Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C (Centro Prodh);Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la detención arbitraria y tratos crueles y degradantes a los que fueron sometidos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables.

 - Los hechos del presente caso se iniciaron el 2 de mayo de 1999, cuando  el señor Montiel Flores se encontraba fuera de la casa del señor Cabrera  García, junto a otras personas, en la comunidad de Pizotla, Municipio de  Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero. Aproximadamente 40 miembros del  40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano entraron en la comunidad, en  el marco de un operativo contra otras personas.

-  Los señores Cabrera y Montiel fueron detenidos y mantenidos en dicha condición  a orillas del Río Pizotla hasta el 4 de mayo de 1999. Ese día fueron  trasladaron hasta las instalaciones del 40º Batallón de Infantería, ubicado en  la ciudad de Altamirano, estado de Guerrero. Los señores Cabrera y Montiel  fueron golpeados y maltratados durante su privación de la libertad.  Posteriormente, ciertos miembros del Ejército presentaron una denuncia penal en  contra de los señores Cabrera y Montiel por la presunta comisión de los delitos  de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y  siembra de amapola y marihuana, iniciándose la respectiva investigación penal.

- El 28 de agosto de 2000 el Juez Quinto de Distrito del Vigésimo Primer  Circuito en Coyuca de Catalán dictó sentencia mediante la cual condenó a pena  privativa de libertad de 6 años y 8 meses de duración al señor Cabrera García y  de 10 años al señor Montiel Flores. Esta decisión fue objetada a través de  diversos recursos judiciales y se modificó parcialmente a su favor. En el año  2001 los señores Cabrera y Montiel fueron liberados para continuar cumpliendo  la sanción que se les impuso en su domicilio, debido a su estado de salud.

 - Fecha de presentación de la petición (12.449): 25 de octubre de 2001

- Fecha de informe de admisibilidad (11/04): 27 de febrero de 2004

- Fecha de informe de fondo (88/08): 30 de octubre de 2008 

 - Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 24 de junio de 2009

- Petitorio de la CIDH: La CIDH presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte IDH decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 5.2, 7.5 , 8.1, 8.2.g, 8.3 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana; y del incumplimiento de las obligaciones bajo los artículos 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes de las víctimas solicitaron que la Corte IDH declarara que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos  5,16, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 de la Convención Americana. Finalmente, los representantes solicitaron al Tribunal que ordenara al Estado la adopción de varias medidas de reparación.

- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 2 de julio de 2010

I. Excepción Preliminar de “Cuarta Instancia”

20.  Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte observa que la excepción preliminar  presentada por el Estado toma como punto de partida que no ha existido ninguna  violación de derechos humanos en el presente caso, cuando es precisamente ello  lo que se debatirá en el fondo del asunto. Al valorar el mérito de la petición  la Corte determinará si los procedimientos internos, tal como alega el Estado,  respondieron a la totalidad de los actos reclamados por la Comisión y los  representantes ante este Tribunal y si en ese ejercicio se respetaron las  obligaciones internacionales del Estado.

21.  De otra parte, la conclusión anterior no se modifica por el hecho de que el  Estado alegue que los tribunales nacionales hayan ejercido ex officio un  “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención  Americana. En efecto, será en la etapa de fondo en la que se determinará si el  presunto control de convencionalidad que alegó el Estado involucró un respeto  de las obligaciones internacionales del Estado, a la luz de la jurisprudencia  de este Tribunal y del derecho internacional aplicable.

22.  En razón de todo lo dispuesto anteriormente, la Corte desestima la excepción  preliminar interpuesta por México.

II. Competencia

23. La  Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de la  Convención, para conocer el presente caso, en razón de que México es Estado  Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo de 1981 y reconoció la  competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998. El 2 de  noviembre de 1987 México ratificó la Convención Interamericana para Prevenir y  Sancionar la Tortura (…).

