Mensaje de la Presidenta de la Corte IDH Jueza Nancy Hernández López en la Apertura del Año Judicial Interamericano 2025
I. Introducción
Como es tradición, me dirijo a ustedes en el marco del inicio del Año Judicial Interamericano. Evento solemne que simboliza el comienzo de la labor de esta Corte para el año 2025. Una práctica que se consolida para promover la transparencia, el diálogo y la rendición de cuentas ante nuestra región.
Comienzo por expresar el más sincero agradecimiento a mis colegas juezas y jueces, al Secretario y Secretaria Adjunta, así como a las abogadas, abogados y al personal que nos asiste en nuestra labor. Su dedicación ha sido fundamental en un año extraordinario, especialmente en lo que respecta a la función jurisdiccional, que resultó particularmente demandante.
Corresponde también reconocer el trabajo de los jueces salientes, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Humberto Sierra Porto tras 12 años de servicio a la justicia interamericana. Ambos dejan una enorme huella en nuestra institución y serán profundamente extrañados.
Hoy también celebramos y le damos la cordial bienvenida a los nuevos jueces, Diego Moreno, y Alberto Borea Odría. Dos destacados juristas que, con sus valiosas perspectivas y experiencias, sin duda vienen a fortalecer la labor de nuestro Tribunal. Bienvenidos colegas, mi saludo y felicitaciones a ustedes y también a sus familias que hoy nos acompañan. Mis mejores deseos de éxitos en esta nueva función.
Asimismo, felicito a nuestro colega Ricardo Pérez Manrique, quien ha sido relecto para un nuevo periodo, sin duda como un reconocimiento a su excepcional calidad profesional y su compromiso con los valores que esta institución representa.
Abrazamos este año nuevo de labores, reafirmando nuestro compromiso con los más altos principios que guían nuestra labor: la independencia, imparcialidad e integridad; con la claridad de que nuestro mandato principal es la defensa y protección efectiva de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Hoy me gustaría como primer punto centrarme en la labor nuclear del tribunal, es decir su función jurisdiccional, que fue una de las prioridades de nuestra mesa directiva durante el año anterior y que permitió a la Corte crear estándares muy relevantes y avanzar su jurisprudencia, al mismo tiempo que resolvió un récord de casos contenciosos y permitió atender un número sin precedentes de audiencias de opiniones consultivas de extrema importancia para la región.
Como segundo tema, quiero dedicar un espacio para dar a conocer el panorama temático y casos que el Tribunal agendará para el año 2025, considerando aquellos que fueron sometidos por la Comisión Interamericana.
Por último, me gustaría compartir algunas reflexiones finales.
Por razones de tiempo, reservaré los detalles comprensivos de la totalidad del trabajo del Tribunal para el informe anual escrito que periódicamente se presenta ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Sobre la labor jurisdiccional del Tribunal, el año 2024, fue un año particularmente intenso. El tribunal emitió aproximadamente un 20% más de sentencias de fondo; asimismo en supervisión de cumplimiento de sentencias, se declaró el cumplimiento total y el cumplimiento parcial o avances en el cumplimiento de más de 100 medidas de reparación de 12 Estados: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
Todos esos avances en el cumplimiento de las sentencias merecen reconocimiento porque sabemos que no son fáciles de cumplir a corto plazo, por la magnitud de las reparaciones y también a veces de las indemnizaciones. A modo de ejemplo para dimensionar la magnitud que alcanzan los casos ante esta sede, cito el caso de Profesores de Charñaral que se terminó de cumplir el año pasado, en que se han indemnizado a casi 1000 profesores para remediar injusticias cometidas durante la época de la dictadura Chilena. Este un esfuerzo extraordinario que demandó recursos millonarios, sin duda es un ejemplo del impacto de las resoluciones de este tribunal, pero sobre todo un ejemplo del compromiso y coherencia de las autoridades actuales con el Sistema Interamericano.
