El caso refiere a la alegada responsabilidad internacional del Estado hondureño por la afectación del derecho a la propiedad colectiva de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros, así como por la alegada falta de recursos adecuados y efectivos para remediar tal situación.

En ese sentido, se alega que la declaración de parte del territorio de la Comunidad como área natural protegida y, posteriormente, como Monumento Natural Marino, así como las restricciones impuestas a la pesca, a las actividades económicas turísticas en la zona y a la realización de programas de televisión, no habrían tomado en cuenta las condiciones y prácticas tradicionales de subsistencia de la Comunidad. Lo anterior habría generado impactos negativos en el uso y disfrute de la propiedad y de los recursos colectivos de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos, afectando su modo de vida y el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos. 

Con base en lo anterior, se solicitó que se declare la responsabilidad del Estado hondureño por la violación de los derechos establecidos en los artículos 5.1 (integridad personal), 8.1 (garantías procesales), 13.1 (libertad de pensamiento y expresión), 21.1 (propiedad colectiva), 23.1 (derecho a participar en la dirección de asuntos públicos), 25.1 (protección judicial) y 26 (derechos culturales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en sus artículos 1.1 y 2 del mismo tratado, en perjuicio de los miembros de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.