AUDIENCIA PÚBLICA

Caso Pueblos Indígenas U’wa y sus miembros Vs. Colombia

El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional de Colombia por la falta de protección efectiva del derecho a la propiedad ancestral del Pueblo U’wa, así como la ejecución de una serie de actividades petroleras, mineras, turísticas y de infraestructura, en perjuicio de sus derechos. Se argumenta que el pueblo U’wa se ha visto severamente afectado por el conflicto interno en Colombia, al punto de peligrar su extinción. 

Además, se alega que Colombia no ha brindado la seguridad jurídica necesaria para lograr una protección efectiva del derecho a la propiedad, así como su posesión pacífica y exclusivamente indígena. 

Por otra parte, se alega que el Estado no realizó una consulta previa, libre e informada, al otorgar permisos, licencias y concesiones para la realización de proyectos petroleros, mineros y de infraestructura en tierras del Pueblo U´wa o en zonas aledañas, que podían afectar sus tierras, territorios y forma de vida. Se alega que Colombia tampoco realizó estudios de impacto ambiental y social sobre dichas actividades, y que carece de legislación que regule adecuadamente la consulta. Por otra parte, se argumenta que ingreso de las empresas al territorio del Pueblo U’wa y el hecho que su territorio no haya sido del todo saneado y se encuentren colonos en el mismo, les impide tener un libre acceso a sus tierras y lugares sagrados, afectando así sus tradiciones y su pervivencia cultural y espiritual. Asimismo, se alega que con la creación del Parque Natural “El Cocuy”, el Estado otorgó su administración y manejo a la Dirección Nacional de Parques Naturales y no a las autoridades tradicionales del Pueblo U’wa, a pesar de que la totalidad del parque se encuentra en su territorio. 

Finalmente, se argumenta que, a pesar de las denuncias y recursos contra las licencias y proyectos realizados en su territorio, los miembros del pueblo U´wa no contaron con un recurso efectivo para proteger su derecho de propiedad, así como para lograr el saneamiento prometido a las presuntas víctimas desde 1999.