Además, la Corte sesionó 22 semanas, 4 de ellas fuera de su sede, en Brasil y Barbados, se llevaron a cabo 15 audiencias y 37 deliberaciones de sentencias de fondo. También diversas audiencias de supervisión de sentencias en Paraguay, Colombia y Guatemala y Chile.
En estas sesiones un punto determinante en nuestra labor fueron las históricas audiencias sobre la Opinión Consultiva sobre la emergencia climática, realizadas en Barbados, Manaos y Brasilia y con una participación sin precedentes (263 observaciones escritas y 161 organizaciones y 9 Estados).
Fue un diálogo interseccional, interdisciplinario e intergeneracional de históricas proporciones para un Tribunal Internacional. Presenciamos la participación de pueblos indígenas desde Alaska hasta tierra del fuego, así como de la representación de todas las generaciones de personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como adultos mayores de varias regiones del mundo, la academia y sociedad civil; todos unidos en una sola voz de extrema preocupación por la amenaza existencial que representa el cambio climático.
Asimismo, tuvimos audiencias sobre una Opinión Consultiva sobre el derecho al cuidado, y se inició la deliberación de la Opinión Consultiva sobre responsabilidad de los Estados frente a las empresas que producen y comercializan armas. Ambos temas novedosos y de gran impacto en la región.
Para atender estas 3 opiniones consultivas, el Tribunal dedicó prácticamente 6 semanas de maratónicas jornadas.
No cabe duda de que las audiencias y diligencias en terreno son esenciales para fortalecer el acceso a la justicia y trascender las barreras geográficas y acercar la justicia a los Estados y a las poblaciones en mayor estado de vulnerabilidad.
Este contacto directo en terreno de los Estados y otras actividades complementarias del tribunal, con posible gracias a la cooperación económica de: Suecia, la Comisión Europea, Noruega, Suiza, España, Países Bajos, Alemania y Francia a quienes agradezco en nombre del Tribunal, por el apoyo a nuestra labor, en una relación que ha sido respetuosa, sin condicionamiento alguno, con el único fin de coadyuvar con la justicia interamericana. También ha sido determinante la colaboración de los Estados de la región y de las organizaciones locales para el éxito de estas actividades.
En las audiencias sobre la opinión consultiva de cambio climático, de los cientos de organizaciones que participaron, me impactó ver que dos brillantes intervenciones fueron hechas exclusivamente por adolescentes de muy corta edad. A una edad en que deberían estar disfrutando juegos con amigos y amigas, estos jóvenes asumieron sobre sus espaldas una responsabilidad propia de los adultos. Conocieron sus derechos desde muy corta edad por lo que se empoderaron a defenderlos con capacidad y aplomo como quedó demostrado en las audiencias. Su participación evidencia un mensaje claro: la juventud quiere ser escuchada y ser parte de la solución de los grandes temas de derechos humanos de nuestra región.
Bajo esa bandera, la Corte emprendió un proyecto para crear la primera "Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada e ilustrada por y para la niñez y adolescencia" en una versión comentada e intervenida exclusivamente por ellos.
Este proyecto, resultado de talleres participativos realizados en colegios públicos y privados con la participación activa de toda la región es un ejemplo de que la justicia también puede ser inclusiva y visionaria.
Agradezco en nombre de la Corte, a la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial de Costa Rica y a la Fundación Paniamor por su guía y apoyo durante todo este proceso. También quiero reconocer el trabajo de Javier Marrizcurrena y el equipo de Cooperación Internacional de la Corte.
Me alegra presentarles un corto video de dos minutos sobre la voz de las y los estudiantes que participaron. Agradezco la presencia en este acto de los alumnos y personal directivo del Liceo Elias Leiva Quirós de Cartago quienes participaron en el proyecto y nos acompañan esta mañana.