"No se consigna" 

 I. Derecho  a la libertad personal en relación con las obligaciones de respetar y  garantizar los derechos

93. (…) [E]l Tribunal recuerda que la parte inicial del artículo 7.5 de  la Convención dispone que la detención de una persona debe ser sometida sin  demora a revisión judicial. En este sentido, la Corte ha señalado que el  control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o  ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho  corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la  adopción de medidas cautelares o de coerción cuando sea estrictamente necesario  y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la  presunción de inocencia.

102. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal (…) en lo que concierne a  la autoridad competente para la remisión sin demora, este Tribunal reitera que  los señores Cabrera y Montiel debieron ser llevados ante el juez lo más pronto  posible y, en este caso, ello no ocurrió sino hasta casi 5 días después de su  detención. En ese sentido, el Tribunal observa que los señores Cabrera y  Montiel fueron puestos a disposición de la autoridad competente excediendo el  término establecido en la Convención Americana, que claramente exige la remisión “sin demora” ante el juez o funcionario autorizado por la ley para  ejercer funciones judiciales sobre control de la libertad. Al respecto, la  Corte reitera que en zonas de alta presencia militar, donde los miembros de la  institución militar asumen control de la seguridad interna, la remisión sin  demora ante las autoridades judiciales cobra mayor importancia con el fin de  minimizar cualquier tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona  (…). En consecuencia, la Corte considera que se vulneró el artículo 7.5 de la  Convención Americana en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel. Además,  dada la falta de remisión sin demora ante la autoridad competente, el Tribunal  considera que esta irregularidad en el control de la detención la transformó en  arbitraria y no estima pertinente hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre la  causa que originó la misma. Por tanto, la Corte declara la violación del  artículo 7.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. (…)

105. Esta Corte ha establecido que, a la luz del artículo 7.4 de la  Convención Americana, la información de los “motivos y razones” de la detención  debe darse “cuando ésta se produce”, lo cual constituye un mecanismo para  evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la  privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la  detención debe informar en un lenguaje simple (…) los hechos y bases jurídicas  esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de  la Convención si sólo se menciona la base legal.

106. Al respecto, la Corte observa que el artículo 7.4 de la Convención  alude a dos aspectos: i) la información en forma oral o escrita sobre las  razones de la detención, y ii) la notificación, que debe ser por escrito, de  los cargos. En el expediente no consta que al efectuar la detención se haya  informado a las víctimas sobre las razones en las que se fundamentó su  detención, razón por la cual se vulneró el artículo 7.4 de la Convención  Americana en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel.

II. Derecho  a la integridad personal en relación con las obligaciones de respetar y  garantizar los derechos y las obligaciones contenidas en la Convención  Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura

134. En el presente caso, la falta de una investigación dirigida contra  los presuntos responsables de la violación a la integridad personal limita la  posibilidad de concluir sobre los alegatos de la presunta tortura cometida en  contra de los señores Cabrera y Montiel. Sin perjuicio de ello, la Corte ha  señalado que el Estado es responsable, en su condición de garante de los  derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la  integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. La  jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona  es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con  afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble  de esa situación. En consecuencia, existe la presunción de considerar  responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado  bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la  obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo  sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante  elementos probatorios adecuados. Por lo tanto, la Corte resalta que de la  prueba aportada en el caso es posible concluir que se verificaron tratos  crueles, inhumanos y degradantes en contra de los señores Cabrera y Montiel.

135. A la luz de lo anterior este Tribunal reitera que, en todo caso en  que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado deberá iniciar de  oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa  que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas,  identificar a los responsables e iniciar su procesamiento. Es indispensable que  el Estado actúe con diligencia para evitar alegados actos de tortura o tratos  crueles, inhumanos y degradantes, tomando en cuenta, por otra parte, que la  víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos. Asimismo, a las  autoridades judiciales corresponde el deber de garantizar los derechos del  detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que  pueda acreditar alegados actos de tortura. El Estado debe garantizar la  independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar  asistencia a los detenidos de manera que puedan practicar libremente las  evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la  práctica de su profesión.

