estado de Nicaragua.

La  Corte,

- Declara que el Estado violó el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.

- Declara que el Estado violó el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. 

 No se consigna

- Fecha de la última resolución: 3 de abril de 2009

- La Corte declara,

(I) Que el Estado ha cumplido con la obligación de delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

(ii) Que el Estado ha cumplido con la obligación de abstenerse de realizar, hasta tanto no se efectúe aquella delimitación, demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni.

(iii) Que, en consecuencia, el Estado ha dado pleno cumplimiento a la Sentencia de 31 de agosto de 2001 en el caso de los miembros de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tigni, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que impone a los Estados Partes en la  Convención la obligación de cumplir con las sentencias dictadas por la Corte.

- La Corte resuelve,

(i) Dar por concluida la supervisión del “Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni”, en razón de que el Estado ha dado cumplimiento íntegro a lo ordenado en la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2001.

(ii) Archivar el expediente del presente caso.

(iii) Comunicar esta Resolución a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su próximo período ordinario de sesiones por conducto del Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2009.

(iv) Requerir a la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que notifique la presente  Resolución  al  Estado,  a  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  a  los representantes de las víctimas.