Esta Convención Americana comentada e ilustrada para los niños, niñas y adolescentes se encuentra a partir de hoy disponible como material didáctico para toda la región en la página web de la Corte y ustedes pueden consultarla también en el código QR que les ha sido entregado al inicio.
Por otra parte, en el marco de nuestro 45 Aniversario se organizó un concurso regional de fotografía con miras a proyectar culturalmente las distintas realidades que en materia de derechos humanos vive el continente. Hoy en este acto nuestro director de Comunicaciones dará a conocer las personas ganadoras.
II. Nuevos estándares periodo 2024.
En cuanto a los nuevos estándares del periodo 2024, me gustaría destacar algunas de las principales contribuciones jurisprudenciales del Tribunal que se centraron principalmente en temas de Derechos Políticos y Democracia, integridad electoral, género, femicidios en el ámbito de la familia, salud reproductiva, discriminación racial, acceso a la información y derecho a la verdad, acceso a la justicia, pueblos indígenas, garantías judiciales, derechos económicos sociales y culturales y graves violaciones de derechos humanos.
Derechos Políticos y Democracia
En cuanto a los derechos políticos y la democracia, hace ya varios años que el debilitamiento democrático en la región ha llevado a que la Corte reciba casos relacionados con los derechos políticos.
En este marco, durante 2024 la Corte emitió decisiones relevantes en los casos Capriles Vs. Venezuela y Gadea Vs. Nicaragua, que marcaron un avance significativo en la jurisprudencia sobre procesos electorales y derechos políticos. Por primera vez, el Tribunal se refirió al concepto de integridad electoral, una garantía derivada de la Convención Americana, subrayando la importancia de la transparencia, la independencia y el acceso a garantías judiciales en los procesos democráticos.
En el caso Capriles vs Venezuela, la Corte comprobó que el proceso electoral tuvo lugar en un contexto de progresivo deterioro de la separación de poderes, de la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el caso, la Corte acreditó la existencia de un uso abusivo del aparato del Estado durante el proceso electoral que favoreció al candidato oficial. Además, la Corte estableció que la actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del Estado de Derecho, en tanto desconoció las reglas previstas por el propio derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático.
Por su parte de en el caso Gadea quedó acreditado de igual forma, que la falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección del presidente en ejercicio y, además, consideró que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral mostraron parcialidad y no garantizaron un recurso judicial efectivo para revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso.
En ambos casos se establecen estándares relevantes para garantizar la integridad electoral. Entre estos podemos citar: a) la transparencia en el financiamiento de campañas y conteo de votos, con participación de observadores independientes; b) el acceso equitativo a medios de comunicación, c) evitar el uso indebido de recursos estatales en favor de un candidato, y d) la imparcialidad y transparencia de los organismos electorales y recursos efectivos, entre otros.
Estos casos nos recuerdan la importancia de los organismos electorales autónomos e independientes y sobre todo retratan que el deterioro democrático no se da de la noche a la mañana, si no por pequeños y paulatinos cambios estratégicos que buscan favorecer la concentración de poder y la impunidad.
Género, feminicidios y salud reproductiva
En materia de género, el Tribunal cuenta con una sólida jurisprudencia en torno a las obligaciones de los Estados.
Durante el 2024, la Corte tuvo la oportunidad de profundizar en la debida diligencia reforzada en casos de feminicidios, subrayando la imperiosa necesidad de aplicar una adecuada perspectiva de género en todas las actuaciones judiciales y administrativas. En estas decisiones, se establecieron directrices claras para la actuación de las autoridades en todos los niveles, reafirmando además la relevancia de visibilizar y rechazar los estereotipos de género que perpetúan la discriminación y la violencia.
Asimismo, por primera vez la Corte se pronunció sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, reafirmando que el Estado debe actuar con debida diligencia reforzada en las investigaciones y la posibilidad que la inacción estatal frente a la violencia doméstica genere responsabilidad internacional.