136. Por otra parte, la Corte desea resaltar que en los casos que la  persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido  obtenida mediante coacción, los Estados tienen la obligación de verificar, en  primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación  llevada a cabo con la debida diligencia.

137. De esta manera, la Corte concluye que el Estado es responsable: a)  por la violación del derecho a la integridad personal, consagrado en los  artículos 5.1 y 5.2, en relación con el artículo 1.1 de la Convención  Americana, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que fueron  infringidos a los señores Cabrera y Montiel, y b) el incumplimiento de los  artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la  Tortura, respecto de la obligación de investigar los alegados actos de tortura,  en perjuicio de los mismos.

III.  Garantías judiciales y protección judicial en relación con las obligaciones de  respetar y garantizar los derechos, el deber de adoptar disposiciones de  derecho interno y las obligaciones contenidas en la Convención Interamericana  para prevenir y sancionar la tortura.

151. Con el fin de analizar las alegadas violaciones a los artículos 8 y  25 de la Convención Americana y supuestos incumplimientos de obligaciones  previstas en otros instrumentos interamericanos relacionados con aquéllas la  Corte analizará, respecto al proceso penal que se adelantó en contra de los  señores Cabrera y Montiel, 1) el derecho a la defensa; 2) la obligación de no  considerar pruebas obtenidas mediante coacción, y 3) el principio de presunción  de inocencia. En relación, con el proceso de investigación de la alegada  tortura que se desarrolló en la jurisdicción penal militar el Tribunal  estudiará: 1) la investigación de oficio; 2) la competencia de la jurisdicción  penal militar; 3) el recurso judicial efectivo en la jurisdicción penal  militar, y 4) la adecuación del derecho interno mexicano respecto a la  intervención de la jurisdicción penal militar.

3.1.  Proceso penal llevado a cabo en contra de los señores Cabrera y Montiel

a) Derecho a la defensa

154.  La Corte ha establecido anteriormente que el derecho a la defensa debe poder  ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de  un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su  caso, la etapa de ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su  derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la  autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es  potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos  fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al  Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del  proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como  objeto del mismo.

155.  En especial, la Corte resalta que la defensa suministrada por el Estado debe  ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas.  Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a  una persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese  mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración.  Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar  severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal.  (…)

162. Teniendo en cuenta los elementos anteriores, la Corte considera que  no existe suficiente prueba para concluir que, por sí solas, las actuaciones de  los defensores de oficio en las diligencias del 4, 6 y 7 de mayo de 1999 hayan  configurado una violación del derecho a la defensa. (…)

b) Exclusión de las pruebas obtenidas mediante  coacción

166.  En este sentido, la Corte ha sostenido que la anulación de los actos procesales  derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para  hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales.  Además, el Tribunal considera necesario recalcar que la regla de exclusión no  se aplica sólo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos crueles.  Al respecto, el artículo 8.3 de la Convención es claro al señalar que “[l]a  confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna  naturaleza”, es decir que no se limita el supuesto de hecho a que se haya  perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a cualquier  tipo de coacción. En efecto, al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de  quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica  necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso  judicial. Esta anulación es un medio necesario para desincentivar el uso de  cualquier modalidad de coacción. (…)

167.  (…) [L]a Corte considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o  derivada de la información obtenida mediante coacción, garantiza de manera  adecuada la regla de exclusión (…).  

174.  La Corte comparte el criterio anteriormente descrito, y reitera que la  situación de indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentran las personas  a quienes en el momento de ser detenidas se les somete a tratos crueles,  inhumanos y degradantes, con el objeto de suprimir su resistencia psíquica y  forzarla a autoinculparse, pueden producir sentimientos de miedo, angustia e  inferioridad capaz de humillar y devastar a una persona y posiblemente quebrar  su resistencia física y moral.

