Julio Caal Sandoval, Jovito Juárez Cifuentes, Anstraum Villagrán, Henry Giovanni Contreras, Federico Figueroa Túnchez y sus familiares

Asociación Casa Alianza/América Latina y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención y posterior asesinato de Julio Caal Sandoval, Jovito Juárez Cifuentes, Anstraum Villagrán, Henry Giovanni Contreras, Federico Figueroa Túnchez por parte de agentes policiales, así como a la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

- Los hechos del presente caso se contextualizan en una época caracterizada por un patrón común de acciones al margen de la ley, perpetradas por agentes de seguridad estatales, en contra de los “niños de la calle”. Esta práctica incluía amenazas, detenciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes y homicidios como medio para contrarrestar la delincuencia y vagancia juvenil.

- El 15 de junio de 1990, en la zona conocida como “Las Casetas”, una camioneta se acercó a Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20 años, Julio Roberto Caal Sandoval, de 15 años y Jovito Josué Juárez Cifuentes, de 17 años. De dicho vehículo descendieron hombres armados miembros de la policía, quienes los obligaron a subir al mismo. Luego de estar retenidos por unas horas, fueron asesinados. Asimismo, el 25 de junio de 1990 fue asesinado Anstraum Aman Villagrán Morales, mediante un disparo de arma de fuego, en el sector de “Las Casetas”. No se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables de los hechos.

- Fecha de presentación de la petición (11.383): 15 de septiembre de 1994

- Fecha de informe de admisibilidad (33/96): 16 de octubre de 1996

- Fecha de informe de fondo (33/96): 16 de octubre de 1996.

- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 30 de enero de 1997

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 1, 4, 5, 7, 8, 19 y 25 de la Convención Americana. La CIDH invocó, además, la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 28 de enero de 1999

Sentencia de Excepciones Preliminares:

14. La  Corte es competente para conocer las excepciones preliminares presentadas por  el Estado.  Guatemala es Estado Parte en  la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y aceptó la competencia  contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.

17. La  única excepción preliminar hecha valer por Guatemala consiste, esencialmente,  en la falta de competencia de esta Corte para conocer en una “cuarta instancia”  de la sentencia dictada por la Corte Suprema de ese país el 21 de julio de  1993, que confirmó el fallo del Juzgado   Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Estado de Guatemala de  26 de  diciembre de 1991, mediante el  cual se absolvió a los acusados de la muerte de las personas señaladas como  víctimas por la Comisión, con sentencia de último grado que adquirió la  autoridad de cosa juzgada.

18. Esta  Corte considera que la demanda presentada por la Comisión Interamericana no  pretende la revisión del fallo de la Corte Suprema de Guatemala sino que  solicita que se declare que el Estado violó varios preceptos de la Convención  Americana por la muerte de las citadas personas, que atribuye a miembros de la  policía de ese Estado y que por lo tanto existe responsabilidad de éste.

19. Por lo  tanto, y como lo afirma la Comisión al contestar el escrito de excepciones  preliminares, se trata de una cuestión que corresponde al fondo de este asunto,  y, por ello, la Corte considera que la excepción no es preliminar sino más bien  cuestión efectivamente vinculada al fondo de la controversia.

20. En  consecuencia la Corte considera  que debe  desestimarse dicha excepción preliminar por improcedente.

No se consigna

Sentencia de Fondo:

I. Violación del artículo 7 (Derecho a la libertad personal)

131. Con  referencia a las detenciones, la Corte ha dicho que [el artículo 7] contiene  como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de  detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el  primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad  sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley  (aspecto material),  pero, además, con  estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma  (aspecto formal). En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición  según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas  y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles  con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras  cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad.

132. Es  evidente que, en contravención con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la  Convención, los cuatro jóvenes fueron detenidos sin que se hubieran configurado  las causas y condiciones establecidas por la Constitución Política de  Guatemala, en vigor desde el 14 de enero de 1986.  Dicha Ley Fundamental preveía, en el artículo  6, que sólo se podía privar de la libertad a una persona “en virtud de orden  librada con apego a la ley por autoridad judicial competente” o por haber sido  sorprendida in fraganti en la comisión de un delito o falta.  Ninguno de los dos extremos se presentó en  este caso. (…)

134. En  consecuencia, puede concluirse que en la detención de los cuatro jóvenes no fue  observado ni el aspecto material ni el aspecto formal de los presupuestos  legales de la detención. (…)

136. En  consecuencia de lo anteriormente expuesto, concluye este Tribunal que el Estado  violó el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en  conexión con el artículo 1.1 de la   misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente  Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes.