Asimismo, en el caso Beatriz y otros Vs. El Salvador la Corte reiteró su jurisprudencia sobre violencia obstétrica, recordando que se trata de una forma específica de violencia basada en género ejercida durante el embarazo, el parto y después del parto en el acceso a los servicios de salud.
Pueblos Indígenas en situación de aislamiento
En materia de pueblos indígenas, este año la Corte conoció por primera vez un caso relacionado con pueblos indígenas en situación de aislamiento, es decir de no contacto con el resto de la población, marcando un precedente crucial en la protección de estos grupos especialmente vulnerables.
Asimismo, abordó temas novedosos en materia de consulta previa, libre e informada, evaluando escenarios en los que las medidas administrativas o legislativas propuestas por el Estado implicaban la ejecución de proyectos de inversión fuera de territorio, pero con afectación directo en éste, examinado por primera vez escenarios de no participación en la consulta por decisión del pueblo.
Estas decisiones representan hitos en la protección de los derechos humanos de pueblos indígenas y tribales, al reconocer la complejidad de su autodeterminación en contextos diversos, reforzando la necesidad de adoptar enfoques más inclusivos.
Derechos laborales y DESCA
En materia de derechos laborales, y derechos económicos sociales y culturales y ambientales, la Corte ha continuado fortaleciendo su jurisprudencia. En esta línea, durante el último año la Corte ha reafirmado la importancia del acceso efectivo a la justicia en el ámbito laboral mediante casos como SUTECASA Vs. Perú, en el que se analizó la libertad de asociación y la protección de los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo a las personas mayores y su derecho a acceder a la justicia sin discriminación.
Principio de igualdad y no discriminación
Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte ha avanzado significativamente en la protección del principio de igualdad y no discriminación, estableciendo estándares específicos para diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como adolescentes privados de libertad, personas con discapacidad, pueblos indígenas, y mujeres.
Respecto a la no discriminación por motivos de discapacidad, en Aguirre Magaña Vs. El Salvador, la Corte reiteró la obligación de los Estados de adoptar medidas para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, enfatizando el papel crucial del acceso a la justicia como mecanismos para erradicar la discriminación estructural y garantizar la plena integración de estas personas en la sociedad.
Sobre la no discriminación racial y por condición socioeconómica, en Leite de Souza y otros Vs. Brasil, la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la prohibición de discriminación en virtud de la raza y la condición de pobreza. Al respecto refirió cómo los prejuicios y estereotipos afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de investigar las denuncias que se les presentan, influyendo en su percepción para determinar si ocurrió́ o no un hecho de violencia, en su evaluación de la credibilidad de los testigos y de la propia víctima.
Asimismo, la Corte analizó situaciones de discriminación racial estructural contra personas afrodescendientes y sobre discriminación en el marco de la protección del derecho de igualdad ante la ley en el marco de situaciones de violencia contra las mujeres al interior de las familias.
Graves violaciones a los derechos humanos
En relación con las graves violaciones de derechos humanos, nuestra región lamentablemente conociendo casos relacionados con la violencia estatal. Durante el año pasado, el Tribunal ha conocido casos que reflejan esta dolorosa realidad, incluyendo desapariciones forzadas en los casos Cuellar Sandoval y otros Vs. Ecuador, Ubaté y Bogotá Vs. Colombia, y Pérez Lucas y otros Vs. Guatemala, en que se analizó la persistencia de este fenómeno y sus devastadoras consecuencias.
La Corte además de aplicar su extensa jurisprudencia, ha avanzado los estándares abordando los impactos diferenciados en mujeres buscadoras, niños niñas y adolescentes, reconociendo las graves afectaciones emocionales y sociales que enfrentan los familiares de las víctimas.
Asimismo, en los casos Reyes Mantilla y otros Vs. Ecuador y Poggioli Pérez Vs. Venezuela, nos adentramos en el entendimiento de las detenciones arbitrarias e ilegales.