175.  Al respecto, la Corte ya constató que los señores Cabrera y Montiel fueron  objeto de tratos crueles e inhumanos los días en que estuvieron detenidos en  Pizotla sin ser remitidos oportunamente ante una autoridad judicial competente  (…). De lo anterior, es posible concluir que los señores Cabrera y Montiel  fueron objeto de tratos crueles con el fin de doblegar su resistencia psíquica  y obligarlos a autoinculparse o a confesar determinadas conductas delictivas.  (…)

177.  Por todo lo anteriormente expuesto, la Corte concluye que los tribunales que  conocieron la causa en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente  las declaraciones ante el Ministerio Público y la confesión rendida el 7 de  mayo de 1999, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos  inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias, de conformidad con los  estándares internacionales anteriormente expuestos. Por tanto, la Corte declara  la violación del artículo 8.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención  Americana, en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel.

c) Principio de presunción de inocencia

182.  Esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye  un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica  que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le  atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad  constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la  carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado.

183.  Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2  de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada  mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. (…) Así, la falta  de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria  constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un  elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y  acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una  sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. (…)

186.  La Corte observa que no encuentra prueba suficiente para considerar que a las  víctimas se les haya tratado como culpables. En efecto, a pesar de que se les  asoció con una situación de flagrancia, en términos generales, las instancias  judiciales internas actuaron respecto a ellos como si fuesen personas cuya  responsabilidad penal estaba aún pendiente de determinación clara y suficiente.  Por ello, esta Corte estima que no se ha comprobado que el Estado violó el  artículo 8.2 de la Convención, en perjuicio de las víctimas, en relación con el  juicio seguido en su contra.

3.2. Proceso penal para investigar la alegada  tortura sufrida por los señores Cabrera y Montiel

a) La investigación de oficio en el fuero ordinario

192.  La Corte ha señalado que del artículo 8 de la Convención se desprende que las  víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con  amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto  en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables,  como en busca de una debida reparación. Igualmente, se ha señalado que el  artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura  establece claramente que, “cuando exista denuncia o razón fundada para creer  que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los  Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de  oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar,  cuando corresponda, el respectivo proceso penal”. Asimismo, el Tribunal ha  señalado que la obligación de investigar y el correspondiente derecho de la  presunta víctima o de los familiares no sólo se desprende de las normas  convencionales de derecho internacional imperativas para los Estados Parte,  sino que además se deriva de la legislación interna que hace referencia al  deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que  permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas,  pruebas o peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de  participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de  establecer la verdad de los hechos.

193.  Este Tribunal constata que la investigación contra los presuntos perpetradores  de tortura fue iniciada más de tres meses después de que se hiciera la primera  mención sobre dichos actos cometidos en contra de los señores Cabrera y  Montiel. Además, la Corte observa que se dio inicio a dicha investigación por  petición expresa de los denunciantes realizada el 26 de agosto de 1999 (…). Por  todo lo anterior, para el Tribunal es claro que el Estado incumplió su deber de  investigar ex officio los hechos violatorios de los derechos humanos de los  señores Cabrera y Montiel y, por lo tanto, la Corte concluye que el Estado  violó el artículo 8.1 de la Convención Americana, así como el artículo 8 de la  Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

b) Competencia de la jurisdicción penal militar

198.  En resumen, es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción  militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y  sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que  el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.  Esta conclusión aplica no solo para casos de tortura, desaparición forzada y  violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos.

199.  Los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos en contra de una persona  por parte de personal militar, son actos que no guardan, en ningún caso,  relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, los actos  alegados cometidos por personal militar contra los señores Cabrera y Montiel  afectaron bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno y la  Convención Americana, como la integridad y la dignidad personal de las  víctimas. Es claro que tal conducta es abiertamente contraria a los deberes de  respeto y protección de los derechos humanos y, por lo tanto, está excluida de  la competencia de la jurisdicción militar. Con base en las anteriores  consideraciones, la Corte concluye que la intervención del fuero militar en la  averiguación previa de la tortura contrarió los parámetros de excepcionalidad y  restricción que lo caracterizan e implicó la aplicación de un fuero personal  que operó sin tomar en cuenta la naturaleza de los actos involucrados.