II. Violación del artículo 4 (Derecho a la vida)

143. Como  consecuencia de haber sido perpetrados por agentes estatales, la Corte debe  concluir, necesariamente, que los cinco homicidios son imputables al Estado.

144. El  derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un  prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.  De no ser respetado, todos los derechos  carecen de sentido.  En razón del  carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques  restrictivos del mismo.  En esencia, el  derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano  de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no  se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia  digna.  Los Estados tienen la obligación  de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se  produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de  impedir que sus agentes atenten contra él.

145. Como bien  ha establecido el Comité de Derechos Humanos, creado por el Pacto Internacional  de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, [l]a protección contra la  privación arbitraria de la vida, (…) es de suprema importancia.  El Comité considera que los Estados Partes  deben tomar medidas no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida  [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios  arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad.  (…)

146. La Corte  no puede dejar de señalar  la especial  gravedad que reviste el presente caso por tratarse las víctimas de jóvenes,  tres de ellos niños, y por el hecho de que la conducta estatal no solamente  viola la expresa disposición del artículo 4 de la Convención Americana, sino  numerosos instrumentos internacionales, ampliamente aceptados por la comunidad  internacional, que hacen recaer en el Estado  el deber de adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de  los niños bajo su jurisdicción (…).

147. Con base  en todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 4 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de  la misma, en perjuicio de Henry  Giovanni  Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval,  Jovito Josué  Juárez Cifuentes y Anstraum  Aman Villagrán Morales.

III. Violación del artículo 5 (Derecho a la  integridad personal)

157. Existen  en el presente caso evidencias numerosas y concurrentes de que la integridad  personal de los cuatro jóvenes mencionados fue vulnerada y de que ellos fueron  víctimas de graves maltratos y de torturas físicas y psicológicas por parte de  agentes del Estado y, más  concretamente,  por miembros de la Policía Nacional, antes de sufrir la muerte.

158. Los  cuerpos de los jóvenes fueron encontrados sin vida con marcas graves de  violencia física que el Estado no ha podido explicar. (…) Sobre las heridas en  los cuerpos de los otros dos jóvenes no existe en las autopsias ningún tipo de  explicación. (…)

162. Debe  tenerse presente que los jóvenes fueron retenidos clandestinamente por sus  captores entre 10 y 21 horas. Este lapso medió entre dos circunstancias de  extrema violencia: la aprehensión forzada y la muerte por impactos de arma de  fuego en estado de indefensión, que el Tribunal ya ha declarado probadas  (…).   Es razonable inferir,  aunque no  mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que recibieron durante esas  horas fue agresivo en extremo.

163. Durante  el tiempo de su retención los cuatro jóvenes permanecieron aislados del mundo  exterior y seguramente estaban conscientes de que sus vidas corrían grave  peligro. Es razonable inferir que   durante esas horas pasaron, por esa sola circunstancia, por una  situación de extremo sufrimiento psicológico y moral. 

164. Es  pertinente poner de presente, al efecto, que la Corte ha dicho anteriormente  que el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye  una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad  personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de  otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al  respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y que en los eventos en  los cuales la privación de la libertad es legítima [u]na de las razones por las  cuales la incomunicación es concebida como un instrumento excepcional es por  los graves efectos que tiene sobre el detenido. En efecto, el aislamiento del  mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y  perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular  vulnerabilidad y acrecienta el riesgo de agresión y arbitrariedad en las  cárceles.

165. En  sentido similar, la Corte Europea ha sostenido que la mera amenaza de una  conducta prohibida por el precepto  de la  Convención Europea (artículo 3), correspondiente al artículo 5 de la  Convención Americana, cuando sea  suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con la  norma de que se trata.  En otras  palabras: crear una situación amenazadora o amenazar a un individuo con  torturarlo puede constituir, en algunas   circunstancias, al menos, tratamiento inhumano.

166. Merece  advertirse asimismo que, como ya lo ha dicho este Tribunal, una persona  ilegalmente detenida (…) se encuentra en una situación agravada de  vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros  derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad.

167. Por  último, de los documentos y  testimonios  que obran en el acervo probatorio resulta evidente, como ya se ha afirmado, que  los hechos de este caso se produjeron en un contexto de mucha violencia contra  los niños y jóvenes que vivían en las calles (…), violencia que incluía, como  un componente muy frecuente, diversas formas de torturas y malos tratos.