Lamentablemente, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura siguen siendo heridas abiertas en nuestra región.
En este contexto, el derecho internacional ha sido fundamental para conceptualizar y enfrentar estas violaciones, avanzando en estándares que buscan abordar no solo la responsabilidad de los Estados, sino también el creciente papel de actores no estatales y la criminalidad organizada.
Un caso de avance en la materia de desapariciones forzadas que vale la pena resaltar y que recientemente la Corte valoró positivamente, se refiere a los esfuerzos realizados por la Fiscalía General y la Comisión Nacional de búsqueda de El Salvador que permitieron ubicar con vida a José Adrián Rochac Hernández, luego de identificarlo fehaciente mediante un análisis de ADN.
Garantías Judiciales
En el tema de garantías judiciales, particularmente en materia de impunidad, en el caso Galetovic Sapuanar Vs. Chile, la Corte determinó que en situaciones donde los hechos que dieron origen a una controversia ocurrieron bajo regímenes autoritarios o condiciones que limitaron el acceso a la justicia, es fundamental que las autoridades judiciales adopten un enfoque que tome en cuenta esas limitaciones estructurales. Así, en ciertos contextos, los tribunales internos deben considerar las circunstancias específicas que rodean un caso al analizar cuestiones procesales como la prescripción extintiva, en particular frente a o graves violaciones de derechos humanos.
Asimismo, en el caso Vega González, entre otras cosas, también se destacó la importancia de la proporcionalidad de las penas en graves violaciones a los derechos humanos.
En otros casos ya resueltos, próximos a notificar se abordaron aspectos relacionados con la situación de adolescentes privados de libertad, estableciendo por primera vez estándares específicos en la materia, asimismo, en materia de igualdad y no discriminación se analizó la aplicación de estándares de debida diligencia reforzada en la investigación de denuncias de discriminación racial contra personas afrodescendientes.
Estos y otros casos relevantes del año pasado permitieron a la Corte avanzar significativamente sus estándares los que han demostrado través de los años, la capacidad de generar un impacto transformador en el orden jurídico y político de la región, no solo porque reparan violaciones específicas de derechos humanos, sino porque actúan como catalizadores para la evolución de los sistemas democráticos y la consolidación del Estado de derecho.
Hay muchos otros estándares de relevancia emitidos que no menciono por razones de tiempo, pero no cabe duda de que detrás de cada caso hay historias de vida transformadas. Cada caso representa una persona, una familia o comunidad que ha encontrado en este Tribunal una voz y esperanza para alcanzar reparación y justicia.
III. Aportes de la Corte Interamericana a la región
En cuanto a este año 2025 la agenda será también intensa. Por la transición de composiciones de jueces, el Tribunal continuará por unos meses deliberando sentencias y opiniones consultivas con la integración anterior, a la vez que conoce la agenda completa de casos de este año.
El año judicial para este año incluye sesiones en 11 de los 12 meses del año. Tenemos previsto celebrar períodos de sesiones en Guatemala y Paraguay y llevar a cabo audiencias de supervisión de cumplimiento en Bolivia y Chile, reafirmando nuestra misión de estar cerca de las comunidades que más necesitan el amparo de la justicia interamericana. Debo agradecer a dichos Estados por hacer posible la labor jurisdiccional del Tribunal en sus territorios.
Con miras al 2025, la Corte conocerá casos relacionados con la protección de personas privadas de libertad, o en que se alega uso excesivo de la fuerza policial en contextos de protesta social, violencia de género, muchas de ellas en contextos institucionales como violaciones de mujeres indígenas, ejecuciones, esterilizaciones forzadas. Lamentablemente el problema de violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables se viene agudizando en la región a niveles alarmantes. Conoceremos también casos en que se alega la falta de debida diligencia en la investigación de ejecuciones extrajudiciales, temas de pueblos indígenas, violación sexual de adulta mayor por miembros del ejército, entre otros.