200.  Esta conclusión resulta válida en el presente caso, aun cuando el hecho no  superó la etapa de investigación del Ministerio Público Militar. Como se  desprende de los criterios señalados, la incompatibilidad de la Convención  Americana con la intervención del fuero militar en este tipo de casos no se  refiere únicamente al acto de juzgar a cargo de un tribunal, sino  fundamentalmente a la propia investigación, dado que su actuación constituye el  inicio y el presupuesto necesario para la posterior intervención de un tribunal  incompetente.

201.  Ahora bien, respecto a los alegatos del Estado en el sentido de que se  subsanarían las falencias relacionadas con la intervención de la justicia penal  militar debido a que en la investigación contra los señores Cabrera y Montiel  en el fuero ordinario se ventilaron los alegatos de tortura con el fin de  establecer si se debía excluir cierta evidencia, es claro que el objetivo  exclusivo de dicho proceso no era investigar, juzgar y eventualmente sancionar  a los presuntos responsables de la tortura. Por tanto, no es posible subsanar o  convalidar los efectos de una investigación judicial iniciada en virtud de una  denuncia específica de torturas o malos tratos, con las decisiones que se hayan  tomado dentro de un proceso judicial cuya línea investigativa no fue la de  esclarecerlos, sino por el contrario, investigar a los denunciantes. Con base  en lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a las  garantías judiciales previsto en el artículo 8.1, en relación con el artículo  1.1 de la de la Convención Americana, en perjuicio de los señores Cabrera y  Montiel. Como lo ha hecho en casos anteriores, ante la conclusión de que la  justicia penal militar no resulta competente, el Tribunal considera que no es  necesario pronunciarse respecto de otros alegatos sobre independencia o  imparcialidad del fuero militar o la eventual violación, con base en los mismos  hechos, de otros instrumentos interamericanos.

3.3 Recurso judicial efectivo en la jurisdicción  penal militar

204.  En aplicación de los estándares señalados anteriormente respecto a la  efectividad de los recursos judiciales, y teniendo en cuenta las mencionadas  decisiones en la jurisdicción militar, este Tribunal concluye que los señores  Cabrera y Montiel no pudieron impugnar efectivamente la competencia de aquélla  para conocer de asuntos que, por su naturaleza, deben corresponder a las  autoridades del fuero ordinario. En consecuencia, los señores Cabrera y Montiel  no contaron con recursos efectivos para impugnar el conocimiento de la alegada  tortura por la jurisdicción militar. Con base en lo anterior, la Corte concluye  que el Estado violó el derecho a la protección judicial previsto en el artículo  25.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio  de los señores Cabrera y Montiel.

3.4. Adecuación del derecho interno mexicano  respecto a la intervención de la jurisdicción penal militar

206.  (…) El Tribunal recuerda que el artículo 2 de la Convención Americana establece  la obligación general de todo Estado Parte de adecuar su derecho interno a las  disposiciones de la misma para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo  cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio  de effet utile). En consecuencia, la  Corte concluye que el Estado incumplió la obligación contenida en el artículo  2, en conexión con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, al extender  la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta relación  con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense.

La  Corte dispone,

-  Que la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas  constituye per se una forma de  reparación.

-  Que el Estado debe, en un plazo razonable, conducir eficazmente la  investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los  alegados actos de tortura en contra de los señores Cabrera y Montiel, para  determinar las eventuales responsabilidades penales y, en su caso, aplicar  efectivamente las sanciones y consecuencias que la ley prevea; así como  adelantar las acciones disciplinarias, administrativas o penales pertinentes en  el evento de que en la investigación de los mencionados hechos se demuestren  irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los mismos.