168.  Sustentado el hecho de que la integridad física y psíquica de los jóvenes  Contreras, Figueroa Túnchez, Caal Sandoval y Juárez Cifuentes fue vulnerada y  de que éstos fueron víctimas de malos tratos y torturas, procede la Corte a  definir lo relativo a la imputación de responsabilidad. 

169. La  Corte estima que los malos tratos y torturas fueron practicados por las mismas  personas que secuestraron y dieron muerte a los jóvenes.  La Corte al haber establecido que los  responsables de estas últimas conductas eran miembros de la Policía Nacional  (…) es del caso concluir que los autores de los malos tratos y torturas que se  produjeron en el lapso que medió entre la captura y la muerte, fueron agentes  del Estado, ya se trate de los investigados y acusados en los procesos  internos, o de otros.

170. Debe  tenerse en cuenta, al respecto, la presunción establecida por la Corte Europea  al considerar responsable al Estado por los malos tratos que exhibe una persona  que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades son  incapaces de demostrar que estos agentes no incurrieron en tales conductas.

173. Es  evidente, asimismo, que las autoridades nacionales no tomaron providencias para  establecer la identidad de las víctimas, las cuales permanecieron registradas  como XX hasta que sus familiares se apersonaron a reconocerlos (…).La  negligencia por parte del Estado así puesta de manifiesto, debe sumarse al  hecho de que las autoridades no hicieron esfuerzos adecuados para localizar a  los parientes inmediatos de las víctimas, notificarles la muerte de éstas,  entregarles los cadáveres y proporcionarles información sobre el desarrollo de  las investigaciones.  El conjunto de esas  omisiones postergó y, en algunos casos, negó a los familiares la oportunidad de  dar a los jóvenes una sepultura acorde con sus tradiciones, valores o creencias  y, por lo tanto, intensificó sus sufrimientos.   A ello se agrega el sentimiento de inseguridad e impotencia que le causó  a esos parientes la abstención de las autoridades públicas en investigar a  cabalidad los correspondientes delitos y castigar a sus responsables. 

174. La  Corte debe destacar entre las  conductas  de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que  produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento  que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los  Bosques de San Nicolás, Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa  Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes.  Estas personas  no sólo fueron víctimas de la violencia  extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos  fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las  inclemencias del tiempo  y a la acción de  los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no  hubieran sido encontrados fortuitamente.   En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los  restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos y, en particular,  para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano.

177. En  virtud de todo lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el artículo  5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el  artículo 1.1 de la misma, en perjuicio   de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Jovito  Josué Juárez Cifuentes y Julio Roberto Caal Sandoval, y violó el artículo 5.2  de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de  las ascendientes de los mismos, Ana María Contreras, Matilde Reyna Morales  García, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Sandoval Urbina, Marta Isabel Túnchez  Palencia y Noemí Cifuentes.

IV. Violación del artículo 19 (Derechos del niño)

188. El  artículo 19 de la Convención Americana no define qué se entiende como  “niño”.  Por su parte, la Convención  sobre Derechos del Niño considera como tal (artículo 1) a todo ser humano que  no haya cumplido los 18 años, “salvo que, en virtud de la ley que le sea  aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.  De conformidad con la legislación  guatemalteca vigente para la época en que ocurrieron los hechos del presente  caso, igualmente eran menores, quienes no habían cumplido los 18 años de  edad.  Según esos criterios sólo tres de  las víctimas, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y  Anstraum Villagrán Morales, tenían la condición de niños.  Sin embargo, la Corte emplea, en esta  sentencia, la expresión coloquial “niños de la calle”, para referirse a las  cinco víctimas en el presente caso, que vivían en las calles, en situación de  riesgo.

189. La  Corte también ha reconocido como hecho público y notorio, en esta misma  sentencia, que para la época de los sucesos que constituyen la materia de este  caso, existía en Guatemala una práctica sistemática de agresiones en contra de  los “niños de la calle”, ejercida por   miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que comprendía  amenazas, persecuciones, torturas, desapariciones forzadas y homicidios (…).

190. La  Corte, al considerar los diversos informes sobre la problemática de los “niños  de la calle” en Guatemala, y las características y circunstancias del presente  caso, estima que los hechos que culminaron con la muerte de los menores Caal Sandoval,  Juárez Cifuentes y Villagrán Morales se vinculan con el patrón de violencia  contra “niños de la calle” en Guatemala, vigente en el período en que  ocurrieron esos hechos. 