Además, ha ingresado una nueva solicitud de opinión consultiva presentada por Guatemala que plantea la pregunta clave de si están los Estados obligados a promover la democracia como un derecho humano protegido por la Convención Americana. La opinión consultiva busca esclarecer las obligaciones específicas de los Estados para promover y proteger la democracia representativa en la región.
En años recientes hemos visto una tendencia de los Estados a participar en la discusión de los grandes temas de derechos humanos por medio de las opiniones consultivas, lo cual sin duda es un acto de madurez del sistema interamericano.
Por otra parte, en la agenda del Tribunal para este año y siempre con miras a fortalecer la labor jurisdiccional del Tribunal, he considerado oportuno actualizar el Reglamento de la Corte que ya tiene 15 años desde su última reforma, en aspectos muy puntuales, que tienen que ver básicamente con la tramitación interna de nuestros casos. Hemos preparado un borrador preliminar para iniciar estas discusiones con la Secretaría y la sección jurídica del tribunal, a quienes agradezco su colaboración y aportes. Una vez que se valorada por el tribunal, será sometida a una socialización y antes de que termine el año esperamos fortalecer este aspecto neurálgico de nuestro Tribunal.
IV. Reflexiones finales
Para concluir permítanme, brevemente compartir una reflexión que, aunque evidente, resulta imprescindible en estos tiempos de incertidumbre y es que la democracia y los derechos humanos son pilares esenciales en la construcción de sociedades justas, libres y equitativas.
En este contexto, la libertad ocupa un lugar central. Es, sin duda, un valor fundamental, pero también un concepto que debe ser defendido, comprendido y promovido en todas sus dimensiones.
Es precisamente esta libertad la que protege la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo preámbulo establece la necesidad de consolidar en nuestro continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y justicia social.
No podemos perder de vista que la libertad, núcleo del régimen internacional de derechos humanos, trasciende lo meramente económico. Si bien la libertad económica es crucial, no puede sostenerse por sí sola ni ser la solución a las complejas realidades sociales y estructurales que afectan a nuestras sociedades. La libertad, depende de un entorno de estabilidad cimentado en una red interrelacionada de derechos: igualdad, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de profesar una fe o de no hacerlo, libertad de disentir, de pertenecer a una facción política sin temor a represalias, respeto a la legalidad, integridad electoral, separación de poderes y justicia, entre muchos otros, sin los cuales perdería su verdadero significado y se convertiría en una noción vacía, incapaz de garantizar la dignidad y el bienestar de las personas.
Hoy en día la libertad que tanto anhelamos como región, está amenazada por el populismo, en sus múltiples formas, que a menudo instrumentaliza el lenguaje de la democracia y la libertad, pero para subvertir sus principios desde dentro.
Octavio Paz nos recuerda que: “La libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces”. No basta con proclamarla; debemos garantizar que se arraigue en nuestras instituciones, en nuestras leyes y, sobre todo, en la vida cotidiana de las personas.
En estos tiempos de dificultad para nuestra región y el mundo, no podemos rendirnos en la lucha por la dignidad humana, porque hacerlo implicaría renunciar a la esencia misma de la civilización y la democracia. Así, la resiliencia se erige como un imperativo moral y jurídico.
No rendirse es, ante todo, un compromiso ético y político con el presente y el futuro de la humanidad. Los desafíos son grandes, pero es precisamente en la resiliencia colectiva donde radica nuestra capacidad para superarlos y preservar los principios universales que nos unen como civilización.
No olvidemos que tanto la Convención Americana como el sistema interamericano de derechos humanos nacieron como un acto de resiliencia frente a la opresión, la violencia y la injusticia. Cuarenta y cinco años después, seguimos con firmeza cumpliendo nuestro mandato de defender la Convención Americana, un anhelo de democracia y libertad que nos une y que sigue siendo el clamor de nuestra región.
Muchas gracias.