-  Que el Estado debe, en el plazo de seis meses, realizar las publicaciones  dispuestas de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y  Costas.

-  Que el Estado debe, en un plazo de dos meses, otorgar por una sola vez a cada  una de las víctimas, la suma fijada en el párrafo 221 de la Sentencia de  Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, por concepto de tratamiento  médico y psicológico especializado, así como por medicamentos y otros gastos  conexos.  

-  Que el Estado debe, en un plazo razonable, adoptar las reformas legislativas  pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar  con los estándares internacionales en la materia y la Convención Americana  sobre Derechos Humanos, así como adoptar las reformas legislativas pertinentes  para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del  fuero militar cuenten con un recurso efectivo para impugnar su competencia.

-  Que el Estado debe, en un plazo razonable y en el marco del registro de  detención que actualmente existe en México, adoptar las medidas complementarias  para fortalecer el funcionamiento y utilidad del mismo.

-  Que el Estado debe continuar implementando programas y cursos permanentes de  capacitación sobre investigación diligente en casos de tratos crueles,  inhumanos o degradantes y tortura, así como fortalecer las capacidades  institucionales del Estado mediante la capacitación de funcionarios de las  Fuerzas Armadas sobre los principios y normas de protección de los derechos  humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidos.

-  Que el Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, por concepto de daño  material, US$ 5.500,00 a Teodoro Cabrera García y US$ 5.500,00 a Rodolfo  Montiel Flores; US$ 20.000,00 a favor de cada una de las víctimas del presente  caso por concepto de daño inmaterial; y  por el reintegro de costas y gastos, US$ 20.658.00 a favor de CEJIL y US$  17.307.00 a favor del Centro Prodh por concepto de honorarios. Igualmente, el  Tribunal determina que el Estado debe entregar la cantidad de US$ 17.708.00 a  favor de CEJIL y US$ 10.042.00 a favor del Centro Prodh por concepto de gastos  incurridos durante el proceso.

- La  Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Excepción  Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en ejercicio de sus atribuciones y en  cumplimiento de sus deberes, conforme a lo establecido en la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez  que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro  del plazo de un año a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción  Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas el Estado deberá rendir al Tribunal un  informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

La Corte  decide,

- Desestimar  la excepción preliminar de “cuarta instancia” interpuesta por el Estado.

La Corte  declara,

- Que el  Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal,  reconocido en los artículos 7.3, 7.4 y 7.5, en relación con el artículo 1.1 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores  Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

- Que el  Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal,  establecido en los artículos 5.1 y 5.2, en relación con el artículo 1.1 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, por los tratos crueles, inhumanos y  degradantes infligidos a los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel  Flores.

- Que el  Estado ha incumplido la obligación de investigar los alegados actos de tortura,  en los términos de los artículos 5.1 y 5.2, en relación con el artículo 1.1 de  la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los artículos 1, 6  y 8 de la Convención 99Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en  perjuicio de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

- Que el  Estado es responsable por la violación de la garantía judicial reconocida en el  artículo 8.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo  Montiel Flores.

- Que el  Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías  judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1,  respectivamente, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, al haberse sometido el conocimiento de las  alegadas torturas a la jurisdicción penal militar, en perjuicio de los señores  Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

- Que no  corresponde emitir un pronunciamiento sobre las alegadas violaciones de los  derechos a la integridad personal y a la libertad de asociación, reconocidos en  los artículos 5.1 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en  perjuicio de los familiares de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo  Montiel Flores y de estos, respectivamente.

- Que el  Estado ha incumplido la obligación contenida en el artículo 2, en conexión con  los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al  extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta  relación con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito  castrense.

- Que el  Estado no es responsable por la violación del derecho a la defensa, reconocido  en el artículo 8.2.d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en  perjuicio de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores.

- Que  el Estado no es responsable por la violación del principio de presunción de  inocencia, reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre  Derechos Humanos, en perjuicio de los señores Teodoro Cabrera García y Rodolfo  Montiel Flores.