191. A la  luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la  especial gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en  dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una  práctica sistemática de violencia contra   niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos  términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los “niños de  la calle”, los hacen víctimas de una doble agresión.  En primer lugar, los Estados no evitan que  sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida  digna e impidiéndoles el “pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”, a  pesar de que todo niño tiene  derecho a  alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado  por los poderes públicos para que se  desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece.  En segundo lugar, atentan contra su  integridad física, psíquica y moral, y hasta contra su propia vida. (…)

194. Tanto  la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman  parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para  fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el  artículo 19 de la Convención Americana.

195. La  Convención sobre los Derechos del Niño contiene diversas disposiciones que  guardan relación con la situación de los “niños de la calle” que se examina en  este caso y pueden arrojar luz, en conexión con el artículo 19 de la Convención  Americana, sobre la conducta que el Estado debió haber observado ante la  misma.  (…)

196. Las  normas transcritas permiten precisar, en variadas direcciones, los alcances de  las “medidas de protección” a que alude el artículo 19 de la Convención  Americana.  Entre ellas merecen ser  destacadas las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial a  los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el  desarrollo del niño, al derecho a un nivel de vida adecuado y a la reinserción  social de todo niño víctima de abandono o explotación. Es claro para esta Corte  que los actos perpetrados contra las víctimas en el presente caso, en los que  se vieron involucrados agentes del Estado, contravienen estas previsiones.

197.  (…)  Cuando el aparato estatal tenga que  intervenir ante infracciones cometidas por menores de edad, debe hacer los  mayores esfuerzos para garantizar la rehabilitación de los mismos, en orden a  “permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad”.  Es evidente que, en el presente caso, el Estado actuó en grave contravención de  esas directrices.

198. Por  todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el artículo 19 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de  la misma, en perjuicio de los menores Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué  Juárez Cifuentes y Anstraum Aman Villagrán Morales.

V. Violación de los artículos 25, 8 y 1.1

220. Es un  principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado,  recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado  es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto u omisión de  cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos  internacionalmente consagrados.  El  artículo 1.1 de la Convención Americana es de importancia fundamental en ese  sentido. Los artículos 25 y 8 de la Convención concretan, con referencia a las  actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del  mencionado principio de generación de responsabilidad por los actos de todos  los órganos del Estado. 

221. De lo  expuesto se colige que  Guatemala no  puede  excusarse de la responsabilidad  relacionada con los actos u omisiones de sus autoridades judiciales, ya que tal  actitud resultaría contraria a lo dispuesto por el artículo 1.1 en conexión con  los artículos 25 y 8 de la Convención.

222. El  esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones  internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales, puede  conducir a que el Tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos  internos (…).

228. Al  confrontar los hechos de este  caso con  lo expuesto  anteriormente, se puede  constatar que Guatemala ha realizado diversas actuaciones judiciales sobre  aquéllos. Sin embargo, es evidente que los responsables de tales hechos se  encuentran en la impunidad, porque no han sido identificados ni sancionados  mediante actos judiciales que hayan sido ejecutados.  Esta sola consideración basta para concluir  que el Estado ha violado el artículo 1.1 de la Convención, pues no ha castigado  a los autores de los correspondientes delitos.   Al respecto, no viene al caso discutir si las personas acusadas en los  procesos internos debieron o no ser absueltas.   Lo importantes es que, con independencia de si fueron o no ellas las  responsables de los ilícitos, el Estado ha debido identificar y castigar a  quienes en realidad lo fueron, y no lo hizo. (…)

229. En el  expediente existen abundantes constancias que demuestran que las autoridades  judiciales que condujeron las   actuaciones originadas en el secuestro, tortura y homicidio de Henry  Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes,  Federico Clemente Figueroa Túnchez y en el homicidio de Anstraum Aman Villagrán  Morales, faltaron al deber de adelantar una investigación y un proceso judicial  adecuados que llevaran al castigo de los responsables, y afectaron el derecho  de los familiares de las víctimas a ser oídos y a tramitar sus acusaciones ante  un tribunal independiente e imparcial.

