Información del caso:

El caso de relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado por la intervención quirúrgica de esterilización y posterior fallecimiento de Celia Edith Ramos Durand en 1997. Los hechos del caso habrían ocurrido cuando el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) instaló un puesto de salud en el lugar donde vivía la señora Ramos Durand. En el marco de dicho programa, la señora Ramos Durand habría recibido constantes visitas de profesionales de la salud con la finalidad de convencerla de someterse a una ligadura de trompas. El 3 de julio de 1997, la señora Ramos Durand fue sometida a una intervención de anticoncepción quirúrgica, durante la cual presentó complicaciones médicas. Fue trasladada a la clínica San Miguel de la ciudad de Piura, donde fue internada en estado de coma. La señora Celia Ramos falleció el 24 de julio de 1997. En consecuencia, el 30 de julio de 1997, su esposo presentó una denuncia contra el personal médico que participó en la intervención quirúrgica, la cual fue archivada el 17 de diciembre de 1997. Desde entonces, el proceso penal se ha reabierto y archivado, al menos, en dos oportunidades más.

Se alega que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar actuó motivado por estereotipos de género. En consecuencia, que el Estado falló al haber implementado medidas que habrían discriminado a las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos. Además, se argumenta que no se cumplieron los requisitos y condiciones necesarias para obtener un consentimiento libre, previo e informado, así como que el lugar en el que se esterilizó a la señora Ramos Durand no contaba con los medios necesarios para realizar el procedimiento de manera segura, y que la cirugía practicada tuvo por objetivo la pérdida permanente de la capacidad reproductiva, lo que constituyó una interferencia arbitraria en la vida privada de la señora Ramos.

Asimismo, se arguye que la señora Ramos Durand fue víctima de discriminación interseccional debido a su género y situación económica y que fue sometida a una esterilización no voluntaria, lo cual constituyó un acto de violencia contra la mujer. Finalmente, se aduce que la investigación por la esterilización y muerte de la señora Ramos Durand no fue conducida con debida diligencia y los hechos no fueron investigados en un plazo razonable, y que la muerte de la señora Ramos Durand y la actual situación de impunidad ha afectado a los miembros de su familia.