233. Visto  en su conjunto el proceder de aquellos jueces, se hace evidente que  fragmentaron el acervo probatorio y luego pretendieron enervar, caso por caso,  los alcances de todos y cada uno de los elementos probatorios de la responsabilidad  de los imputados.  Esto contraviene los  principios de valoración de la prueba, de acuerdo con los cuales las evidencias  deben ser apreciadas en su integralidad, es decir, teniendo en cuenta sus  relaciones mutuas, y la forma como se prestan soporte unas a otras o dejan de  hacerlo.  De esa manera el Estado dejó de  cumplir con la obligación de investigar efectiva y adecuadamente los hechos de  que se trata, en violación del artículo 1.1 de la Convención Americana, en  conexión con el artículo 8 de la misma. (…)

234. En  cuanto a la violación del artículo 1.1, en concordancia con el artículo 25 de  la Convención Americana, este Tribunal ha señalado en diversas ocasiones que  toda persona tiene el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier  recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra  actos que violen sus derechos fundamentales, “lo cual constituye uno de los  pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de  Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.

237. Este  Tribunal ha establecido que “[e]l artículo 25 se encuentra íntimamente ligado  con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al  atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes”, de  lo cual se desprende que el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y  consagrar normativamente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la  debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales.

238. Por todo  lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la  Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de  la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal  Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes, Federico Clemente Figueroa Túnchez,  Anstraum Aman Villagrán Morales y de  sus  familiares inmediatos y que violó, asimismo, el artículo 1.1 de la Convención  Americana en lo relativo al deber de investigar.

VI. Violación de los artículos 1, 6 y 8 de la  convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura

248. Con  una cláusula general se abrió la posibilidad de que ratifiquen o se adhieran a  la Convención contra la Tortura el mayor número de Estados.  Lo que se consideró importante fue atribuir  la competencia para aplicar la Convención contra la Tortura a un órgano  internacional, ya se trate de una comisión, un comité o un tribunal existente o  de uno que se cree en el futuro.  En el  presente caso, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana, corresponde  a este Tribunal ejercer dicha competencia. Guatemala aceptó la competencia de  esta Corte el 9 de marzo de 1987 y ratificó la Convención contra la Tortura el  29 de enero de 1987, Convención que entró en vigor el 28 de febrero de 1987.

250. Según  se desprende de los documentos, los testimonios y los informes periciales que  existen en el expediente, las autoridades administrativas y judiciales  guatemaltecas no adoptaron decisión formal alguna para iniciar una  investigación penal en torno a la presunta comisión del delito de tortura y  tampoco lo investigaron, en la práctica, a pesar de que, al indagar por los  homicidios, se recogieron varias y concurrentes evidencias sobre tratamientos  crueles y torturas a las víctimas.

251. El  artículo 8 de la Convención contra la Tortura consagra en forma expresa la  obligación del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como  el presente, y la Corte ha sostenido que “en los procesos sobre violaciones de  los derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la  imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden  obtenerse sin la cooperación del Estado”. El Estado, sin embargo, no actuó con  arreglo a esas previsiones.

252. Por lo  tanto, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la  Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de  Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto  Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes.

La Corte decide,

- Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño material, como consecuencia de la muerte de Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes, una indemnización conforme a la siguiente relación:

a) US$ 32.286,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, por la muerte de Anstraun Aman Villagrán Morales, cantidad que será entregada a su madre, Matilde Reyna Morales García;

b) US$ 30.995,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, por la muerte de Henry Giovanni Contreras, cantidad que será entregada a su madre, Ana María Contreras;

c) US$ 31.248,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, por la muerte de Julio Roberto Caal Sandoval, cantidad que será  entregada a su abuela, Margarita Urbina;

d) US$ 30.504,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, por la muerte de Federico Clemente Figueroa Túnchez, cantidad que  será entregada a su madre, Marta Isabel Túnchez Palencia; y

e) US$ 28.181,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, por la muerte de Jovito Josué Juárez Cifuentes, cantidad que  será entregada a su madre, Noemí Cifuentes;

- Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño moral sufrido por Anstraun Aman Villagrán Morales, Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Federico Clemente Figueroa Túnchez y Jovito Josué Juárez Cifuentes, las siguientes compensaciones que recibirán sus derechohabientes, conforme a lo que a continuación se indica:

a) US$ 23.000,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, a la madre de Anstraun Aman Villagrán Morales, Matilde Reyna Morales García;

b) US$ 27.000,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, a  la madre de Henry Giovanni Contreras, Ana María Contreras;

c) US$ 30.000,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, a la abuela de Julio Roberto Caal Sandoval, Margarita Urbina;

d) US$ 27.000,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, a la madre de Federico Clemente Figueroa Túnchez, Marta Isabel Túnchez Palencia; y

e) US$ 30.000,00o su equivalente en moneda guatemalteca, a la madre de Jovito Josué Juárez Cifuentes, Noemí Cifuentes.

- Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño moral, una compensación de US$ 26.000,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, a cada una de las siguientes personas: Matilde Reyna Morales García, Ana María Contreras, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes.  La cantidad correspondiente a Rosa Carlota Sandoval le será entregada a su madre Margarita Urbina.

- Que el Estado de Guatemala debe pagar, por concepto de daño moral, una compensación de US$ 3.000,00 o su equivalente en moneda guatemalteca, a cada una de las siguientes personas: Reyna Dalila Villagrán Morales, Lorena Dianeth Villagrán Morales, Gerardo Adoriman Villagrán Morales, Mónica Renata Agreda Contreras, Shirley Marlen Agreda Contreras, Osman Ravid Agreda Contreras, Guadalupe Concepción Figueroa Túnchez y Zorayda Izabel Figueroa Túnchez.

- Que el Estado de Guatemala debe adoptar en su derecho interno, de conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias con el fin de adecuar la normativa guatemalteca al artículo 19 de la Convención.

-  Que el Estado de Guatemala debe brindar los recursos y adoptar las demás medidas necesarias para el traslado de los restos mortales de Henry Giovanni Contreras y su posterior inhumación en el lugar de elección de sus familiares.

- Que el Estado de Guatemala debe designar un centro educativo con un nombre alusivo a los jóvenes víctimas de este caso y colocar en dicho centro una placa con los nombres de Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraun Aman Villagrán Morales.

- Que el Estado de Guatemala debe investigar los hechos del presente caso, identificar y sancionar a los responsables y adoptar  en su derecho interno las disposiciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación.

- Que el Estado de Guatemala debe pagar a los representantes de los familiares de las víctimas como reintegro de los gastos y costas en la jurisdicción interna y en la jurisdicción interamericana la cantidad de US$ 38.651,91. De este monto deberá pagarse la cantidad de US$ 27.651,91 a la Asociación Casa Alianza/América Latina y la cantidad de US$ 11.000,00 al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

- Que el Estado de Guatemala debe cumplir con las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia de Reparaciones y Costas dentro de los seis meses contados a partir de su notificación.

- Que los pagos dispuestos en la Sentencia de Reparaciones y Costas estarán exentos de cualquier gravamen o impuesto existente o que llegue a existir en el futuro.

- Que supervisará el cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en ella.

La Corte resuelve,

- Desechar por improcedente la excepción preliminar formulada por el Estado de Guatemala.

La Corte decide,

- Declarar que el Estado violó el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes;

- Declarar que el Estado violó el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraum Aman Villagrán Morales;

- Declarar que el Estado violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Julio Roberto Caal Sandoval;

- Declarar que el Estado violó el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las ascendientes de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Julio Roberto Caal Sandoval, las señoras Ana María Contreras, Matilde Reyna Morales García, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Sandoval Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes;

- Declarar que el Estado violó el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstraum Aman Villagrán Morales;

- Declarar que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes, Federico Clemente Figueroa Túnchez y Anstraum Aman Villagrán Morales y de sus familiares inmediatos;

- Declarar que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez Cifuentes; 8. declarar que el Estado violó el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo al deber de investigar, que el Estado debe realizar una investigación real y efectiva para determinar las personas  responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta Sentencia y, eventualmente, sancionarlas.

- Fecha de la última resolución: 27 de enero de 2009

- La Corte declara,

(i) Que se encuentra pendiente de cumplimiento la obligación del Estado de investigar los hechos del presente caso, identificar y, en su caso, sancionar a los responsables y adoptar en su derecho interno las disposiciones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de esta obligación (punto resolutivo octavo de la Sentencia de fondo y octavo de la Sentencia de reparaciones), por lo que se mantendrá abierto el procedimiento de supervisión hasta el cumplimiento total de este punto. 

- La Corte resuelve,

(i) Requerir al Estado que adopte inmediatamente todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento al punto pendiente de cumplimiento, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana. 

(ii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 4 de mayo de 2009, un informe detallado y actualizado en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con la reparación ordenada por esta Corte que se encuentra pendiente de acatamiento. 

(iii) Solicitar a los representantes de las víctimas, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto  resolutivo  anterior  en  el  plazo  de  cuatro  y  seis semanas, respectivamente, contado a partir de la recepción de dicho informe. 

(iv) Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado de Guatemala, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.